Ayer continuaron las repercusiones en el ámbito político por el traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a un tribunal civil. Hoy se llevará a cabo una movilización frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en repudio de la decisión, que ha generado además el rechazo de organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos.

El canciller Luis Almagro advirtió, en diálogo con la diaria, que con esto Uruguay pierde “posicionamiento internacional”, porque Mota “cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos”. “Pierden las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquéllos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”, sintetizó.

Almagro dijo que Mota es una “jueza extraordinaria”, que ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”, agregó. Aclaró que no le corresponde opinar sobre la declaración de la SCJ aunque espera que “esto no signifique en ningún caso que haya un campo de interpretación de obstaculización de la Justicia”.

Ayer el ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a Radio Sarandí que a la hora de trasladar a un juez se toma en cuenta su perfil, y admitió que eso pudo haber determinado esta decisión. Por eso recordó los cruces de Mota con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y las declaraciones a Página 12 que motivaron “una observación muy firme” a la jueza. También mencionó la “inadecuada” decisión de la jueza de estar en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011: “Para la Corte se apartó de su deber ético, porque no hay que exponerse a que un tercero imparcial pueda llegar a dudar de la imparcialidad del magistrado”, lo cual violaría el Código Iberoamericano de Ética Judicial, según Chediak.

En los últimos meses la jueza Mota recibió críticas de figuras públicas como Gonzalo Aguirre, Jorge Batlle, Fernández Huidobro y el presidente José Mujica. En declaraciones al semanario Búsqueda y a propósito de las críticas que Mota, en entrevista con Página 12, hizo de la política uruguaya de derechos humanos, el mandatario había afirmado que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubiera pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica en aquella ocasión.

Que hable el FA

La noticia divulgada el miércoles generó más reacciones en el oficialismo. El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) se mostró “sorprendido, indignado por la falta de explicaciones que motivaron esta decisión y preocupado por la posición de la SCJ ante la lucha contra la impunidad”. Opinó que Mota es una magistrada “responsable, profesional y calificada”, y que con esta decisión la SCJ ratifica “la insensibilidad” que ha mantenido en estos años “poniéndose siempre en la vereda de enfrente de las víctimas”. Consultado por las declaraciones de Chediak sobre el perfil de Mota, evaluó que podría tratarse “directamente de una represalia”. “Chediak confunde las cosas: estar comprometido con una causa como la defensa de los derechos humanos no es flechar la cancha”, matizó.

Michelini manifestó que para Uruguay “es un retroceso y nos deja en evidencia”. “Hemos llevado adelante de buena manera la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, intentando llevar adelante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora, cuando vayamos a Ginebra, a fines de marzo, a entregar el Informe sobre desaparición forzada de personas, tenemos que ir con esta noticia. No vamos a quedar bien parados”, alertó.

El diputado pretende que el Frente Amplio (FA) emita “una declaración como partido, con una sola postura clara sobre el tema”, y dijo que apoyará un posible pedido de explicaciones al Parlamento, en línea con lo planteado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

De los grupos

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Crysol y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) recordaron ayer, en un comunicado, que Mota tiene a su cargo más de 50 casos relacionados a violaciones a los derechos humanos, y que los ha tratado “con rigor, seriedad y respeto”. Denuncian que la práctica de trasladar jueces involucrados en estas investigaciones “se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de estos años, lo que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad”.

Reclaman que la SCJ garantice a sus magistrados el ejercicio pleno de las funciones “sin tener que estar expuestos a la voluntad o presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el lugar de donde provengan”. También alertan de otros problemas que generan estos movimientos en la estructura judicial: “Mientras un nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años”.

Además, las organizaciones critican la “falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recae sobre nuestro país”. Ayer se reunió la comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos para evaluar la situación. “El tema está fuera de la competencia de la institución, ya que la ley así lo establece. Por esa razón no se van a realizar declaraciones como institución ni a título personal, ni se concurrirá a las marchas y actividades de apoyo a Mota fijadas para los próximos días”, explicó Juan Raúl Ferreira a la salida del cónclave.

Para hoy a las 10.00 está confirmada una concentración frente a la sede de la SCJ. La convocan Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crysol, Colectivo Denunciantes Octubre 2011, Serpaj, Fundación Mario Benedetti y el PIT-CNT.