Homicidios en Peñarol: el perfil de víctimas y victimarios son varones entre 15 y 25 años

Después de las 19.00 no salen de sus casas y en ningún momento del día pasan por Camino Edison. Los vecinos del barrio Peñarol lo tienen bien claro: por Edison están las bocas de droga, por Edison se matan, y por Edison, te matan.

Justamente por Camino Edison fue que comenzó la oleada de homicidios: en la medianoche del lunes 9 de mayo, un hombre fue atacado en la vía pública, en Camino Edison y Watt. Cuatro horas más tarde, a dos cuadras de allí, en la esquina con Fulton, otros dos hombres fueron asesinados y prendidos fuego en una vivienda. En el mes de mayo, los homicidios en el barrio Peñarol llegaron a siete, cinco de ellos en menos de 48 horas.

Aquel mismo lunes de mayo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recorrió el lugar. “Ese día se escuchaban metralletas a lo lejos, como marcando territorio”, dijo una de las vecinas del barrio a la diaria. La información fue dada por otro vecino, en un grupo de WhatsApp de “Vecinos en alerta”.

En el barrio Peñarol hay varios de esos grupos. Algunos son de la zona del centro, y otros de la vía ferroviaria para el lado del barrio Colón. “Yo un día le pregunté a los patrulleros: ‘¿Peñarol de este lado no existe?’ Porque es de la vía para allá. Entiendo que han robado comercios grandes para el otro lado, pero para este lado [hacia Colón] ha sido un desbande, no podés salir a la calle”, afirmó Mari, vecina de los alrededores de las calles de Newton y Volta, a la diaria.

En la noche del martes, la esquina de Newton y Volta recibió, sin embargo, a un patrullero con cuatro uniformados y un helicóptero que merodeaba la zona. La presencia de policías en el barrio puede ser causada, según los vecinos, porque la “inseguridad” tomó notoriedad pública, o porque la “inseguridad” es objeto de reclamo por los vecinos.

Este último punto fue el que generó, el martes, que los policías crucen Aparicio Saravia, según algunos de los vecinos que se manifestaron, a cacerolazos y aplausos, por el homicidio de Washington Pérez. Días atrás también lo habían hecho en el centro de Peñarol y también hubo presencia policial.

A Mari, aquella vez, los agentes le respondieron que “tenían la zona delimitada hasta Aparicio Saravia”, es decir hacia el otro lado de la vía. Según varios de los vecinos que conversaron con la diaria, luego de que la ola de homicidios tomara estado público, comenzaron a rondar patrulleros. Explicaron, aún así, que hace pocos años atrás circulaba por el barrio el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y estaba “todo mucho más tranquilo”.

“Renunciá Heber!!! en seguridad también mintieron”, decía un cartel que sostenía uno de los vecinos presentes en la última manifestación. Si bien el principal reclamo es el aumento de patrullaje, en la concentración leyeron una carta en la que aseguraron que no sólo eso necesitan, sino también “llegar a aquellos que fueron elegidos para gobernar; hay que sentarse a construir con gente especializada, hay que armar un plan para comenzar a mejorar la situación y dejar [la disputa entre] partidos políticos de lado”.

La personificación de las víctimas

Algunos dicen que les cortaron la reja y les entraron estando adentro, o que las balas pasan cerca de la escuela y del liceo. “A las viejas de acá del barrio les han entrado a todas, y a algunas hasta tres veces. Entran, roban, lastiman”, enumeró Mari. También contó de la cotidianidad de los “motochorros”, algo que incluso puede llegar a pasar en la feria de los domingos, que es de “las más grandes de Montevideo”. Lo que no había pasado hasta ahora era un balazo o una muerte, como la de Washington Pérez, comerciante a cargo del almacén “Mi familia”, que fue asesinado en una rapiña al mediodía, en la zona de feria y a pleno día. Su pareja, Ana, también fue baleada.

“Es una pena lo que pasó, el barrio está totalmente acongojado, desde los chicos hasta los grandes”, dijo una de las vecinas. Contaron que el almacén estaba siempre abierto desde hace más de 20 años, que “no era un autoservice”, pero que Washington hacía cosas caseras para “ayudar” al negocio. También recordaron que él salía a jugar a la pelota con los niños del barrio, les daba caramelos y también pan a quien no tuviera plata para comprarlo.

Unánimemente, los vecinos dicen saber quién fue el homicida. “Nadie habla por miedo, somos chicos y todos tenemos miedo. El día que hicimos la manifestación varios pusieron en el grupo que no iban porque les daba miedo que pasen con armas”, contaron. El miércoles, la Policía detuvo a una persona de 18 años, y el jueves fue imputado por homicidio muy especialmente agravado. La fiscal Adriana Edelman informó que esta persona cometió “dos homicidios diferentes con un día de diferencia”, ya que antes del crimen del almacenero cometió otro asesinato “en la calle Lamartine”, cuando atacó con un disparo “a una persona que iba caminando por problemas de deudas eventualmente por drogas”.

