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Obras en la estancia Buen Retiro. foto: Archivo Barreto & Morató

Derechos laborales vulnerados y riesgo de incendio: nuevas denuncias de los propietarios del castillo Morató

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La empresa china que está a cargo de la instalación de más de 20 torres de alta tensión de UTE se encuentra trabajando en una zona declarada de interés patrimonial.

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Leído por Mathías Buela.
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Luego de que UTE comenzara las obras para instalar 23 torres de alta tensión de unos 50 metros en la zona del castillo Morató, en Paysandú, los propietarios del predio alertaron a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del riesgo que esto supondría sobre el valor paisajístico e histórico del lugar. Es que, en febrero de 2022, la estancia Buen Retiro en la que se encuentra la construcción de comienzos del siglo XX fue declarada Patrimonio Histórico Nacional.

A ese reclamo inicial se suman ahora nuevas denuncias. La obra de UTE, que cuenta con financiamiento parcial del BID Invest y que consiste en el cierre del Anillo de Transmisión del Norte del país que unirá Tacuarembó con Salto, se le otorgó a la estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Según manifestaron los hermanos Antonio y Alfredo Morató a la diaria, la empresa de construcción comenzó a trabajar en el predio de la estancia Buen Retiro hace unos tres meses. Fue en las últimas semanas que los propietarios comenzaron a notar ciertas irregularidades que llamaron su atención.

“Desde que se inició la licencia de la construcción en Uruguay, quienes están trabajando en el predio son operarios de origen chino. Intentamos establecer diálogo con ellos, pero no entienden el español, por lo que se hace imposible poder comunicarnos. No hay personal de UTE presente, no han ido al lugar para preparar el tendido de las torres, cuando su normativa exige una inspección in situ”, dijeron los Morató.

La familia Morató entiende que el predio corre riesgo de incendio y que las obras que están llevando a cabo la estatal china CMEC se encuentran “sin ningún tipo de fiscalización y en clara infracción a las normas de seguridad laboral”, según se expresa en el documento dirigido a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), al que accedió la diaria. Según los denunciantes, los operarios, que se encuentran “manejando potentes máquinas retroexcavadoras que perforan la tierra a gran profundidad”, no cuentan con cascos e indumentaria de seguridad alguna y “trabajan de sol a sol”.

“Trabajan sin descanso, de lunes a domingo”, manifestaron a la diaria los Morató y agregaron que si bien intentaron establecer “un orden mínimo”, para poder registrar quiénes salen y entran al predio, no fue posible generar un diálogo con los operarios debido a la “barrera idiomática”.

En ese sentido, en la denuncia que presentaron a comienzos de enero a la IGTSS se expresa: “Juzgamos necesario que se realice una inspección de forma urgente, porque los operarios uruguayos que seguramente conocen las normas de seguridad e higiene laboral se encuentran gozando de la licencia de la construcción. Estamos dispuestos a mantener una reunión en la que planificar la forma de ejecución de los trabajos, como modo de compatibilizar razonablemente la buena marcha del trabajo con la seguridad de las cosas y de las personas”. A su vez, en la denuncia se adjuntan imágenes en las que se identifica a los trabajadores operando con sombreros de sol en lugar de cascos.

Por otro lado, parte de la preocupación más urgente de los propietarios del predio –y asunto que forma parte de una denuncia presentada al Ministerio del Interior (MI)– tiene que ver con un posible riesgo de incendio.

Los operarios de CMEC dejaron a la intemperie desechos con sustancias combustibles colocados en bidones transparentes. “Se trata de envases destinados a conservar agua potable, lo que evidencia que los mismos no son aptos para conservar combustible. No son inflamables, ni térmicos, lo que supone un importante riesgo de ignición espontánea, por el solo efecto del sol”, se advierte en la denuncia a la que accedió la diaria y se agrega: “Atravesando actualmente nuestro país una de las más importantes sequías de los últimos años y encontrándose el combustible tirado en una zona de importantísima forestación, consideramos urgente poner en conocimiento de las autoridades este hecho de apariencia delictiva”.

