El lunes la comisión especial bicameral que analiza las postulaciones para la nueva integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) seleccionará la nómina final de representantes, que será elevada a la Asamblea General. El miércoles finalizaron las entrevistas que la comisión venía realizando a los 27 candidatos para los cinco cargos.
Integrantes de la comisión señalaron a la diaria que en las entrevistas algunos postulantes hablaron sobre las consignas planteadas en la convocatoria, mientras que otros derivaron a otros temas, que no tenían tanta relación. A su vez, algunos se refirieron a sus experiencias personales y sus trayectorias. De cualquier manera, desde la comisión indicaron que “todo será valorado”, y que no se trata de “un concurso de currículums”, ya que la persona elegida debe ser capaz de dirigir una institución.
Según supo la diaria, la coalición no hará una reunión formal previa al lunes por este tema, y todo se encamina para que, como ocurrió las dos veces anteriores –en 2012 y en 2017– en las que se seleccionó al Consejo Directivo de la INDDHH, la lista completa de los postulantes que fueron entrevistados pase a la Asamblea General, es decir, que la comisión no “depurará” la lista.
La Asamblea General deberá elegir a los cinco miembros del Consejo Directivo por una mayoría de dos tercios. Si no se alcanza ese nivel de consenso en dos elecciones sucesivas, se convocará a una tercera sesión en la que se elige por mayoría absoluta.
En el oficialismo entienden que así como en las dos elecciones anteriores del Consejo Directivo el Frente Amplio (FA) seleccionó a cuatro personas afines a la izquierda, y dejó un lugar para la oposición, ahora se tendría que mantener esa proporción: elegir a cuatro de los miembros propuestos por los legisladores y dejar uno para el FA, que saldría de los propuestos por las organizaciones sociales.
Sobre los principales candidatos de la coalición de gobierno informó este jueves el semanario Búsqueda, y fuentes blancas confirmaron a la diaria que en el Partido Nacional (PN) suenan dos con más fuerza: la asesora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Carmen Rodríguez Núñez y el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Marcos Israel.
En tanto, según señalaron a la diaria desde Cabildo Abierto, la candidatura que más entusiasmo genera es la presentada por el senador cabildante Guillermo Domenech: el abogado Bernando Legnani.
Desde las filas coloradas hay dos nombres sobre la mesa: la exlegisladora Gloria Robaina y Jimena Fernández Bonelli, tal como informó Búsqueda. La primera fue propuesta por el diputado colorado Marne Osorio y la segunda por la ONG Manos Veneguayas, la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible y la senadora colorada Carmen Sanguinetti.
Los candidatos con fuerza entre los blancos
Rodríguez Núñez fue presentada por legisladores de la lista 71: los senadores Gustavo Penadés y Gloria Rodríguez, y los diputados Juan Martín Rodríguez y Daniel Martínez. Fue asesora del primero de ellos en el Parlamento entre 2017 y 2018 mediante un pase en comisión. Es doctora en Derecho especializada en Derechos Humanos, y actualmente trabaja en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del MTSS.
Según publicó en su cuenta de Twitter en abril, tuvo el “honor” de integrar la “nueva Comisión Directiva del Centro de Estudios del Partido Nacional”, y agradeció a Penadés por la postulación. También tiene publicaciones apoyando la candidatura a la intendencia de Laura Raffo en 2020, y de participaciones en actos de la lista 71 y en eventos de la juventud blanca.
A su vez, en su cuenta de la red Linkedin detalla que se graduó en la Universidad Católica (Ucudal) y que obtuvo una maestría en Ciencia de la Legislación y Governance Político en la Universidad de Pisa (Italia). “Mi interés por la protección de los derechos humanos me llevó a ser especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Ucudal), habiendo realizado además diversos posgrados de especialización en esta temática”, agrega.
Sobre su trayectoria laboral, cuenta que ingresó en febrero de 2008 como asesora letrada de la Inspección General de Trabajo y desde mayo de 2020 se desempeña como directora de la división Jurídica y también como encargada de la división Documentos de Contralor. Entre 2002 y 2005 estuvo en UTE, donde fue “asesora letrada asignada al despacho del integrante del Directorio Juan Gabito Zóboli”, dirigente nacionalista.
