Este martes el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que plantea prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de deudas hipotecarias en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), algo que habilita la ley de urgente consideración (LUC). El proyecto presentado este miércoles como “grave y urgente” por el legislador nacionalista Carlos Camy suscitó un acalorado debate en el Senado.
El Observador informó días atrás de un “daño colateral” de la LUC que las autoridades del MVOT detectaron y trasladaron a los legisladores. El artículo 463 de la normativa, que aprobó el gobierno en julio de 2020, hizo varias modificaciones al Código Civil y, en términos generales, redujo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias -que empieza a regir una vez que el préstamo vence y marca el límite de responsabilidad del deudor-.
A través del artículo, a su vez, se estableció un plazo de dos años a partir de la vigencia de la norma para que las prescripciones que estuvieran en curso empezaran a consumarse. Esa fecha está al llegar y, según el medio de prensa, hay 5.000 hipotecas que están por prescribir, lo que implicaría unos 50 millones de dólares de pérdidas para el Estado, que perdería el derecho a cobrar el préstamo otorgado.
Mario Bergara, senador del Frente Amplio, solicitó que se explique “cuál es la fecha en que vencen los dos años previstos por la LUC para las prescripciones”, y el nacionalista Gustavo Penadés respaldó la pregunta, a la que calificó como “legítima”, ya que el gobierno “se equivoca” al enviar el proyecto de ley de “esta manera”, opinó.
Tras la sesión, el vicepresidente de la ANV, Gustavo Borsari, dijo en rueda de prensa que el pedido de aprobación del proyecto es “para no tener que intimar a miles de familias”, es decir, “para que permanezcan en sus casas”. Sostuvo que hay “miles de familias” en cooperativas de distinto tipo, y también fuera de cooperativas, “que se verían involucradas” y la ANV “tendría que salir a intimarlas para cortar los plazos de prescripción”. Agregó que esa “no es la voluntad” de la institución, sino que “las familias permanezcan y sigan desarrollando su vida”.
Más tarde, los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos, Cecilia Cairo y Gabriela Barreiro, ambas integrantes de la Comisión de Vivienda de la cámara baja, encabezaron una conferencia de prensa en la que pidieron la renuncia del presidente de la ANV, el arquitecto Klaus Mill Von Metzen, así como del escribano Borsari, “que ya había sido integrante del directorio del BHU y le entregó al FA un banco completamente fundido”, planteó Olmos.
Según el diputado, los jerarcas “deben dar un paso al costado”, ya que el envío del proyecto de ley es un intento del gobierno por “arreglar un zafarrancho” que hizo la ANV y que le costó una pérdida de 400 millones de dólares en créditos hipotecarios, “a pesar de las reiteradas manifestaciones y advertencias hechas por las representantes del FA en el directorio”. “Han sido absolutamente omisos, irresponsables e incompetentes en la gestión pública”, disparó.
Barreiro, por su parte, advirtió que en el Parlamento se están votando “muchos proyectos” en carácter de “graves y urgentes”, pero que el plazo del proyecto que se discutió esta tarde, particularmente, vence el 24 de julio, por lo que, en caso de no acompañarlo, “las arcas del Estado van a ser las perjudicadas”.
El FA reclama que el directorio de la ANV no hayan tenido en cuenta un informe elaborado por el Área Jurídica de la cartera, que “alertaba” sobre los artículos de la LUC que “ponían en peligro los fondos del Estado”, aseguró Cairo a su turno. “Por eso es que estamos reclamando que esos dos directores del oficialismo den un paso al costado”, agregó.
“Al presidente, Luis Lacalle Pou, hoy ese directorio lo dejó regalado. Deberían, si realmente forman parte de una coalición y creen que lo más importante es la gente, dar el paso al costado y retirarse para tener un gobierno en el que realmente, cuando nos hable, podamos confiar, porque lo que hicieron fue mentir en el Senado diciendo que no conocían el expediente (informe) y tenemos pruebas de sobra en las actas del directorio de que el expediente lo conocían muy bien y que fue reclamado varias veces”, expresó la diputada.
El informe, según Cairo, advertía que la LUC habilitaba la compra de viviendas con 100.000 dólares al contado sin necesidad de declarar el origen del dinero y alertaba sobre la prescripción adquisitiva, que pasaba de 20 a 10 con un plazo de dos años. “Eso fue lo que no se hizo, se archivó en enero de 2021 y nadie sabe por qué y es porque fue la Secretaría General, que depende directamente del directorio”, aseguró.
En esa línea, Barreiro se refirió a las declaraciones de representantes de la ANV en las que niegan conocer el contenido del informe. “Tenemos constatado que sí entró, que esos dos años de plazo que tenían no se cumplieron y que, en definitiva, hoy estamos tratando de legislar en forma rápida. El FA va a dar su voto porque entendemos que es muy importante preservar las arcas del Estado”, expuso.
Consultado sobre la pérdida financiera de la ANV y el MVOT por la prensa, Olmos dijo: “No hemos logrado que nos den las cifras. Al principio se habló de 50 millones y de 5.000 hipotecas, hoy el vicepresidente habló de 2.500. Pero aquí se informó que son 400 millones de dólares la pérdida potencial en la agencia y 50 millones en el MVOT y no tenían conocimiento de cuál era la posible pérdida en el BHU, que creemos que no debe haberla porque, como dijera antes, dejamos un BHU absolutamente saneado. Incertidumbre tenemos con los plazos”.
Sobre las palabras de Borsari respecto a su intención de hacer una investigación administrativa y posible sumario a un abogado de carrera que trabaja en la ANV y que sería el responsable de haber archivado el informe, razón por la cual no llegó a sus manos, Cairo respondió que el jerarca “hizo una chicana política”.
“Lo tenía la Secretaría de Gerencia General, eso significa que lo tenía el directorio. Es más, hay actas -y las tenemos si ustedes las precisan- donde se ha reclamado, pertinentemente, dentro del directorio, justamente, que ese informe jurídico se tenga en cuenta porque los plazos se acotaban y, sin embargo, eso no pasó. Es fácil responsabilizar a otros cuando el responsable directo de esa situación es el directorio”, sostuvo.