Castillo Morató. Foto: Archivo Barreto & Morató

Alfredo Morató, en calidad de denunciante ante el MI, justifica que este hecho puede constituir un delito y cita el artículo 207 del Código Penal: “No cabe duda que dejar por varios días un recipiente de nafta al sol en el medio del campo, en envases de plástico transparente que pueden favorecer la ignición espontánea o la explosión de la misma, es un agente poderoso de destrucción que puede poner ‘en peligro la seguridad de las personas o bienes de los demás, o lesionare tales derechos, por el empleo de medios o agentes poderosos de destrucción’”.

Los hermanos Morató entienden que tanto el MEC como el Ministerio de Ambiente “dejaron el patrimonio nacional en manos de una empresa de origen chino, con trabajadores del mismo origen, que seguramente no son conscientes de lo que representa este lugar para nuestro país y para nuestra cultura” y agregan que se dejó en “manos de una empresa extranjera la construcción de enormes pozos y trincheras, sin ningún control estatal, incumpliendo las normas laborales y poniendo en riesgo la seguridad de los operarios chinos y la de nuestro predio y trabajadores”.

Según Antonio y Alfredo Morató, junto con el personal de la estancia se sienten inseguros por los posibles riesgos que pueden suponer los desechos de combustible en el campo, y denuncian que lo único que pretenden es que “se hagan las cosas ordenadamente”. “Sentimos que el Estado te pasa por arriba y no pasa nada. Que se lleva por delante las normas que él mismo crea. Es penoso ver que un ente público como UTE obtiene una autorización ambiental previa afirmando que en ningún caso la línea habrá de pasar por predios patrimoniales o monumentos históricos y que luego, cuando sobreviene la declaratoria de patrimonio (y todavía no se había iniciado la obra), no se haya pedido una autorización adecuada a la nueva circunstancia conforme la normativa que establece requisitos especiales para ejecutar una obra en un predio declarado Patrimonio Cultural de la Nación”.

La denuncia más reciente de los titulares del padrón rural 610, en el que se encuentra el castillo, fue dirigida al Poder Ejecutivo. Allí reclaman que se le quite a UTE la autorización ambiental que se le otorgó para ejecutar la obra “Proyecto de Línea de Alta Tensión de 500 kv (Salto-Chamberlain-Tacuarembó)”.

Entre los argumentos presentados en la denuncia al Poder Ejecutivo se indica que las obras de UTE están incumpliendo con los “lineamientos para el análisis de la afectación sobre bienes patrimoniales históricos y culturales de proyectos sujetos a Autorización ambiental previa”. Según los denunciantes, estos lineamientos no fueron tenidos en cuenta, “por la sencilla razón de que la UTE cuando presentó la solicitud ambiental previa, le comunicó a la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] que en ningún caso los corredores de las líneas de alta tensión atravesarían monumentos históricos nacionales. Y luego de que el establecimiento Morató fuera declarado Monumento Histórico Nacional, la UTE omitió informarle al Ministerio de Ambiente este hecho más que relevante”.

Cabe señalar que la familia Morató está a la espera del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta instancia, grupos de individuos o comunidades que crean estar siendo afectadas negativamente por operaciones financiadas por el BID pueden apelar. A su vez, los propietarios del predio esperan respuestas de la Comisión de Patrimonio del MEC.

“La Comisión del Patrimonio debió designar un delegado con presencia permanente en [la] obra, el que junto con el arqueólogo encargado de la obra debe controlar que no se dañe el patrimonio arqueológico del sitio y ambos deben suscribir en forma conjunta el libro diario, tal como establece el decreto 536/972. El delegado de la comisión nunca fue designado y el arqueólogo contratado por la UTE nunca está en la obra”, indicaron los Morató y concluyeron: “Están destruyendo un monumento histórico, la estancia de Rivera, una de las más importantes estancias jesuíticas de la Banda Oriental, sin ningún control patrimonial o arqueológico. Sentimos impotencia y tristeza”.

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