En docencia se desempeñó como profesora adscripta a la Cátedra de Derechos Humanos de la Ucudal. “Combinando los conocimientos desarrollados en estos distintos ámbitos de actividad, me dediqué a profundizar en la investigación y estudio de los derechos humanos en el ámbito laboral, principalmente a la igualdad de oportunidades, tema recurrente de mis distintas tesis de posgrado con enfoques distintos, destacándose en género y discapacidad”, detalla en la red social.
También destaca que desde 2020 integra, “en representación del MTSS, la Comisión Intersectorial de Salud Mental (trabajando en el Plan Nacional de Salud Mental a ser presentado este año [la publicación no aclara fecha]); la Comisión para la Erradicación de la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres (en la que se trabajó también en el Plan Nacional a ser presentado este año), y la Cotama (Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente)”.
El otro nombre con fuerza entre los blancos, Israel, según consigna un artículo web del semanario Hebreo Jai, “ingresó al Comité Central [Israelita] en 1986, a la Comisión de Prensa y Difusión. Permaneció en la institución hasta el 2012 integrando alternativamente esa Comisión, el Consejo Directivo y cuatro períodos en la Mesa Ejecutiva, el último como Presidente entre mediados de 2009 y fines del 2011”. Se agrega respecto de esas gestiones: “Dentro de su primer período como Presidente se puede destacar la participación en el proceso de la Conferencia contra el Racismo de Durban en 2001, haber sido cofundador de la Coordinadora Nacional de Lucha contra el Racismo y más tarde miembro de la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra el Racismo y la Discriminación (2007-2012)”.
En setiembre del año pasado, en una entrevista con Punto de encuentro de radio Universal, habló positivamente sobre la decisión de Uruguay de no participar en el aniversario número 20 de la Cumbre de Durban –instancia que Israel considera antisemita–. Dijo que no era una acción de corte estrictamente ideológico, aunque sostuvo que “todos tenemos ideología”, a lo que añadió: “El gobierno anterior tenía su ideología y estaba lejos de Israel pero cerca de Venezuela”. En esa línea, continuó: “No es un tema ideológico por el que se toma una decisión como esta, es un tema de justicia. Uruguay estaba del lado equivocado. No hay una equivalencia moral entre Hamas [grupo nacionalista palestino] y el Estado de Israel”.
El análisis del FA
Antes de que la comisión integrada por los distintos partidos se reúna el lunes, el fin de semana los integrantes en representación del FA se juntarán para evaluar quiénes de los postulados tienen “realmente compatibilidades” con los artículos 45 y 46 de la Ley 18.446, que creó a la INDDHH, según fuentes de esa fuerza política. En resumidas cuentas, harán foco en los candidatos que cuenten con una larga trayectoria relacionada con los derechos humanos e “independencia técnica”.
En dicha ley se plantea que en el proceso de renovación del Consejo Directivo del organismo “se procurará que algunos [de los miembros que terminan su mandato] sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”. Este es uno de los puntos que, según las fuentes frenteamplistas consultadas, también tiene peso a la hora de decidir. “La ley establece una sugerencia de continuidad de alguno de los miembros y parece interesante que sea así; es un criterio no totalmente establecido pero sí a conversar”, dijo una fuente.
Si bien no se adelantaron nombres en concreto, en el FA se vislumbra que uno de los actuales directores, Mariana Mota o Wilder Tyler –ambos presentados por organizaciones sociales–, puede estar entre los postulantes que promoverán; sobre ellos, las fuentes destacaron que la “experiencia” es “importante”, así como “lo que significa la [tarea para la] búsqueda de los desaparecidos” que han llevado a cabo. “Ya sólo el hecho de que fueron votados en su momento por los dos tercios del Parlamento les da credibilidad”, resumió una voz del FA.
Igualmente, las fuentes dijeron que sobre la mesa también está la “necesidad de que se presenten nuevas propuestas” para la institución. Otro de los puntos principales para el FA es que se pueda garantizar la continuidad del plan estratégico armado hasta 2025 por la institución, y que se tengan “las capacidades óptimas para seguir la línea de ser una defensoría del pueblo”.