“Yo he declarado todo lo que tengo que declarar y la Jutep está conforme con eso”, aseguró el senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori, a pesar de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dispuso una investigación ante “reiteradas omisiones” en la presentación de su información patrimonial, en especial de la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva.
“Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo”, se excusó Sartori este miércoles en declaraciones divulgadas por su equipo de prensa. Según manifestó el empresario, su pareja “no vive en el país” y “tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad”, algo que “escapa a su voluntad”.
Asimismo, el legislador acusó al Frente Amplio (FA) de utilizar su situación ante la Jutep “con fines absolutamente políticos” y expresó “tener la tranquilidad de haber presentado todo”. “No hay ninguna duda de que esto no tiene sustento ni base jurídica”, sostuvo, y remató: “Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter”.
Sartori envió su declaración jurada a la Jutep el 15 de febrero de 2020, el mismo día que asumió su banca en el Senado. Pero le faltaron papeles. El 22 de noviembre de 2021, casi dos años después, mandó una declaración complementaria, incluyendo “activos, inmuebles, vehículo y participación en sociedades”. Aun así, la documentación siguió incompleta, dado que no apareció la declaración jurada de Rybolóvleva. Ante la falta de información, lo cual constituye una “falta grave”, la Jutep resolvió el pasado 28 de abril abrir una investigación contra el senador del PN.
Esto se conoció a partir de una respuesta de la Jutep a un pedido de informes que elevaron los senadores del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker. En diálogo con la diaria, Brenta señaló que ahora “lo importante” será “qué actitud va a tomar el PN”. “Sartori fue electo por el PN, y el PN es responsable por su presencia en la Cámara de Senadores, además de la gente que lo votó. En mi opinión, el PN y el propio gobierno, que hace gala de transparencia, deberían tomar alguna medida. No pueden mirar para el costado cuando tienen a un funcionario público, que es nada menos que un senador de la República, violando la norma legal”, expresó.
En conversación con la diaria, el senador nacionalista Gustavo Penadés destacó que “Sartori está cumpliendo con su declaración jurada en tiempo y forma”, y que lo que “eventualmente” se investigaría sería “la no presentación de la declaración de su mujer, cuya complejidad es conocida”. Apuntó que en el PN “se está analizando el tema” mediante “consultas jurídicas a una serie de profesionales”, aunque aclaró que “no genera ninguna preocupación”.
Rybolóvleva “no se quiere involucrar en esto y Sartori no tiene cómo obligarla”, dijo a la diaria Juan Straneo, suplente del empresario en el Senado. Agregó que no se trata de “mala fe o una intención de ocultamiento” sino que existe “una incapacidad jurídica” que le impide, tal como exige la ley, presentar la declaración jurada de su esposa, la hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, con quien contrajo matrimonio en 2015”.
“Por más que yo pueda coincidir en el trasfondo político de la norma, en el sentido de que nadie quiere que los funcionarios públicos se enriquezcan a costa del erario público, lo cual me parece estupendo, hay acciones que escapan a la acción directa y la capacidad jurídica del legislador”, añadió Straneo.
La respuesta de la Jutep cuenta que Sartori argumentó que “no existe sociedad legal de bienes, y, por lo tanto, el dato de la cónyuge no corresponde que sea incluido en la declaración jurada”. Además, el senador esgrimió que su matrimonio no fue contraído “acorde a la legislación civil de nuestro ordenamiento”.
Ante estos planteos, el organismo de contralor respondió que “la situación no cambia si hay separación legal de bienes” y resaltó que “a la luz de toda la normativa, no existe duda de que el cónyuge del funcionario obligado debe presentar declaración jurada de bienes e ingresos”.
“Retenémelo”
La normativa de los funcionarios públicos establece un plazo de 30 días para presentar las declaraciones juradas, que comienza a contarse “una vez cumplidos 60 días corridos o alternados de ejercicio del cargo, desde la toma de posesión del mismo”.
A su vez, entre las posibles sanciones, la ley aprobada en 1998, que posteriormente fue reformada en 2009, indica que “se le aplicará una retención mensual equivalente a 50% del monto nominal” de su salario. Dicha retención continuará hasta que el funcionario sancionado cumpla con su obligación legal, “en cuyo caso se le devolverá lo retenido”.
Para Brenta, este es el camino que debe seguir el Parlamento. “La Jutep ya constató que hay una falta grave. Me parece que ahora la presidencia de la Cámara de Senadores tiene que actuar adoptando las medidas sancionatorias que establece la ley. En principio, la retención de la mitad del salario. Administrativamente le corresponde al cuerpo [legislativo] o a la presidenta [de la Cámara de Senadores] tomar la decisión”, declaró.
“Retenémelo”, dijo Straneo en referencia a una eventual afectación a la situación económica de Sartori, quien, aseguró, “no tiene problema”. A su juicio, “hay un trasfondo político fuerte de parte del FA para contrarrestar un poco la situación del senador Danilo Astori, que no va al Senado [por licencia por enfermedad] y cobran dos senadores”.
Penadés coincidió en que el pedido de informes cursado por la oposición “es parte de la campaña que el FA está montando” para marcar “en todos los frentes un debate contra el gobierno y el PN”. “Me llama poderosamente la rigurosidad que se tiene con el senador Sartori y no con los legisladores de su propio partido”, deslizó en alusión a una lista de funcionarios públicos en incumplimiento de la normativa de la Jutep que se divulgó en febrero de este año, en la cual había tres legisladores del FA.
Por su parte, Brenta reconoció que “dada la condición del señor Sartori” la retención de la mitad de su salario “no va a constituir un elemento suficiente para que, por esa sola razón, cumpla con la ley”. Por eso mismo, señaló que en el FA evalúan otras acciones legislativas, como, por ejemplo, “darle mayores potestades a la Jutep” para que efectivamente “se cumpla con la ley”.
El caso del vicepresidente de Ancap
En paralelo, tal como adelantó MVD Noticias y confirmó la diaria, la Jutep recibió una denuncia anónima que pide que se investigue la situación patrimonial del vicepresidente de Ancap, Diego Durand, luego de que días atrás el semanario Búsqueda informase que la Administración Tributaria Federal de Suiza inició un proceso para identificar sus cuentas bancarias o bienes en ese país.
Consultado al respecto, Penadés declaró que “es un tema que está relacionado a la gestión profesional de Durand antes de haber asumido como vicepresidente de Ancap”. Y puntualizó que el PN está a la espera de “lo que las investigaciones determinen”.
El caso de Durand, abogado penalista vinculado al herrerismo, responde a un mecanismo que se activa cuando un tercer país solicita información tributaria de una persona, hecho que derivó de la comunicación de Suiza. Búsqueda detalló que Durand trabajó como representante legal del expropietario de Tienda Inglesa Robin Henderson y que, por esas tareas, recibió un pago de 2,1 millones de dólares –Tienda Inglesa se vendió por 140 millones de dólares en 2016–, que se depositaron en una cuenta a su nombre en el banco suizo Julius Baer. Según Búsqueda, Durand no incluyó ninguna cuenta en Suiza en su declaración jurada hecha en 2020.