Después de tener en sus manos el anteproyecto de reforma previsional presentado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Frente Amplio (FA) dispuso que una comisión integrada por 25 personas realice un análisis técnico del texto. Esta comisión estará liderada por Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), y Jorge Polgar, que integra la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP), pero en ella habrá dirigentes y militantes de los distintos sectores de la coalición de izquierda.
La idea de la fuerza política es ir con una posición común a la discusión parlamentaria, pero se percibe que los partidos de la coalición de gobierno, que recibieron el texto dos días antes, plantearán sus respectivas modificaciones y el texto final no será el que está en discusión. “Si le hacen cambios en la coalición, estamos leyendo una versión vieja”, dijo una de las fuentes consultadas para esta nota. El grupo convocará a distintas organizaciones sociales que entiende que deben involucrarse en la discusión, como el PIT CNT, la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y las cajas paraestatales, para conocer su opinión.
En la noche del lunes, en conferencia de prensa en la sede del FA, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo que la comisión creada para la ocasión funcionará “regularmente” para darle a la Mesa Política del FA “las herramientas y contrastar” el anteproyecto del Poder Ejecutivo con las recomendaciones que hizo la delegación del FA dentro de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).
Pereira indicó que el proceso llevará “como mínimo un mes”, y subrayó que le “llama la atención” que los expertos de la coalición de izquierda “estén leyendo el proyecto a toda velocidad y no hayan completado la mitad del articulado”, mientras que “todos los demás ya tienen las diez claves de la seguridad social”. “O nos enlentecimos o las diez claves están demasiado apresuradas”, acotó.
Agregó que en estos días “se escucha hablar de que es una cuestión patriótica”, pero si fuera así, “¿por qué no laudaron ya, por qué ya no se expresaron y ya no dicen todos que están de acuerdo con este proyecto?”, dijo, en referencia a la coalición.
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Castillo manifestó a la diaria que la comisión que estudiará el texto no es solamente técnica, porque “en el FA no hay técnicos puros o absolutos”, y que los 25 integrantes, además de sus “especialidades técnicas”, son “militantes políticos”. Pero la dupla de Castillo y Polgar no surgió ahora, sino que permaneció en diálogo con los tres representantes del FA en la CESS, cuyos insumos se tomaron como referencia para la redacción del anteproyecto. Y en aquella instancia los representantes del partido -así como los del PIT-CNT y de la Onajpu- votaron en contra tanto del documento diagnóstico como de las recomendaciones realizadas.
Además, en el FA ya hay diversos posicionamientos de sectores que son contrarios a algunos planteos incluidos en el anteproyecto presentado por Lacalle Pou o que no comparten el proceso de su realización. El secretario general del Partido Socialista (PS), Gonzalo Civila, declaró a la diaria que “no es lógico ni justo que se plantee como una especie de verdad absoluta que la reforma de la seguridad social que necesita Uruguay deba tener como consecuencia el aumento de la edad para jubilarse y la caída en los ingresos de los jubilados”.
Según dijo, “ese es un enfoque que retrocede en materia de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, y que además es “funcional a los intereses que no son los de las mayorías de nuestro pueblo”.
A su vez, aclaró que en 1995, cuando se hizo la anterior reforma de la seguridad social, “se prometió que a través del sistema mixto, con la creación de las AFAP, se iba a resolver el problema de la sustentabilidad del sistema” y que habría “un mejoramiento de los haberes de los jubilados”, lo que no tuvo “nada que ver con la realidad posterior”.
“Parece bastante curioso que se ponga como un elemento relativamente indiscutible el aumento de la edad de retiro y la caída de ingresos de muchos trabajadores y trabajadoras y ni siquiera se mencione el problema de las AFAP, que en este proyecto se profundiza. Ahí tenemos actores privados que han ganado mucho dinero y promesas incumplidas respecto de lo que eso iba a generar en el sistema”, apuntó Civila.
Para el secretario general del PS, dentro de esta discusión sobre la seguridad social debe incluirse “el tema de la reducción de la jornada de trabajo”, entre otros, y aseguró que es necesario “no acotar tanto la discusión” al régimen jubilatorio.
Mientras tanto, en una declaración que emitió el domingo el Comité Central del PCU, el sector del FA reafirmó “su postura, que es la del movimiento popular, de defensa de una seguridad social pública, universal, solidaria, sin fines de lucro y sin AFAP”. Además, cuestionó el proceso trazado por el gobierno para la construcción de su anteproyecto, y dijo que “promoverá que el FA haga lo que el gobierno no hizo”, que es “escuchar a todas las organizaciones y protagonistas vinculados a la seguridad social y recoger sus planteamientos y aportes”.
Castillo apuntó que el PCU no se niega “al debate” pero siempre que sea “sobre la base” de que el sistema de seguridad social “no es para recaudar, para seguir explotando a los trabajadores”, y que con esos principios irá a la discusión interna del FA.
A su vez, el diputado Sebastián Valdomir, dirigente del MPP que está dentro de los 25 que estudiarán el proyecto en la orgánica del FA, manifestó a la diaria que “el marco de referencia fundamental” para el sector “es el trabajo que hizo la delegación del FA en la CESS”. Además, agregó que el anteproyecto “tiene algunos temas bastante complicados” que, a su entender, “exigen una explicación” de parte del gobierno, que no mandó “ninguna explicación de motivos o una fundamentación económica financiera” junto al texto.
Asimismo, dijo que “el eje fundamental” está en el financiamiento del nuevo sistema, ya que el actual está basado “en los aportes de los trabajadores y patronales” y que, para el MPP, “tiene que ir dando pasos hacia otros mecanismos con aportes de otros sectores de actividad”. “No puede ser que el financiamiento del nuevo sistema fundamentalmente esté basado en cuatro o cinco años más de aportes de los trabajadores y los patrones. Tiene que haber una discusión profunda acerca de cómo se financia esto”, expresó. En este sentido, apuntó que es necesario la búsqueda de “otras fuentes” de financiamiento, que pueden ser “de diferentes áreas”, para lo cual es necesario analizar “la economía en conjunto”.