Este miércoles a las 11.00, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) presentará un recurso administrativo en la Torre Ejecutiva relativo a las resoluciones firmadas por el presidente de la República para otorgar a cinco cableoperadores -tres de Montevideo, dos del interior del país- la posibilidad de brindar servicios de internet, informaron desde el sindicato a través de un comunicado.
Según dijo a la diaria el secretario general de Sutel, Gabriel Molina, lo que buscan es “ir contra los decretos que de alguna forma terminaron con el monopolio existente en Antel” y cuestionar la “irresponsabilidad” del directorio de la empresa estatal, “que por mayoría resolvió no interponer ningún recurso” de este tipo. “Todavía más audaces son porque no fueron capaces de consultar con el área jurídica de la empresa para ver qué opinión tiene al respecto”, añadió Molina, y explicó que el recurso solicita “que se suspenda la aplicación” de las licencias puesto que “lo que resolvió [la Suprema Corte de Justicia] fue la inconstitucionalidad; no exigió al gobierno dar las licencias de internet”.
El documento está auspiciado por el abogado Óscar López Goldaracena, quien dio redacción al texto. El jurista dijo a la diaria que el recurso se basa “en dos temas importantes”. Por un lado, “se invocan intereses colectivos, el interés colectivo de todos los ciudadanos uruguayos” para que “el monopolio de Antel se siga manteniendo como monopolio, como manera de garantizar la accesibilidad universal” y así cumplir con el derecho humano “a la comunicación y a un nivel de vida adecuado”.
Para esto, se basan “en el pacto de San José de Costa Rica”, explicó López Goldaracena. Se trata de un acuerdo firmado por distintos estados que se comprometen a cumplir ciertos derechos y libertades para con sus habitantes, y que “está por encima de la Constitución de la República”. Asimismo, entienden que si el Poder Ejecutivo no acepta el recurso, “habría una denegación de justicia y estaríamos recurriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
En segundo lugar, López Goldaracena sostuvo, al igual que Molina, que “las resoluciones son nulas porque son contrarias a la ley”, puesto que “en el artículo sexto de la ley orgánica de Antel se establece el monopolio para los servicios de telecomunicaciones que brinda el ente”. Según el abogado, si bien “a lo largo de la historia el monopolio se fue perforando”, se conserva “la telecomunicación por un medio físico, por la red telefónica o por cable, salvo que se trate de la televisión por cable”. “En este caso no se trata de televisión por cable, se trata de acceso de datos, y no habilita al Poder Ejecutivo a dar una licencia que permita dar datos por cable”, añadió.
En tanto, Molina apuntó que “solamente [el presidente de Antel, Gabriel] Gurméndez salió a decir que no iban a hacer nada porque para ellos está bien, porque son nuevos negocios que se abren para el empresariado sobre la base de entregar la infraestructura de Antel”. Agregó que se solicitó “internamente” que las resoluciones sean analizadas por el departamento jurídico del ente, pero no han obtenido respuesta. Solicitaron, además, una reunión a Gurméndez y la respuesta fue “que lo estaban viendo”, pero que hasta el momento “no han confirmado absolutamente nada”, adelantó.