En la sesión del martes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, la senadora blanca Carmen Asiaín presentó la nueva redacción del proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza” o tenencia compartida, que apunta a regular la actuación de la Justicia ante casos de parejas separadas con hijos e hijas a cargo que no acuerden un régimen entre las partes. La iniciativa, que es una de las prioridades que ha marcado el presidente Luis Lacalle Pou, contiene la firma de todos los senadores de la coalición, explicitando así su apoyo el sector colorado Ciudadanos, que se había mantenido reticente a dar sus votos meses atrás.
El senador suplente de Cabildo Abierto, Marcos Methol, que participó en la sesión, informó a la diaria que se resolvió dar una semana de plazo al Frente Amplio (FA) para que analice el proyecto, y votarlo el martes próximo, siendo el primer punto del orden del día. Luego, la idea es que “siga el trámite”, es decir votarlo en las cámaras de Senadores y Diputados en las próximas semanas.
“Es un tema que viene de hace muchos meses y pasaron muchas delegaciones [por la comisión]. Consideramos desde CA que al votarlo se logrará un avance en uno de los temas que el partido puso como posición central para discutir en esta legislatura”, dijo Methol. Agregó que a pesar de algunos cambios que sufrió el texto, mantiene el espíritu del proyecto que presentó CA y “se incorporaron algunas modificaciones que contemplaron las posiciones de algunos sectores del Partido Colorado (PC) que tenían diferencias”.
Los proyectos originales que trató la comisión fueron presentados por Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, ambas del Partido Nacional (PN) por un lado, y por la bancada de senadores de CA por otro. Tras una primera unificación de los proyectos, a finales del año pasado se buscó avanzar en la votación en comisión, pero el PC fue cauto. Luego de unas semanas de discusión, los dos senadores batllistas mostraron disposición a votarlo, pero no los dos representantes de Ciudadanos –Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti, que trabajaron en una nueva redacción–, disparando una disputa a la interna del oficialismo.
En los meses siguientes el tema quedó postergado por el referéndum, y luego de marzo al retomar la agenda legislativa, nuevamente la coalición trabajó en busca de un acuerdo interno. En su momento, también desde el Partido Independiente –al que pertenece Mónica Bottero, directora de Inmujeres– se mostraron reticentes a apoyar los proyectos de tenencia compartida; Asiaín en el mensaje de Twitter donde divulgó el texto presentado hoy, incluyó al PI.
Durante el trámite legislativo, tanto al opinar como de los proyectos originales como del posterior unificado –el anterior al actual–, distintas organizaciones sociales mostraron una postura crítica.
Nuevo proyecto: para Carrera “en el fondo es el mismo”
La nueva redacción del proyecto mantiene algunos de los puntos cuestionados de las anteriores iniciativas. Así las cosas, se mantiene la disposición que determina que es el tribunal el encargado de decidir si se mantiene el régimen o no de tenencia en caso de medidas cautelares adoptadas a partir de denuncias formuladas por parte de un progenitor hacia el otro –situaciones de violencia– y el derecho a las visitas por parte del progenitor que tiene medidas cautelares. En la última modificación se había agregado que dichas visitas deberán ser en “lugares públicos, en presencia de familiares del niño o adolescente, en reparticiones estatales adecuadas, o de cualquier otra forma que a criterio del juez garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, y disponiendo el régimen de seguimiento periódico necesario”.
El senador del Frente Amplio Charles Carrera, que integra la comisión, dijo a la diaria que si bien el proyecto incorpora algunos cambios, “en el fondo es el mismo”. “Se retrocede en derechos reconocidos y consagrados en nuestro marco legal” y se trata de una iniciativa “muy negativa para las niñas, niños y adolescentes y las mujeres, en particular para los y las que viven situaciones de violencia”, señaló.
Carrera destacó que el nuevo proyecto elimina la tenencia alternada de hijos e hijas de manera preceptiva, cuando no exista acuerdo entre los progenitores; mejora la redacción “salvando algunos aspectos muy grotescos de las anteriores”; y “se fundamenta todo en base al interés superior de los niños, niñas y adolescentes”. Por ejemplo, se dispone en el proyecto que el juez resolverá la tenencia “siempre considerando el interés superior del niño o adolescente” y deberá “oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente”; aunque “sin perjuicio de ello, se deberá evitar su comparecencia reiterada e innecesaria”.
De todas formas, el senador frenteamplista señaló que existe evidencia de que “son muy pocas las situaciones en las que no se llegan a acuerdos entre los progenitores y por tanto no se entiende el problema que se quiere resolver”. En ese sentido, manifestó que “sólo puede pensarse que se trata de facilitar que las niñas, niños y adolescentes justamente en los momentos que requieren más protección queden como botín de guerra. Es decir, no resuelve el conflicto, sino que lo prende fuego”.
Asimismo, advirtió que en caso de hechos de violencia, “deja extremadamente vulnerables a la denunciante y a los niños”. En particular, porque “los juzgados y sobre todo la defensoría no tienen ni los recursos ni las condiciones para contribuir a lo que se supone que se requiere y que es que se distribuya el trabajo de cuidado entre ambos padres”. En suma, señaló que compartía “la sensibilidad de Ciudadanos”, pero “lamentablemente” entiende que se llegó a un acuerdo que “no protege a la niñez y a la adolescencia”.
Sobrelegislación: “Consideraciones que ya existen en las leyes”
Desde el Partido Colorado también hay voces discordes con el nuevo proyecto de ley. Margarita Machado, abogada e integrante del Comité Ejecutivo Nacional colorado, quien fue crítica con las anteriores iniciativas presentadas, manifestó que la nueva propuesta es “más o menos lo mismo”, con un sistema que apunta a la sobrelegislación, poniendo “consideraciones y consejos para cómo deben actuar los jueces, que ya existen en las leyes”.
Para Machado, en el proyecto actual se mantiene soslayada una “concepción adultocéntrica” y el interés del niño “brilla por su ausencia”. “Estamos legislando sobre niños, niñas y adolescentes y el Código de la Niñez y de la Adolescencia y la Convención Internacional de los Derechos del Niño dicen que lo que debe primar es el interés superior del niño. En este proyecto brilla por su ausencia porque siempre los cambios que se están planteando se hacen desde los intereses de los adultos”.
“Hay estudios e investigaciones que tienen recontra confirmado que, por ejemplo, en los casos de abuso sexual el niño sólo sana si se corta el vínculo con el abusador”, señaló y agregó: “Esto no es una vulneración del principio de inocencia, que existe en el derecho penal, es una medida cautelar en función de todo lo que ya se sabe en todos estos temas, porque se considera dañoso para el niño continuar revictimizándolo”.
Machado señaló que lo más grave del proyecto es que “ignora totalmente la realidad de la violencia y del abuso en Uruguay”, que es uno de los “flagelos” del país, y a modo de ejemplo resaltó que este año el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay informó que las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes aumentaron 43% en 2021.