En setiembre concluye el período del actual consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Para la conformación del nuevo directorio se presentó la semana pasada un listado de aspirantes: hay 28 candidatos para cinco cargos. La mitad de las postulaciones fueron impulsadas por legisladores de la coalición de gobierno, en algunos casos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

La otra mitad, en cambio, fueron promovidas únicamente por organizaciones sociales. En conversación con la diaria, varios de ellos expresaron preocupación por el proceso de elección en curso y por la “actitud de suma agresividad” de algunas figuras del gobierno, con “ataques” dirigidos contra “la existencia misma de la INDDHH”. Alertaron también sobre el riesgo de que la institución pierda “su rol de garante” y se transforme en “un apéndice del gobierno de turno”.

Mariana Mota. Actual directora de la INDDHH. Mota fue jueza penal durante dos décadas, tiempo en el cual investigó más de 50 denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó su traslado desde la órbita penal a la civil. El día de su traslado, organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos se manifestaron afuera y adentro de la sede de la SCJ en rechazo al cambio, que entendieron como una maniobra para “mantener intacta la impunidad”.

Su nombre fue impulsado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, entre otras varias organizaciones. Semanas atrás, en diálogo con la diaria, Mota consideró “muy improbable” su reelección dada la composición actual del Parlamento, con una mayoría de la coalición de gobierno. Manifestó su intención de que “se propongan otros nombres”, aunque aclaró que no se negaría a “la propuesta de los colectivos” que la apoyan para continuar al frente de la INDDHH.

Wilder Tayler. Actual director de la INDDHH. Su nombre fue recomendado por la mismas organizaciones que respaldaron la candidatura de Mota, con quien comparte la visión adversa en cuanto a su reelección. “Hemos visto por parte de las mayorías parlamentarias que no se comparecen con lo que puede ser una actitud como la que hemos tenido, que fue independiente de poderes políticos”, declaró a la diaria. Tayler fue vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Torutra de Naciones Unidas; integró también Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Daoiz Uriarte. Hoy es el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). Antes fue preso político -durante la dictadura-, presidente de la Vertiente Artiguista y diputado por el Frente Amplio. La Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y Crysol fueron las organizaciones que apoyaron su candidatura.

En conversación con la diaria, Uriarte contó que su postulación surgió de “la preocupación por cómo se iba a encarar la conformación de la próxima INDDHH”. Aclaró que para Crysol -organización de ex presos políticos de la cual forma parte- “lo mejor sería que pudieran continuar tanto Wilder como Mariana”, pero “ante la imposibilidad de que eso se diera, se presentó mi candidatura como alternativa”.

Uriarte lamentó que “muchas veces” el sistema político uruguayo “no ha comprendido” la función que cumple la institución, que “como cualquier organismo de derechos humanos”, “no está para felicitarte por lo que hacés bien, sino para mostrarte lo que estás haciendo mal”. Si bien puntualizó que “es algo que les pasa a casi todos los países”, afirmó que en el último tiempo se han visto “ataques” que apuntan contra “la existencia misma de la INDDHH”. “Eso es no entender la importancia de un organismo de contralor de los derechos humanos, fundamental para asegurar la democracia”, señaló.

Consultado sobre el listado de aspirantes, Uriarte opinó que “hay gente que puede reunir las condiciones” para integrar el nuevo consejo directivo, pero “hay otros que entiendo que pueden tener un conocimiento muy parcial”. Su inquietud, indicó, “es que acceda gente que no tiene experiencia en la globalidad de los derechos humanos”.

Isabel Wschebor. Su postulación fue respaldada por las secretarías de Derechos Humanos y de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. “Fue una decisión colectiva, me sumé a la propuesta no desde una perspectiva individual y personal, sino colectiva”, dijo a la diaria Wschebor, historiadora, especialista en archivos y exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

Para Wschebor, hija de un matemático y una historiadora y demógrafa exiliados durante la dictadura -nació en Venezuela-, el trabajo del actual directorio de la INDDHH “es de los pocos que se ha mantenido independientes” tras el cambio de gobierno, “con dificultades, pero se ha mantenido independiente”. Agregó que “debería tener mucho más recursos de los que tiene”.

A su entender, “hay personalidades” en el directorio que “han cumplido un rol súper importante y estaría buenísimo que pudieran tener una continuidad”. En tal sentido, cuestionó la idea del oficialismo, que, en principio, pretende elegir a cuatro miembros y que la oposición designe al quinto. “Se prioriza un componente de representación político-partidaria sin atender los temas específicos vinculados a los derechos humanos, que no tienen color político”, manifestó, en línea con las críticas realizadas días atrás por más de 50 organizaciones sociales. “Hay una gran preocupación en la sociedad civil con respecto a que la INDDHH pueda continuar su rol de garante, fuera de los esquemas de alianzas político-partidarias coyunturales”, expresó.

Federico Álvarez Petraglia. Abogado, exjuez, exsecretario general de la Intendencia de Paysandú durante la administración del frenteamplista Guillermo Caraballo, fue recomendado por la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y otras varias organizaciones sociales.

Consultado por la diaria sobre la reciente actuación de la INDDHH, expresó: “Yo hago una valoración muy buena. Este tipo de organismo si no recibe críticas del gobierno de turno es porque no está haciendo bien su trabajo”. A su juicio, así lo hizo y “por eso ha recibido críticas tanto del gobierno actual como del anterior”, lo cual “demuestra su independencia”. Resaltó que la institución tiene “un compromiso con la gente y no con el partido político de turno”.

