El exministro del Interior Jorge Larrañaga tenía el anhelo de acceder a las direcciones de los clubes cannábicos, que son una de las tres vías para adquirir marihuana con fines recreativos que habilitó la ley de control y regulación; las otras dos son la compra en farmacias y el autocultivo. El dirigente del Partido Nacional fallecido en mayo de 2021 tenía la sospecha de que una parte de la producción de los clubes se volcaba al mercado ilegal y que incluso una fracción se comercializaba en Brasil.
Ya con Luis Alberto Heber al frente de la cartera, el Poder Ejecutivo insistió en acceder a las direcciones de los clubes y lo planteó en el proyecto de Rendición de Cuentas del año pasado para que sean de acceso, “por razones de seguridad pública”, por parte del Ministerio del Interior (MI), con el fin de “la prevención de delitos”, pero su idea no prosperó. El titular de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), Daniel Radío, siempre fue contrario a la iniciativa, pero no por considerar que las autoridades no deben tener acceso a las direcciones, sino porque antes de entregarlas debía “salvaguardar la identidad de los usuarios” y porque no deben usarse “para realizar inspecciones o procedimientos” porque “para eso está el Ircca [Instituto de Regulación y Control del Cannabis”].
Luego de estas idas y vueltas, según informó Radío a la diaria, ahora se está en la etapa final del proceso para anonimizar los datos y entregarlos. “Yo asumo que los datos de los clubes el Poder Ejecutivo los puede tener, lo que no puede tener son los usuarios, porque puede tener los datos de cualquier otro comercio de cualquier cosa”, expresó.
“Estamos trabajando y vamos a transferir las direcciones de los clubes porque además pasa una situación ridícula que es que el MI llega a una plantación de cannabis y no sabe si es un club y qué hace, ¿procede o no procede?”, indicó. Apuntó que desde el Ircca están “demorados” porque ya lo tendrían que “haber pasado”, pero hubo “un problema operativo que se relaciona con cómo anonimizar los datos”, y que implica proteger la información personal de los miembros.
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Los clubes, dispuestos a charlarlo
La presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu), María José Miles, dijo a la diaria que en la organización no estaban al tanto de las intenciones de la SND, pero que “de ser así habría que ver bien quiénes son los que tienen acceso a esos datos”, puesto que no es lo mismo que se los den a las comisarías o a la Dirección Nacional de Drogas del MI, y esta discusión “es definitiva” en cuanto a la “posición” que puedan tomar los clubes al respecto. De hecho, no manifestó oposición y dijo que se podría “conversar” que las direcciones estén en posesión de “personas de alto mando, directores de determinado sector dentro del MI”.
Desde la Feccu entienden pertinente que se brinden las direcciones para que las autoridades sepan dónde están las plantaciones legales, pero si todas las comisarías tuvieran una lista “un millón de personas pueden tener acceso”, y “si es de conocimiento masivo” sería “un disparate”. Además, recordó que ya existe la posibilidad de que la Policía, por ejemplo ante una denuncia, consulte si se encuentra ante una plantación de las registradas o no; es decir, “si hay sospecha de delito ya se puede pedir la dirección” del club.
Por otro lado, sostuvo que dar las direcciones, en cierto sentido, puede implicar revelar quiénes integran los clubes, “porque si alguien tiene la dirección y ve quién entra y sale, sabe quién está en el club”. En este sentido, acotó que si las direcciones están en manos de los policías que trabajan en territorio “aumentan los niveles de exposición”.
“Sería un atropello a nuestros derechos hacerlo sin charlarlo”, sentenció Miles, y reiteró la salvedad de que “si se da el marco cuidado que corresponde” y “de la mano de otros cambios que se están pensando”, desde Feccu estarían dispuestos a negociarlo.
Ampliaciones
Los “otros cambios” que planteó Miles refieren a la ley de regulación y control del cannabis y su reglamentación. La principal propuesta de Feccu viene por el lado de “ampliar la capacidad productiva de los clubes”, que actualmente está topeada en algo más de 21 kilos anuales a dividir entre los socios, que pueden ser máximo 45. Y, precisamente, el límite de socios es algo que para los clubes “hay que eliminar” porque “no tiene sentido”. Apuntó que “si una persona quiere llevarse 20 gramos lo ves obligado a llevarse 40 porque necesitás que se lleve la cuota entera” y “muchas veces” reparte lo que le sobra “a un amigo que está comprando de manera ‘gris’”.
En el caso de que se quitara la limitante y se pudiera producir más, “capaz que en vez de tener 27% del mercado regulado tendríamos mucho más”, porque el límite “reduce las posibilidades de que el mercado regulado realmente abastezca a la gente”, planteó Miles.
“Una regresión a un esquema donde la marihuana está nuevamente en el terreno del control policial”
la diaria consultó a Diego Olivera, quien durante el último gobierno del Frente Amplio (FA) ocupó el cargo que ahora ostenta Radío, y se mostró contrario a que se le envíen los datos al MI, porque considera que hoy la Policía ya tiene la posibilidad de consultar si se encuentra ante un cultivo registrado en el Ircca o no.
Consideró que “lo mejor es que no se dé la información a otras instituciones porque ya hay un marco de control dentro del Ircca” que es “suficiente”, y por tanto no ve necesario “que haya una supervisión policial”, además de que la Policía puede despejar sus dudas consultando por casos específicos.
Según dijo, la hipótesis planteada por la administración de Larrañaga implica “una regresión a un esquema donde la marihuana está nuevamente en el terreno de la justicia penal o de la seguridad pública, del control policial, cuando en realidad lo que propone la ley justamente es la descriminalización”. Además, apuntó que “la hipótesis de que los clubes fueran fuente de tráfico ilícito no se sostenía” porque “nunca se llegó a demostrar que eso sucediera”.