Si bien de la muerte de Washington se supo bastante y la fiscal dijo que había “mucha evidencia”, poco se sabe sobre los otros homicidios en el barrio. Los vecinos dicen que es un “tema de drogas”, de personas que “se manejan con estos códigos” y que no tienen familia que reclame. Algunas bocas fueron allanadas, pero vuelven a aparecer, remarcaron.

El cuarto de los cuerpos encontrados fue en un galpón abandonado en un baldío, en Luis Pasteur y Terencio. “Era pastera, pero ese era su problema. La desmembraron y la prendieron fuego. Quemaron a dos infelices que andaban requecheando”, narró Aiban, un vecino cercano al lugar; “de noche es medio como tierra de nadie”, complementó otra vecina.

Heber habló del homicidio de Washington, y afirmó que no pudieron “prever” la situación. Sobre los demás homicidios, dijo que se relacionan con “cobro de cuentas de drogas”, que están “presentes” y que “el operativo viene funcionando”, pero que “lamentablemente no podemos prever estos homicidios que suceden a veces en cualquier esquina”.

Fiscales de homicidio plantean las dificultades de la investigación en muertes vinculadas al narcotráfico

Los tres fiscales especializados en homicidios están trabajando en las muertes ocurridas en mayo en el barrio Peñarol. Además de percibir el aumento de los crímenes, plantean la incidencia de elementos culturales en esos niveles de violencia y coinciden en la falta de claridad a la hora de encontrar métodos de investigación que permitan reducir la impunidad, que en casos de asesinatos vinculados a la actividad del narcotráfico alcanza el 50%.

El fiscal especializado en homicidios de 1° turno, Carlos Negro, que investiga tres de las muertes ocurridas en mayo en Peñarol, planteó que “se está dando una escalada de violencia en la zona, a partir de pujas entre bandas que operan en el territorio, nucleadas a partir de familias”.

Negro dijo que si bien la Policía “identifica perfectamente” los grupos, “luego hay que comprobar quién fue el que cometió el delito y eso requiere una tarea de recolección de evidencias” que se complejiza. “Estas bandas se dedican a infundir temor, entonces es difícil conseguir evidencia y a veces no hay cámaras o las cámaras que hay son de mala calidad”, agregó, y señaló los efectos del nivel de organización y planificación de las bandas en las dificultades de la investigación.

Consultado sobre el perfil de las víctimas y los victimarios, Negro dijo que se trata de varones de entre 15 y 25 años, “con familiares muchas veces encarcelados, familias desestructuradas y viviendo en terrenos donde una vivienda no se diferencia muy bien de la otra”.

Negro señaló que pese a que la Fiscalía y la Policía “han evolucionado muchísimo en los últimos diez o 15 años”, la persecución penal “va corriendo atrás del delito”, por los medios económicos con los que cuenta el narcotráfico. “A veces lo corrés más de cerca y a veces más de lejos y para correrlo de cerca necesitás indudablemente de un estudio de gente que entienda de criminología y del delito con los mecanismos que se van actualizando”, agregó.

Por su parte, la fiscal de Homicidios de 3° turno, Edelman, que investiga tres de los homicidios ocurridos a fines de mayo, planteó que la prevención de este tipo de crímenes no pasa por la saturación policial, sino que debe abarcar el problema de las adicciones y aspectos culturales. “Muchas veces tiene que ver con cuestiones vinculadas a la masculinidad”, señaló.

Edelman señaló que la falta de cámaras es uno de los elementos que dificultan la investigación, más en zonas donde los vecinos se conocen y tienen miedo de declarar, aunque planteó que “también a veces la gente llega un punto que se cansa, porque se les hace tremendamente difícil trabajar y criar a sus hijos”.

Consultada por el perfil de las víctimas y los victimarios, Edelman relativizó el poder de organización de las bandas: “Tampoco es que tengamos grupos criminales impresionantemente organizados y potentes, los que mueren son los que ellos llaman perros; los que compran, los que venden, los que consumen y de repente se quedan con algo”.

La fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, subrayó su negativa a llamar “ajuste de cuentas” a este tipo de homicidios: “¿Cómo nosotros que formamos parte de una república podemos aceptar que haya personas que merecen ser matadas en la calle? No lo logro entender, me resisto a eso de que es un ajuste de cuentas, no señor, es un homicidio más que tenemos que resolver, tal vez aplicando otros métodos de investigación que los que usamos en otro tipo de homicidios”.

Morales coincidió con sus colegas en las dificultades que implica el esclarecimiento de este tipo de crímenes, pero enfatizó en que el país debe aggiornarse en sus métodos de investigación.

“Somos tan poquitos en este país, que no tenemos mayores dificultades geográficas para acceder de un punto a otro, que tenemos un mismo idioma, que hasta hace poco decíamos que todos nos conocíamos, que me parece que no podría ser tan difícil aggiornarse”, afirmó y planteó como ejemplo que en Uruguay no hay desarrollado un estudio de perfiles criminales, “algo que en otros lados está más que desarrollado”.

La fiscal señaló la vulnerabilidad de las víctimas y los victimarios: “La gran mayoría está relacionada con el consumo de pasta base, veo mucha vulnerabilidad en cuanto a que la vida no vale, están jugados, un día le toca a uno, otro día a otro. Son personas que han dejado sus vínculos familiares, sociales, que vieron truncada su educación”.