Sin embargo, pese a la inevitabilidad de las críticas, Álvarez Petraglia cuestionó la “actitud de suma agresividad” de parte de “algunas figuras del gobierno y de algunos legisladores” hacia a la INDDHH. Acerca del cuatro a uno planteado por el oficialismo en el proceso de elección, consideró que se trata de “un error garrafal” que “si se llega a consumar va a traer aparejado que la institución sea un apéndice del gobierno de turno”. “Me parece muy lamentable”, aseveró.

Álvarez Petraglia fue una de las 13 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos amenazadas de muerte a través de un correo electrónico por el Comando Barneix, que prometía represalias por el suicidio del general Pedro Barneix, procesado por el homicidio de Aldo Perrini en 1974. El año pasado se procesó con prisión al autor material de las amenazas.

Nelson Villarreal. Filósofo y defensor de la renta básica universal, Villarreal es investigador y docente de la Udelar. En el anterior gobierno estuvo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Apoyan su candidatura la Asociación Nacional de ONG, Observatorio del Sur, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre y Mujeres sin Miedo.

Óscar Rorra. Actual funcionario de la INDDHH. Tras ser confundido con personal de limpieza en el Palacio Legislativo, cuando fue a asumir el cargo, ingresó a la institución para desempeñarse como psicólogo. Así lo contó días atrás en el programa Polémica en el bar, de Canal 10, en el cual fue presentado como “el primer candidato afro al directorio de la INDDHH”. Su candidatura, aseguró, “tiene que ver con la fuerte articulación que hay de las organizaciones afro”. Tiene el apoyo de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, Instituto Raíces Afro, Mundo Afro, Uafro y Atabaque.

Marcos Israel. Hoy es el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, entidad representativa de la comunidad judía en el país, que promovió su candidatura. Israel es contador público y tiene una maestría en Políticas Sociales. Se postuló, sin éxito, al consejo directivo de la INDDHH tanto en 2012 como en 2017; esa última vez lo hizo con el respaldo del entonces senador frenteamplista Rafael Michelini.

Tabaré Martínez. Fue recomendado por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura Afrouruguaya y Fundación Dianova. Martínez es especialista en el tratamiento de adicciones, temática que ha trabajado durante años con personas privadas de libertad. Fue asesor del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

Jaime Saavedra. El exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado fue promovido por la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Idas y Vueltas y El Abrojo, entre otros colectivos. De manera excepcional, fue ratificado en su cargo tras el cambio de gobierno por el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Pero renunció un mes después. Fue director del Polo Industrial del ex Comcar, una experiencia de trabajo y formación dentro del centro de reclusión.

Ana Agostino. La universidad Claeh, Asociación Nacional de ONG, Instituto Raíces Afro, Cotidiano Mujer y Gurises Unidos respaldaron su postulación. Más tarde se sumaron el Consejo de la Nación Charrúa y el Clan Rua La-at de Migues. Durante cinco años, Agostino fue titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo; es asistente social y doctora en Estudios del Desarrollo.

“Creo que realmente ha sido independiente. No creo que haya estado orientado a silenciar errores de un partido y a manifestar los de otro. Me parece que ha tenido la actuación que corresponde: a partir de una denuncia que le llega, analizar la situación y pronunciarse”, dijo a la diaria Agostino en referencia al actual directorio de la INDDHH.

Consultada sobre la partidización de la elección en curso, aseguró que “eso es problemático” porque “la autonomía es fundamental”. Que los legisladores hayan recomendado candidaturas, sostuvo, “afecta a la imparcialidad que tiene que tener” la institución. “Estas instituciones si responden a alguien es a la población”, añadió.

Por otra parte, Agostino mencionó que “uno de los mayores desafíos” que tiene el próximo consejo directivo de la INDDHH es conseguir que “la mayor parte de la población la conozca”. A su parecer, “en la medida en que está en Montevideo tiene una lógica muy montevideana y no necesariamente es conocida en el resto del país”.

Santiago Mirande. El candidato del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines. Mirande, justamente, fue el abogado de Julio de los Santos, trabajador que en setiembre de 2021 le ganó un juicio a la empresa agroindustrial Arrozal 33 por exposición a agroquímicos que afectaron gravemente su salud. Integra además el Colectivo TÁ, un espacio interdisciplinario de la Udelar sobre transgénicos y alternativas agroecológicas.

Javier Palummo. Hoy vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, al mismo tiempo, director de investigación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Su nombre fue impulsado por Gurises Unidos, Mundo Afro, Data Uruguay y DNI Internacional.

Marcelo Cantón. Apoyado por el Centro por la Infancia Jacinta Balbela. Docente de la Facultad de Derecho de la Udelar; fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en derecho internacional humanitario.

Fernando Menéndez. Exdirector de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) por el Partido Nacional y exdirector de Cultura de la Intendencia de San José. Su nombre fue apuntalado por Stop Abuso Uruguay y por Familias Unidas por Nuestros Niños, dos organizaciones que respaldan el proyecto de ley de tenencia compartida en discusión actualmente en el Senado.

Lo que sigue

Durante los próximos días una comisión especial del Parlamento entrevistará a cada uno de los aspirantes para evaluar su idoneidad técnica. Luego la Asamblea General votará y aprobará el 1º de agosto la integración definitiva del próximo Consejo Directivo de la INDDHH, que cumple diez años desde su puesta en funcionamiento.