La vacante se produjo a fines de mayo, cuando el fiscal de Delitos Económicos de primer turno, Alejando Machado, fue trasladado a la Fiscalía de Cibercrimen. Según contó el fiscal Diego Pérez a la diaria cuando recibió el ofrecimiento para asumir esa fiscalía, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, aceptó que asumiera unas semanas después, para poder avanzar con algunos casos que tenía en su fiscalía. Sin embargo, Ferrero no volvió a comunicarse con él por este tema y designó a Gilberto Rodríguez como subrogante, primero hasta el 31 de julio, plazo que luego prorrogó hasta el 20 de agosto. En los últimos días, según informó El Observador, Pérez se comunicó con Ferrero y acordaron que finalmente no asumiera.
La designación de Pérez fue cuestionada por el gobierno debido a los desencuentros que este mantuvo tanto con el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuando fue fiscal de Corte como con el ministro del Interior, Carlos Negro, cuando se desempeñaba como fiscal de Flagrancia.
Esa fiscalía, que ahora quedará en manos de los fiscales adscriptos Natalia Colotuzzo, Franco López y Mathías Tabárez, tiene a cargo el caso Cardama, la causa de la estafa en República Ganadera y la derivada del caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset. En esta última causa se investiga a varios funcionarios del período pasado de gobierno por la destrucción, en la Torre Ejecutiva, de un documento certificado en el que consta una conversación entre el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que daba cuenta de que el gobierno sabía que Marset era un “narco peligroso” antes de entregar el pasaporte.
Al respecto, Jorge Díaz dijo a La mañana de la diaria que el hecho de que esa fiscalía permanezca sin titular ya desde hace tres meses “no parece ser una decisión razonable de gestión”, pero sostuvo que no lo sorprendió que se diera marcha atrás a la designación de Pérez, algo que definió como una decisión “razonable” que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.
Consultado respecto de si los cambios tienen tintes políticos, Díaz prefirió no atribuir intenciones y dijo compartir la opinión del expresidente Luis Lacalle Pou sobre la permanencia o no de la fiscal Gabriela Fossati, en el marco del caso Alejandro Astesiano, respecto de que “no se cambia de caballo en la mitad del río”.
“Una buena política de gestión es que, cuando hay asuntos que claramente tienen notoriedad pública y que evidentemente tienen sensibilidad política [...], creo que lo correcto –es mi opinión, compartiendo la opinión de Lacalle– es decir ‘dejemos que termine de trabajar’”, acotó en referencia al cambio de Machado al frente de la fiscalía.
Asimismo, señaló que había causas que “no se movían”, como la vinculada a “la destrucción del documento en el piso 11” de la Torre Ejecutiva, en la que intervino como abogado. Lo “concreto” y el “dato de la realidad” es que “está estancado ahí hace tres años”, indicó.
“Para nosotros, mañana”, respondió Díaz al ser consultado respecto de cuándo se designará un fiscal de Corte definitivo. Dijo que el tema “depende de la oposición” y que, en la medida en que haya “disposición de la oposición de dialogar, no de imponer”, se sentarán en la mesa de negociación. “La realidad es que tiene que ser alguien que reúna un consenso que la doctora [Mónica] Ferrero no tiene. Vamos a decir las cosas claras, porque si tuviera consenso ya habría sido designada fiscal titular”, manifestó.