La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) estuvo en la agenda mediática y político partidaria en junio debido a la publicación de un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que indicaba que la empresa tenía dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. Es que las obras del recinto que sustituyó al viejo Mercado Modelo se financiaron principalmente con fondos provenientes de tres fideicomisos, uno de la Intendencia de Montevideo (IM), otro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y otro del Banco de la República (BROU). El inicio de la amortización de la deuda de este último debe comenzar a pagarse en marzo de 2023, pero el informe indicaba que “la UAM no cuenta con capacidad económica suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras en los plazos acordados”.
A partir de allí, según supo la diaria, tuvieron lugar una serie de reuniones entre el directorio de la UAM y el del BROU, en parte para calmar las aguas luego del oleaje que significó el informe de la AIN y en parte para renegociar el pago de la primera cuota. Fuentes del banco indicaron que las reuniones fueron “para intercambiar respecto del futuro” de la UAM, y que allí “el BROU planteó la necesidad de que se dé mayor precisión sobre la situación respecto de los flujos de repago del emprendimiento y sobre las observaciones que la AIN había presentado”. Más allá de eso, “el BROU reafirmó que su voluntad es continuar apoyando el proyecto, por su indudable relevancia”.
La secretaria general de la UAM, Adriana Zumarán, que integra el directorio en representación del MGAP, confirmó a la diaria que la idea es aplazar el pago y, para ello, se trabaja en “construir una propuesta” entre ambas instituciones. La representante del Poder Ejecutivo manifestó que, a su entender, la primera amortización debería postergarse tres años, pero también aseguró que “la solución tiene que ser conjunta” y, por tanto, esta propuesta no es la definitiva.
En una reciente comparecencia de Zumarán y el titular del MGAP, Fernando Mattos, a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, la secretaria general de la UAM manifestó tener la “convicción de que en marzo del año que viene” no se podrá “empezar a amortizar”, por lo que se pidió “tiempo para poder tener ese desarrollo fuerte” que se prevé.
Otro aspecto señalado en el informe de la AIN era que “de los 26 padrones asiento de la UAM, 25 son de propiedad de la IM y uno se encuentra en etapa final del proceso expropiatorio”, y, por tanto, la empresa no cuenta “con un régimen jurídico que le permita disponer de los predios en los cuales se asienta su operativa, lo que determina falta de seguridad jurídica respecto del ejercicio de sus atribuciones y de los contratos firmados” con los particulares que trabajan en sus puestos.
Al momento de ese informe, la UAM tenía sobre la mesa una propuesta de la IM para firmar un comodato de 30 años por los terrenos, que incluía una cláusula de que la gobernanza de la empresa no podía modificarse mientras existiera este acuerdo. La discusión sobre este último punto se remonta a 2020, cuando en el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento se planteaba sacar a la IM del directorio de la UAM, motivo por el que la comuna no renovó el contrato que permitía a la empresa administrar los terrenos. Luego, ya con Carolina Cosse como intendenta, la comuna y el Poder Ejecutivo arribaron a una fórmula que permitía que ambas instituciones participaran en el directorio de la UAM, con la presidencia en manos de la IM –hoy el presidente es Daniel Garín– y la Secretaría General en manos del MGAP.
Según supo la diaria, la comuna entendió que debió incluir una cláusula sobre la gobernanza en el contrato de comodato, porque, de otra forma, corría riesgo de que, luego de firmado, un nuevo proyecto de ley buscara modificar la gobernanza de la UAM y dejarla afuera del directorio, o con menos peso. Además, las fuentes indicaron que el comodato de 30 años supera el largo de los contratos con los empresarios asentados en el recinto, que son de 25, lo que garantizaba la “plena seguridad jurídica”.
En la misma resolución en la que el directorio rechazó por siete votos a uno (el de Garín) el contrato de comodato de los terrenos se manifestó “la voluntad” de “buscar la forma jurídica de acceder a la propiedad de los inmuebles”. En otros términos, la mayoría del directorio de la UAM no quiere un comodato por los terrenos, sino que estos le sean transferidos.
Zumarán manifestó que “el espíritu” de la resolución “es no sujetar” la propiedad de los terrenos a la gobernanza de la empresa, que “está condicionada a factores que no son de dominio de la UAM”, en el sentido de que “son potestad del Poder Legislativo”. “Sujetar el comodato o condicionar la administración de los terrenos a algo de lo cual la UAM no tiene ningún tipo de influencia es un poco lo que llevó a no aceptar el comodato”, manifestó la secretaria general.
La semana pasada, Cosse habló sobre el tema en una rueda de prensa que consignó Subrayado y dijo que “no está planteado por ahora” pasar la titularidad de los predios a la UAM.
Días antes de ese comentario de la intendenta, Mattos dijo ante la citada comisión parlamentaria, según consta en la versión taquigráfica, que el tema le genera “preocupación”. “Está establecida la obra, asumido el endeudamiento, la estructura del negocio y la obligación del repago de la deuda, sin tener el respaldo jurídico de la tenencia ni del manejo y el usufructo de esos terrenos”.
Una tarifa subsidiada
En la misma comparecencia, Zumarán dijo que “parte de esa precariedad económica” que tiene la UAM “es por una situación concreta” y refiere a que la empresa “comprometió un subsidio de tarifa [a los particulares] para el primer año de funcionamiento que no es menor”. Comentó que “esto se previó para el primer año”, lo que “quiere decir que los ingresos futuros fueron previstos con la tarifa del contrato”, pero “la situación del mercado, los precios de la granja y la percepción cierta de que el costo de la UAM estaba siendo pesado para los operadores llevó a que la Mesa Ejecutiva decidiera no aplicar la tarifa de contrato”.
“Hoy, transcurriendo el segundo año de operación, no estamos con las tarifas del contrato, y la verdad que en el horizonte no es algo que vayamos a modificar. Esto trajo una distorsión en la proyección de ingresos respecto de la actualidad”, señaló.