Una semana antes de su cierre definitivo, en octubre del año pasado, los vecinos y vecinas de Malvín Norte se movilizaron frente al centro cultural contra el cese del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat). Desde ese momento, Virginia, referente barrial del asentamiento Aquiles Lanza, no para de recibir consultas de vecinos que no saben a quién preguntar ni a dónde ir. “Nos retiraron un montón de cosas... ¿dónde está todo eso que se perdió?”, pregunta.
Los Socat funcionaron desde 2004 hasta noviembre del año pasado. Eran gestionados por las organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y su objetivo era promover el desarrollo comunitario en diversas zonas de alta vulnerabilidad social.
El primer contacto de Virginia con el Socat fue hace cinco años, cuando llegó a Aquiles Lanza mientras atravesaba un desalojo. Se acercó en busca de una solución y con el tiempo empezó a participar en las Mesas de Coordinación Zonal –espacios de articulación entre vecinos e instituciones de la zona–, y se convirtió en referente barrial. “Los Socat eran un nexo con el Mides, pero también con otras instituciones. Te ayudaban a sacar la cédula, te tramitaban una pensión o acompañaban a la gente que iba con problemas de violencia doméstica y de género”, cuenta.
Tras el cierre, los vecinos se sienten perdidos y buscan ayudarse en lo que pueden. “Hoy en día la gente no sabe a dónde ir. Tanto es así que siguen viniendo a mi casa a preguntarme un montón de cosas y yo no soy ninguna organización, los voy ayudando con lo que me voy enterando por la prensa o Facebook. Cuando sacás el Socat, en realidad sacás al Mides, al Banco de Previsión Social, a un montón de cosas”, afirma. “¿Dónde está la presencia del Mides? ¿Hay que ir hasta 8 de Octubre y Propios? Vamos a la realidad, la gente no tiene para un boleto, prefiere gastar esa plata en un poco de comida”.
La escalada de violencia que se registró en los últimos meses, la presencia de ollas populares en todo el territorio y el aumento de estudiantes que llegan a las instituciones educativas con hambre son algunos de los efectos de la pandemia que se pueden ver en el territorio.
Paula Baleato, coordinadora del Programa de Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo, dijo días atrás a la diaria que actualmente la gente está viviendo un conjunto de afectaciones: por un lado, está el impacto de la pandemia, que afecta particularmente a los sectores más vulnerables y, por otro, se siente el “recorte específico de las prestaciones”, con el retiro de los servicios y recursos de los territorios.
Ante la ausencia de respuestas institucionales, lo que surge en muchos casos es la respuesta solidaria de la sociedad organizada. Baleato sostiene que esos espacios ahora están intentando ser retomados por vecinos y organizaciones sociales, pero advierte que el sostén a nivel territorial está muy debilitado. “El trabajo que hacen nuestras organizaciones es fortalecer en los territorios esa red de contención, y ahora esa red se está rompiendo y por esos agujeros de sostén se caen las personas”.
La propuesta de los Socat: atención, articulación y participación
Además del seguimiento de situaciones individuales y familiares, los equipos técnicos de los Socat buscaban promover la articulación de vecinos, organizaciones de la zona e instituciones públicas y privadas para atender múltiples problemáticas. Ana Echeberría, integrante del colectivo de organizaciones que gestionaban los Socat, cuenta que en muchos casos se recibían situaciones “de mucha vulneración para ir tejiendo una trama sobre la cual la persona se pueda sostener e ir mejorando, acompañando los procesos de autonomía”.
La articulación apostaba a la creación de redes locales, con el objetivo de resolver diversas problemáticas. “En muchos casos, por ejemplo, el tema de la convivencia era el tema central, porque estaba planteado como una dificultad en los barrios, y entonces se hacían muchas intersecciones tendientes a generar los diálogos necesarios con las autoridades competentes o diversas actividades de apropiación del espacio público”, agrega.
Otro componente del trabajo apuntaba a la participación comunitaria. “Se buscaba estimular a los vecinos a organizarse, a crear comisiones, acceder a vivienda, o [a impulsar] proyectos de huertas; infinidades de acciones que podían surgir de acuerdo a la realidad de cada lugar”, cuenta Echeberría.
Muchas de esas acciones se definían en las Mesas de Coordinación Zonal, que eran coordinadas por los equipos de los Socat. Lucía Rodríguez fue directora de la escuela 382, de Flor de Maroñas, entre 2007 y 2019, y cuenta que en esa mesa participaban las “fuerzas vivas del barrio” y desde allí se concretaron diversas obras, como la creación de la escuela, el complejo Crece, dos CAIF y la UTU.
