Este lunes a las 9.30 sesionará la Asamblea General, con un único orden del día: la elección de los cinco miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), pero, como no hubo acuerdo entre la coalición y el Frente Amplio (FA), el tema no se definirá el lunes, ya que se requieren dos tercios de los votos. Por lo tanto, según lo establece el artículo 37 de la Ley 18.446 (de creación de la INDDHH), se citará nuevamente a la Asamblea General para dentro de los siguientes 20 días corridos, y entonces se podrá definir con mayoría absoluta de los votos, es decir, sólo con la voluntad de la coalición.
Según supo la diaria, el oficialismo dividirá sus bancadas y votará dos listas de cinco miembros, pero dado que no se alcanzará la mayoría requerida, en la próxima votación se empieza de cero, con la nómina completa que envió a la Asamblea General la comisión especial bicameral conformada para la ocasión.
En la hoja A estarán Marcos Israel (presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, presentado por esa institución), Carmen Rodríguez (asesora de la División Jurídica de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, propuesta por varios legisladores blancos), Javier Palummo (abogado, presentado por Gurises Unidos, Mundo Afro, DNI Internacional y Data Uruguay), Gloria Robaina (exlegisladora colorada, propuesta por Gurises Unidos y el diputado colorado Marne Osorio) y Dardo Rodríguez (director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, recomendado por el diputado del Partido Independiente Iván Posada).
En la hoja B que votará la coalición aparecerán Bernardo Legnani (abogado especializado en Familia, propuesto por el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech), Jimena Fernández Bonelli (especializada en responsabilidad social empresarial, recomendada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Manos Veneguayas y la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible), Santiago Ruete (abogado penalista, presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín), Sofía Maruri (abogada, postulada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, la fundación Canguro y la Universidad de Montevideo) y Fernando Menéndez (exedil nacionalista en San José, presentado por la Organización de Derechos Humanos Stop Abuso Uruguay, Movidos por la Vida y Familias Unidas por Nuestros Niños).
En el caso del FA, según supo la diaria, en la nómina se incluirán los nombres de los actuales directores Mariana Mota y Wilder Tayler, propuestos por diversas organizaciones sociales, entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.
Las organizaciones sociales anuncian acciones legales
En tanto, la senadora del FA Amanda Della Ventura dijo a la diaria que la oposición no estuvo de acuerdo con dos resoluciones que tomó el oficialismo en la comisión especial que analizó las postulaciones. “No estuvimos de acuerdo en que fueran a la Asamblea General todos los nombres, sin ningún filtro, porque había algunos que no contemplaban lo que se exigía por la ley, es decir, que tuvieran antecedentes de trabajo en derechos humanos y preparación para esa tarea”, manifestó.
Tampoco estuvieron de acuerdo con la coalición en no recibir a organizaciones sociales que pidieron un encuentro con los legisladores previo a la votación en la Asamblea General. “El argumento era que ya se había votado que pasaran todos y nosotros decíamos que igual venía bien que escucháramos, porque íbamos a tener más elementos para el lunes”, expresó.
A su vez, este lunes por la mañana, en la explanada del Palacio Legislativo, más de 20 organizaciones de la sociedad civil convocaron a una conferencia de prensa para “denunciar las ilegalidades cometidas en el proceso de elección” de los nuevos directores del organismo y anunciar “acciones legales que se promoverán de forma inmediata”, según informaron en un comunicado.
Las organizaciones denunciarán una serie de aspectos que “no encajan” dentro de lo que establece la ley, dijo una fuente a la diaria. Por ejemplo, el artículo 39 de la Ley 18.446 establece que podrán presentar postulaciones “las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH”. Sin embargo, en algunos casos los candidatos fueron presentados por organizaciones que no están en ese registro, por lo que estarían inhabilitados.
Otro aspecto que cuestionan las organizaciones de derechos humanos es que la normativa establece que los postulantes deben cumplir una serie de características, como “contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, y en algunos casos se habilitaron candidaturas que no reúnen esas condiciones.
La senadora del FA Silvia Nane entiende que el proceso “ha sido a los ponchazos” y estuvo atravesado por “una urgencia de dar un golpe de timón en las políticas de derechos humanos” por parte de la coalición.
La legisladora armó una planilla con las competencias asignadas a la INDDHH, los ejes estratégicos del organismo, los postulantes, su formación académica y su experiencia en la materia. “Traté de armar un ranking y, en una escala del uno al 15, 70% [de los candidatos] está por debajo de diez y 60% del total por debajo de 5%. Uno puede tener buena voluntad y ganas de estar ahí, pero no es un lugar para gente voluntariosa”, apuntó
“Vos no podés poner a [Diego] Burgueño como persona con experiencia en derechos humanos. Vos lo ponés porque es una señal política. Y una persona que hace apología del terrorismo de Estado no puede conducir una INDDHH”, apuntó.