El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspenderá cerca de 11.000 asignaciones familiares a familias que no envían a sus hijos a centros educativos. En una rueda de prensa, el titular de la cartera, Martín Lema, aseguró que “se va a exigir la contraprestación correspondiente”, es decir, que envíen a sus hijos o hijas a la escuela o a un centro de educación media. Lema expresó que 77% de estos niños y adolescentes tienen 13 años o más y que las situaciones son “muy diversas”.
Según planteó, el Mides tendrá un “rol proactivo” para que se “regularice” la situación. “Se van a identificar los hogares para advertir que si no van a los centros educativos se suspende la prestación”, apuntó, y agregó se apuntará a lo que el niño, niña o adolescente “necesita para tener más oportunidades”, que “es ir a los centros educativos”.
El secretario de Estado indicó que por año se realizan dos controles. El primero, que es a mitad de año, es el que tiene que ver con la matrícula, y el segundo, que es a fin de año, hace una valoración sobre la asistencia de cada alumno a los centros educativos.
“Cuando se toma conocimiento de diferentes situaciones que tienen que ver con las características se actúa a través de otro programa de acompañamiento, en caso de tener lugar. En el centro tiene que estar el menor, y para [que tenga] más herramientas y oportunidades necesita concurrir al centro educativo”, expresó. Esa asignación familiar, por lo tanto, “está condicionada a ese cumplimiento”, por lo que “lo peor que podemos hacer en estos casos es hacer la vista gorda”. En caso de hacerlo, dijo, “es prácticamente condenar a estos menores a que no tengan la posibilidad de formarse, aprender, y de salir adelante”.
La asignación familiar varía según la cantidad de menores a cargo y si deben asistir a primaria o a la educación media. A modo de ejemplo, Lema dijo que en un hogar que tenga un menor en primaria y otro en secundaria “estamos hablando de unos 4.300 pesos por mes que estarían recibiendo” estas familias.
“Cuando decimos la exigencia de la contraprestación está en el marco de que hay un incremento muy importante en prestaciones sociales que tienen que tener la contraprestación que está a nivel normativo. Hay que tener en cuenta que estamos con el bono social con UTE, que favoreció a más 126.000 hogares en bonificación de hasta 90%; estamos con la rebaja de supergás a 50% entre junio y setiembre para, justamente, familias que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad; eliminamos el tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares y permitimos ensanchar los ingresos para que se puedan revertir situaciones de vulnerabilidad”, justificó.