“Eso fue lo macro, pero después había todo un trabajo individual que se hacía en red”, señaló. “La escuela es un receptáculo de todas las problemáticas” y “la gente del Socat era nuestro apoyo para distintos tipos de situaciones. Para mí fue fundamental, primero porque creo en el trabajo social, creo en el trabajo en redes, y la escuela sola no puede”.
El nuevo modelo
A partir de la semana pasada el Mides comenzó a implementar un nuevo modelo territorial, en el que participarán 99 técnicos que dependerán de las direcciones departamentales del ministerio. La atención en territorio se complementará con el trabajo de “oficinas móviles”: actualmente hay una en Montevideo y otra en Canelones, pero se apuesta a tener otras en Maldonado y en Paysandú.
El director nacional de Gestión Territorial del ministerio, Alejandro Sciarra, dijo a la diaria que se resolvió eliminar la tercerización de la atención en organizaciones sociales por diversos motivos, entre ellos, porque muchas veces la estrategia de los Socat no era acorde con la del ministerio. “Nos pasaba a menudo que se generaban instancias o convocatorias que no iban en la línea de lo que el ministerio buscaba o quería, entonces todo eso generaba mucho ruido de la interna”.
A su entender, el Socat venía en “franco deterioro”: de “licitación a licitación” se le “iban reduciendo las horas, el presupuesto, la cantidad de técnicos por equipo”. Cuando asumieron el gobierno, se encontraron con un dispositivo “muy deteriorado”, con diez horas de atención por semana y “las otras horas las dedicaban a reuniones con otras instituciones, que es lo que nosotros decimos que tiene que ser tarea de los directores departamentales, de los jefes de las oficinas”, expresó.
Echeberría señaló que en el último período los Socat tenían 65 horas. “De esas 65 horas, el mínimo que teníamos que dedicarle a la atención individual era diez horas, pero en ningún caso nos alcanzaron con diez, y en realidad le dedicamos muchas más”. El resto de las horas se destinaban para el “plan fundamentado”, es decir, lo que el equipo definía como lo “más urgente”, porque en “algunos lugares se demandaba muchas horas para la atención individual y en otros para la articulación o participación”, señaló.
Sciarra explicó que los técnicos recientemente elegidos cumplirán con 30 horas semanales, trabajarán en duplas y, en coordinación con los equipos de dirección, se establecerá la “estrategia de despliegue” en los barrios. En el caso de Montevideo todavía no está definido, aunque “probablemente la directora les asigne territorios que estén relativamente vinculados con los municipios o las oficinas”; pero “en el interior es muy distinto”. En Salto, por ejemplo, no se le puede asignar a la persona “cubrir Mataojo y Olivera y que esté viajando todos los días”, entonces se establecerá “un cronograma departamental y va quien esté asignado en ese momento”.
La pandemia y la ausencia
Para Echeberría, “sin ninguna duda la población más vulnerable quedó muy desprotegida”, pero no solamente “por el cierre de los Socat, sino también por el de los ETAF [Equipos Territoriales de Atención Familiar], Jóvenes en Red. Ha ido desapareciendo el Estado en territorio. Las oficinas territoriales –que no quitamos mérito a lo que hacen los equipos– no dan abasto y muchas veces las personas tienen que tomarse dos ómnibus para llegar. No llegan y los equipos no salen”.
Si bien Sciarra reconoce que actualmente existe una demanda de atención mucho más grande –incluso señala que la atención telefónica se disparó en el inicio de la pandemia, de 250 llamadas a 20.000 por día–, no cree que haya habido un vacío en la asistencia en estos siete meses de cerrados los Socat. Tampoco le consta que los vecinos hayan reclamado por el cierre de los programas. “Es una percepción, no tengo ningún dato de la realidad que me lo indique. Los espacios que dejaron los Socat se cubrieron con oficinas descentralizadas territoriales propias”, apuntó.
Precisó que algunos Socat cerraron el año pasado, pero otros lo hicieron este año y durante “el verano –esto es un dato de la realidad constatable– las solicitudes de atención caen, entonces las oficinas tuvieron un margen para volcarse hacia sus territorios y cubrieron esa necesidad. Me consta que lo hicieron, sobre todo el área metropolitana, y hoy ya se están incorporando estos nuevos técnicos”. “A nosotros, solicitud de atención que nos llega por la red social que sea, por el medio de prensa que sea, la atendemos instantáneamente”, recalcó.
