La Comisión de Constitución de Diputados recibió el miércoles a distintas delegaciones para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley de tenencia compartida, a estudio de la cámara baja tras su aprobación semanas atrás en el Senado. El texto que surgió como resultado de negociaciones a la interna del oficialismo, tras unificar los proyectos de Cabildo Abierto y de las senadoras blancas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, recabó críticas de varios actores en la sesión como en los debates previos; sin embargo, fue defendido por la organización de padres Familias Unidas por Nuestros Niños y el grupo Abuelas sin Nietos.
“Necesitamos aprobar esta ley desde el Parlamento”, dijo Raúl Menéndez, abogado que asistió como parte de la delegación de Familias Unidas por Nuestros Niños, uno de los promotores originales de la iniciativa. Sostuvo ante los legisladores que la tenencia compartida que consagra el proyecto de ley es un “derecho” establecido en la Constitución, pero que no encuentra un correlato en la práctica, según su opinión, por falencias del Código de la Niñez y la Adolescencia.
“Hemos escuchado muchas voces que dicen que la ley es innecesaria, porque esto está legislado, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque el artículo 35 de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia lo que legisla es la tenencia monoparental, que no tiene un solo artículo que hable de la tenencia compartida. O sea, tenemos un gran debe, específicamente, en la legislación nacional sobre la regulación de este instituto, porque no está legislado”, señaló Menéndez. Según su explicación, la legislación vigente “asegura los dos primeros años del niño con la madre y el resto dice que se va a privilegiar a la persona que haya convivido más tiempo con el niño”; esto hace que predomine “una tenencia monoparental” y que no exista en la normativa ni “un solo artículo que hable específicamente” de la tenencia compartida.
“Creemos que es una deuda histórica que se tiene con los niños hijos de padres separados”, expresó Marcel Mantero, otro integrante de la organización, que sostuvo que “hay que mirar al mundo, porque hay países que han tomado esta solución hace más de 30 años y no han dado un solo paso atrás”. Mencionó que hay legislación que establece “la tenencia compartida como primera opción o como una opción prioritaria” en países tan variados como Inglaterra, Francia, Australia, Chile, Suiza, Rusia, España, “la mayoría de los estados de Estados Unidos”, Brasil, Italia, Argentina, Costa Rica, Japón y Cuba, entre otros.
Ambos voceros del grupo de padres que defienden el proyecto de tenencia compartida apuntaron contra lo que ocurre hoy en los juzgados de familia, que a su entender priorizan a la madre para la crianza de los hijos en casos de separaciones sin acuerdo entre las partes. “Tener papá y mamá es un derecho humano; a veces, lamentablemente, no se cumple. Los que pasamos por los juzgados de familia la pasamos, realmente, muy mal; hay cosas que se sufren y que es difícil expresar con palabras, pero son verdaderas máquinas de picar, muchas veces, en lo emocional, en lo económico, en lo psicológico”, señaló Mantero.
Mientras que Menéndez indicó: “Estamos yendo a los juzgados todos los días y vemos que los niños dicen ‘quiero vivir con papá y mamá’, y el juez los deja de lado. Esa voz se acalla y el juez opta por una solución diferente, porque confunde la ideología propia con lo que tiene que fallar en el juicio”.
El abogado y representante de la organización defendió los artículos 4 y 6 del proyecto a estudio, que han sido los más criticados por parte de los actores sociales y los legisladores no afines a la tenencia compartida. Estas disposiciones habilitan el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor.
Para Menéndez que las medidas cautelares aplicadas a un progenitor con denuncias por violencia “puedan ser revisadas por un tercero, que es el juez de familia común”, es una medida “garantista”. “El juez tendrá a la vista todas las disposiciones que establece la ley y las prerrogativas para otorgar tanto las visitas como la tenencia, que es la evaluación del vínculo, cómo se llevaban los padres antes, los informes técnicos, los informes del defensor, es decir, [habrá] un juicio con más garantías pero, sobre todo, escuchando al niño y haciendo preponderante el interés superior del niño, como lo establece el proyecto. Esta solución en vez de perjudicar al niño lo beneficia”, declaró.
“Muchos abuelos hemos tratado de judicializar”
El grupo Abuelas sin Nietos se expresó en igual sentido y pidió a los legisladores no modificar los artículos 4 y 6 del proyecto de ley aprobado en el Senado, porque esas disposiciones “hacen que el niño no se desvincule” de la familia. “Este no es sólo un tema de los padres, sino también de la familia ampliada, porque a estos niños no los ven sus abuelos, sus tíos ni sus primos, ya que cuando los padres se separan, los niños, generalmente, van con su mamá”, dijo Aracely Souza.
Marisa Pérez, otra integrante del grupo, señaló: “Muchos abuelos hemos tratado de judicializar, pidiendo visitas, pero son procesos muy largos y muy costosos. No todos los abuelos tenemos la posibilidad de pagar un abogado defensor que nos haga todo el proceso para poder visitar a los niños”.