En la sala legislativa Martín C Martínez, la bancada de senadores del Partido Nacional (PN) recibió al ministro del Interior (MI), Luis Alberto Heber, y al subsecretario, Guillermo Maciel, para que informaran del presunto abuso de funciones en el que incurrió el hoy senador frenteamplista Charles Carrera cuando fue director de Secretaría del MI, en 2012, al habilitar a un hombre baleado supuestamente por un policía a recibir un tratamiento de fisioterapia en el Hospital Policial, pese a que el marco legal no lo permitía, según informó Heber.
La Ley 14.416, en su artículo 140, establece que al servicio Sanidad Policial le compete la “prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro; del núcleo familiar y pensionistas policiales, y el contralor sanitario y certificación de licencias por enfermedad del personal policial en actividad”. Sin embargo, la víctima no era, ni estaba vinculada familiarmente, a un agente policial, expuso Heber.
Este domingo, el programa Santo y seña de Canal 4 emitió un informe sobre el incidente ocurrido en la noche del 12 de noviembre de 2012, cuando Víctor Hernández, de 26 años, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico. Según el informe periodístico, esa bala provino de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, quien hoy dirige la comisaría de Lascano. La víctima presentó la denuncia en la órbita penal y civil, pero hasta el momento nadie fue responsabilizado por el hecho.
En ese entonces, Carrera dio su autorización para que recibiera atención excepcional en el Hospital Policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos durante tres años y medio, informó Heber a la bancada blanca. Por esto, el 13 de julio de este año el MI presentó una denuncia contra el senador frenteamplista para que se investigue si cometió o no abuso de funciones.
Previo a la reunión, Heber respondió al frenteamplista que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y que “nadie tiene coronita en Uruguay”. El jerarca explicó que la denuncia del MI en julio fue presentada por Asuntos Internos “porque entiende que hay delito o que puede haber indicios de delito. No fue una actitud que viene a partir de una orden del ministro”. De esa forma dejó entrever que no se trata de una “persecución política” como planteó Carrera en su momento.
El ministro tuvo conocimiento de la situación de Hernández cuando concurrió a Rocha en enero de este año. Según supo la diaria, Heber tomó nota de la situación de Hernández porque el alcalde de La Paloma, Sergio Muniz, del Frente Amplio (FA), le comentó en enero de este año que tenía que volver a investigar el hecho. A su vez, la víctima y su familia le plantearon que el caso “se había investigado mal”.
La llamada
Tras la reunión, en concordancia con los socios de gobierno, el PN decidió citar a la Comisión de Seguridad del Senado a Heber para que quede en actas y sea público lo charlado en el convite de este miércoles en el Parlamento. Jorge Gandini, senador nacionalista que citó al secretario de Estado para que dé explicaciones, sostuvo en una rueda de prensa que la disposición de pagar el ticket de alimentación por 20.000 pesos por mes en su momento equivalía al salario de un agente policial.
Según planteó Heber a sus correligionarios, esto se hizo con dineros que “se desviaron” del fondo policial. “No fueron recursos de la propia persona [Carrera], que por razones humanitarias podría haber pagado, sino que se utilizaron fondos de otro lugar para pagar esos tickets de alimentación y la estadía en el Hospital Policial por mucho tiempo, por un valor actualizado de unos 260.000 dólares”, expresó.
Para Gandini, la información que brindó el ministro es “compleja, completa y documentada”, por eso decidieron convocar a comisión a las autoridades del MI. En ese sentido, adelantó que hay apariencia delictiva de abuso de funciones, pero que también “puede haber otras cosas”. Sin embargo, indicó que eso lo determinará la propia Justicia.
“Lo importante es que se haga público, que se conozca, que se vea que aquí las denuncias las hizo la familia por un lado y Asuntos Internos por el otro. Hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos, sin respaldo legal, contrario a derecho” y que, “aunque las razones puedan ser humanitarias, el Estado tiene marcos legales aun para razones humanitarias y estos no fueron seguidos”, señaló.
Carrera planteó en diversas entrevistas periodísticas que el pago de tickets de alimentación, como también de la estadía en el Hospital Policial, contaba con la autorización de Eduardo Bonomi, el exministro del Interior hoy fallecido. Empero, Gandini indicó que según los documentos que puso sobre la mesa Heber, no constaba ninguna firma del exsenador, sino que hay una “autorización directa” de Carrera a Tesorería del MI a pagar esos fondos. “Bonomi no aparece en ningún lado, no hay una sola firma de él, sólo firmas de Carrera”, expresó.
Por último, Gandini criticó que el hombre baleado y su hermano hayan estado “viviendo ahí”, en referencia al Hospital Policial. “Desarrollaron allí sus vidas, festejaron cumpleaños, recibieron visitas, hicieron salidas. Nunca pagaron nada porque eran atendidos como oficiales de la Policía”, concluyó.