La jueza penal de 26º turno Ana de Salterain procesó con prisión por el delito de violencia privada a Nicolás Gonella, el hombre de 34 años indagado como autor material de la amenaza realizada bajo la firma Comando Barneix, entre enero y febrero de 2017 contra 13 personas vinculadas al sistema de justicia y la defensa de los derechos humanos, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa. El indagado prefirió no declarar ante la jueza De Salterain.

El fiscal Luis Pacheco consideró como elementos de semiplena prueba para pedir el procesamiento las pericias realizadas por Policía Científica que lo señalan como el autor material de las amenazas realizadas por el Comando Barneix, del que el propio indagado da cuenta en varias conversaciones de las comunicaciones que fueron detectadas en la investigación en las que él, utilizando diferentes usuarios, reivindica las amenazas.

“La similitud de contenidos, estilos de redacción, mayúsculas, puntuación, signos de exclamación y citas bíblicas es evidente”, señala el pedido de procesamiento, que detalla que cuando se concretó el allanamiento Gonella estaba utilizando el explorador Tor para evitar el rastreo.

La pericia también logró constatar que Gonella hizo una investigación de una persona con su mismo apellido que firmó una petición para reactivar la causa y lograr el esclarecimiento del caso Barneix, y que desde uno de sus sitios “condecoró” a los militares Miguel Dalmao y Pedro Barneix.

Además, la Justicia consideró como un agravante del delito de violencia privada el hecho de que la amenaza se haya hecho “en forma anónima y a través de la fuerza intimidante de asociaciones secretas, existentes o supuestas”.

La amenaza firmada por el Comando Barneix advertía que el suicidio del general Barneix sería vengado. “No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la carta enviada al fiscal de Corte, Jorge Díaz; al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez; a la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; a la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; a los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia; al activista brasileño Jair Krischke; al magistrado francés Louis Joinet, y a la investigadora italiana Francesca Lessa.

La investigación sobre Gonella también podría esclarecer la otra causa que existe relacionada con el Comando Barneix, que lleva adelante el fiscal de Flagrancia de 6º turno Pablo Rivas, que investiga un mensaje previo a las elecciones llamando a votar a Luis Lacalle Pou “con el apoyo de Manini Ríos”, en referencia al líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la patria, es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”, decía el mensaje enviado por Whatsapp tres días antes de los comicios. Las pericias determinaron que el mensaje masivo fue enviado desde Brasil, y constató que Gonella estuvo en la frontera de Río Branco esa misma fecha.

En diálogo con la diaria, el abogado Óscar López Goldaracena, una de las personas amenazadas por el Comando Barneix, expresó su satisfacción por el esclarecimiento del caso y recordó que el mismo día del procesamiento se cumplen seis años de la detención y el suicidio del general Pedro Barneix cuando iba a ser procesado en el caso que investigó el homicidio de Aldo Perrini, ocurrido en Colonia en febrero de 1974.

López Goldaracena señaló que es importante seguir investigando para conocer si hay otros implicados en las amenazas del Comando Barneix. El abogado destacó el trabajo de la investigación ante “una gran sofisticación en manejo informático de las redes” por parte del ahora procesado, lo que dificultó el esclarecimiento del caso y la detección del origen del mensaje.

En esa línea destacó la “conmoción” que generaron las amenazas de muerte desde el anonimato. “Uruguay no puede tolerar este tipo de cosas que incitan al odio. Nuestro derecho se estructura en base a la tolerancia y los derechos humanos, y las conductas intolerantes y delictivas de esta naturaleza tienen que ser reprimidas”, agregó.

“Se ha demostrado que no hay cabida en nuestro modelo de convivencia para grupos neonazis, los grupos de ultraderecha violenta, la xenofobia, el racismo o el odio por cuestión de género”, sostuvo.