Echeberría manifestó que existieron evaluaciones positivas de los Socat realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de la República y los propios vecinos. Sin embargo, Sciarra apuntó que la decisión de cerrar los Socat partió de una “valoración de la necesidad del ministerio” y de lo que el dispositivo “está dando”, “cualitativamente y no cuantitativamente”, porque, según dijo, no tenía ese análisis. “Nosotros tomamos una definición en cuanto a una necesidad que entendimos tenían las direcciones departamentales, de mayor descentralización, que las organizaciones no te daban, porque no respondían a las direcciones departamentales”.
Consultado sobre cuál era la evaluación que los vecinos hacían del programa, señaló que “no hay”. “No existen evaluaciones de los vecinos. Nosotros lo que tenemos son evaluaciones de atención: sabemos cuántas atenciones tenía el Socat de acá o allá y cuántas atenciones tenían en relación con las oficinas. El Socat tenía más recursos humanos que estas oficinas, más puntos de atención y atendían mucho menos cantidad [de personas]”. El objetivo, agregó, es “lograr llegar a más personas”, entonces “la opinión que tenga tal o cual vecino es muy subjetiva y no se puede hacer una evaluación de una decisión de gobierno por opiniones subjetivas, que son muy válidas, pero no nos permite a nosotros saber la efectividad del servicio o no”.
El énfasis del nuevo programa estará en la atención individual. Al ser consultado por los otros componentes que trabajaban los Socat –la articulación y la participación–, Sciarra apuntó que la articulación en realidad son “las reuniones con otras instituciones”, que se mantienen “en la medida en que los directores departamentales entiendan que son un ámbito ejecutivo y útil” y, en ese sentido, optaron por dar “cierta libertad”.
En cuanto a la promoción de la participación, señaló que “es bastante ambiguo el término” y que eso se hace “desde las oficinas y distintos programas”, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Juventud o de Uruguay Crece Contigo.
Para Echeberría, es claro que las acciones comunitarias serán reemplazadas por la resolución de las problemáticas individuales, y advirtió que los técnicos quedarán “muy a la intemperie”. “Se abordarán en soledad situaciones que son absolutamente complejas”, para lo que se requiere “un equipo”, un “sostén”. El nuevo modelo, agregó, no permite la inserción ni la integración en las redes sociales. “Se pierde la cercanía”, finalizó.
Precarización e irregularidades
En noviembre del año pasado, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) y el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines hicieron el “velatorio de las políticas sociales” y se movilizaron por el cierre de diez programas. Ana Casteluccio, integrante de Utmides, sostuvo en diálogo con la diaria que en algunos casos, como en el Sistema de Cuidados, se logró que se volvieran a armar duplas de cuidadores y usuarios. En otros casos, sostiene que la cartera se repliega por períodos largos de tiempo, “la población queda desprotegida”, y eso, a su entender, es una forma de desmantelamiento de la política pública.
“Los últimos Socat se cerraron en noviembre del año pasado, es decir, por siete meses el Mides no gastó un peso en la descentralización en los barrios, en cubrir esa demanda específica que existía. Y qué siete meses: son siete meses en que la población está sumamente desprotegida, con un Estado que también se repliega”, señaló.
Sobre el nuevo modelo territorial, el sindicato advierte sobre la precarización de las contrataciones de los nuevos técnicos mediante unipersonales, algo que se viene haciendo desde hace años, pero “no corresponde” y da lugar a “mayor discrecionalidad en cuanto a la capacidad de despido”, afirmó Casteluccio.
También señaló que durante el llamado para el interior recibieron denuncias de irregularidades en el proceso de elección. Según dijo, solicitaron ser veedores en los tribunales y solamente fueron convocados en el caso de Montevideo. “Hay denuncias de clientelismo, pero en realidad, justamente al no ser veedores no podemos negarlo ni afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que no nos dieron las garantías para que eso no sucediera”, sentenció.
Sciarra, en tanto, señaló que en Montevideo hubo veedores porque Utmides lo solicitó. “En el interior a veces formaron parte de la mesa personas integrantes del sindicato. Donde se solicitaba veedor, había veedor, no había ningún inconveniente, ni nada que esconder. Fue un proceso abierto a través de Uruguay Concursa y totalmente transparente”, apuntó.