Morales también expresó su preocupación por las implicancias que tiene la presencia de los niños en los lugares donde ocurren los crímenes: “A mí me gusta ir al lugar y ver y en general siempre me encuentro con niños, y eso me preocupa muchísimo porque ahí estamos naturalizando esa violencia, nos tenemos que rebelar, esto no puede pasar, matar al otro no es una forma de resolver los conflictos”.

La Policía y la convivencia barrial

“No es justo que te maten como un perro y no haya justicia, no hay nada. Acá se pide más seguridad, porque hoy la Policía está acá pero después no anda más. ¿Dónde está el presidente que decía más seguridad para el barrio?”, manifestó una de las vecinas a la diaria. El mismo día que comenzó la ola de homicidios, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, escribió en Twitter: “Operativo Saturación en el Barrio Peñarol. Vamos a estar cerca de cada vecino para continuar nuestro combate a la delincuencia. Siempre cerca de la gente”.

En diálogo con la diaria , González defendió la gestión del Ministerio del Interior (MI) en el territorio y dijo que “hay policías en todo el barrio”, porque se entendió que hay “un foco de violencia”. “Lo que puede hacer la Policía es lo que está haciendo, poner una gran presencia policial, con control de gente, de autos, de motos para disuadir, prevenir y enfrentar el delito”, expresó. Advirtió, aún así, que la presencia policial “no disuade a una persona que quiere matar a otra”, pero sí tiene efectos sobre la prevención de otros delitos.

Consultado sobre los efectos del límite entre las seccionales 8 y 21 (que es la calle Aparicio Saravia) en la actuación policial, González dijo que por encima de los patrullajes de cada seccional están los operativos del PADO, del Grupo de Reserva Táctica, la Guardia Republicana y las Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo, que trascienden las jurisdicciones.

En cuanto al vínculo con los vecinos, González dijo que en estos dos años ha tenido muchas reuniones en Peñarol y planteó que es “lógica” la reacción de los vecinos ante el incremento de los homicidios, así como la respuesta de la Policía.

Ante la pregunta sobre la capacidad de inteligencia policial para desbaratar bandas de narcotraficantes en pequeños territorios, González respondió: “Hay un enorme trabajo de inteligencia y por eso se desbaratan las bocas, las grandes bandas en su mayoría están presas, pero no es un pequeño barrio y son familias que están enfrentadas hace diez, 15 años, no se desbarata en dos días. Cada cierre de boca se hace con inteligencia, la cantidad de droga incautada, la cantidad de imputados por droga, todo eso es el trabajo de inteligencia”.

González planteó que uno de los elementos que podría mejorar la gestión es la implementación de una cuarta fiscalía especializada en Estupefacientes y una reforma que permita el allanamiento nocturno, aunque destacó que los números de rapiñas y hurtos “siguen bajando”. “Tenemos una Policía instalada en todo el país, es una Policía que responde con rapidez y celeridad. La idea y el fin es controlar esto y que la gente pueda vivir en paz”, agregó.

Sin embargo, para Leticia de Torres, alcaldesa del municipio G y perteneciente al Frente Amplio, en el barrio Peñarol y alrededores existe un “retiro del Estado”. “Se nota el retiro en sostener, abordar y trabajar con las instituciones del territorio, con las distintas situaciones que surgen en los barrios”, dijo a la diaria.

Enumeró que desde que asumió el nuevo gobierno, se eliminó el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) y los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), que “sostenían ciertas cuestiones de familias en situaciones muy vulnerables” y se “lograba abordar algunas cuestiones bien complejas”.

Cuando eso “se desarma”, dijo, “es muy difícil”. De Torres señaló que a esta problemática se suma que “mucha gente concurre a las ollas”, algunos que “se quedaron sin laburo” y “no hay respuesta para atender la emergencia alimentaria”. “Al retirarse esa masa de protección, se genera más violencia en estas poblaciones que están más vulnerables”, aseguró.

Por otro lado, la alcaldesa remarcó que “no hay que entrar en la estigmatización de los barrios, porque el problema no es Peñarol”. Para De Torres, no solo se trata de la respuesta policial, sino de la “convivencia”. Para trabajar en ello, el concejo del municipio G creó, el año pasado, una Comisión de Seguridad y Convivencia, que trabaja en nexo con el MI y tiene previsto reunirse este viernes con los vecinos.

Explicó que si bien hubo una “seguidilla” de homicidios en Peñarol, que “seguramente cumplan con algunas realidades del narcotráfico”, el “retiro del Estado de los territorios puede ser una de las consecuencias que genere mayor violencia” y no es que necesariamente haya habido “un quiebre”. En conclusión, la alcaldesa afirmó que se necesita “tratar de articular los tres niveles de gobierno para que estas situaciones no sean cotidianas. Porque requiere un esfuerzo institucional y también social, de poder estar en algunos espacios, de habitarlos, generar convivencia, que la gente se vincule, se relacione y no se estigmatice”.