Luego de haber sido primera ministra de Dinamarca, en el marco de la construcción de un nuevo espacio en el sistema político danés, Birgitte Nyborg –nombre y personaje ficticio de la serie Borgen– mantuvo una reunión con un banquero que quería financiar ese novel partido. Como contrapartida, en ese primer convite, el multimillonario no quiso nada a cambio –algo que alegró a Nyborg, pues esa era su meta–.
Sin embargo, quien preparaba el programa económico de un eventual gobierno de ese nuevo partido –y quien acercó al empresario a la lideresa– hizo cambios en un punto sobre impuestos que terminaban beneficiando al banco que dirigía, justamente, el presidente de esa sociedad. Al notar que la “donación” podría influir en su política, Nyborg decidió echarse atrás y devolver el dinero que financiaría buena parte de su campaña.
Este es un ejemplo ficticio que a la larga o a la corta puede –o pudo– ser realidad en Uruguay. Para transparentar esos números en la financiación de las colectividades políticas, en el Parlamento se estudia, desde inicios de gobierno, cambios a la ley de financiamiento de los partidos políticos. El tema está sobre la mesa desde la legislatura pasada, pero por no llegar a acuerdos internos en el Frente Amplio (FA), el proyecto cayó y se volvió a retomar este período con una comisión especial que la integran todos los partidos.
El proyecto, que está a estudio en la cámara baja, toma como base buena parte de lo planteado anteriormente, pero con la coalición multicolor ahora al frente del gobierno, se esperan varios cambios. Esas modificaciones se esperaba que llegaran a inicios de diciembre, a instancias del diputado por el Partido Nacional (PN), Juan Martín Rodríguez, pero por cuestiones de agenda no pudo ser.
Visto que 2023 se trata de un año preelectoral, los diputados intentarán apurar el documento para llegar a los máximos consensos. Según entienden desde el sistema político, este proyecto debe salir por unanimidad, aunque puede ser que no se compartan algunos artículos.
Rodríguez recordó que los cambios a esta ley siempre se realizaron o se intentaron hacer poco tiempo antes de que iniciara la campaña preelectoral. En ese marco, dijo que quisieron hacer la “excepción” y reconoció que fracasaron con “total éxito” pues la posible aprobación de las modificaciones se hará cercana a un período electoral. La mayoría de los partidos tiene establecido, al menos, que en el segundo semestre de este año se empezarán a confirmar los posibles precandidatos, aunque de antemano algunos ya se sepan.
De todos modos, el nacionalista dijo a la diaria que más allá de eso él prefiere lograr los consensos “suficientes y los más amplios posibles”. “No vamos a aprobar nada que no recoja el respaldo también del FA. No vamos a votar modificaciones en función de la mayoría circunstancial. En las cosas que nos podamos poner de acuerdo gobierno y oposición, las aprobaremos; y en las que no nos podemos poner de acuerdo, seguirán como están”.
Cuanto antes
Según Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado (PC) integrante de la comisión, se debe seguir trabajando para que tenga media sanción en Diputados en el primer semestre para que, “lo más rápido posible”, se apruebe luego en el Senado. “Una vez que vaya finalizando este 2023 estaremos ingresando en un nuevo proceso electoral, claramente. Siempre es conveniente que la normativa que rija a los partidos políticos, y otros aspectos que tienen que ver con el proceso electoral, se fijen antes y no en el camino de ese proceso”, valoró en diálogo con la diaria.
Rodríguez estima que se pueda avanzar cuanto antes. Por tal motivo quedó preestablecida una reunión, para fines de enero, en el seno de la coalición multicolor para definir un articulado del proyecto, que sirva para empezar a discutirlo. “Deberíamos avanzar lo más rápido posible” para aggiornar la normativa que rige desde 2009, expresó.
En tanto, el diputado frenteamplista Carlos Varela dijo a la diaria que manifestaron su preocupación en la comisión por la forma en que se había prolongado el trabajo y porque “no se estaba cumpliendo con el objetivo que habíamos tenido de votar en primera cámara el proyecto antes de fin de año” para que los senadores lo trataran en los primeros meses de este nuevo año.
“Se ha demorado muchísimo. Obviamente vamos a apostar a la buena voluntad y la sinceridad de todos. La llave es que ellos tienen los votos, pero todos hemos hecho lo mismo porque este es un proyecto que amerita que tenga el mayor consenso posible y sería lo mejor que fuera por unanimidad. El FA está dispuesto a conversar y a bajar algunas de sus pretensiones para lograr esa voluntad, pero no todas”, planteó.
Coincidió, a su vez, que este tipo de leyes hay que votarlas “lo más lejos posible” de los períodos electorales. Por eso, el FA espera que en las primeras sesiones del año –que comenzarían en febrero por el receso parlamentario– se presente la propuesta para así analizarla.
En el trabajo de la comisión, legisladores de la coalición gobernante presentaron un “semáforo”. En verde, por un lado, está “lo que se lleva” del proyecto presentado anteriormente, mientras que en amarillo son los puntos negociables, y en rojo en los que no habrá tregua. “En verde lo único que estaba era el título, después todo lo demás se ha modificado”, planteó Varela.
Sobre los puntos en amarillo hay “una cantidad de artículos” en los que desde el FA creen que se puede llegar a acuerdos porque “son elementos de ajuste de declaración”. Mientras que en rojo, hay algunos artículos que “son los que van a ser más debatidos”. “Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con si las empresas pueden aportar o no pueden aportar”, adelantó.
Varela cree que sería “ideal” que el Estado sea quien financie los partidos, pero sabe que eso no es posible. “La diferencia está en que nosotros planteamos que sean personas físicas y no jurídicas las que puedan apoyar a los partidos. O sea, un empresario podría hacerlo en tanto ciudadano; en la empresa no lo podría hacer en tanto se generan compromisos”, ejemplificó.
La coalición plantea que las empresas pueden aportar y, seguramente –dijo–, tendrán los votos para que eso se apruebe. También se discutirán los organismos que estarían controlando el cumplimiento de la ley. Varela indicó que plantearon que haya una “especie de coordinación” entre la Dirección General Impositiva, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral (CE) para hacer el control, pues son organismos especializados en algunos de los aspectos incluidos en el proyecto.
“La coalición se inclina a que sea la CE, nosotros no estaríamos en desacuerdo, en tanto haya un compromiso efectivo de la coalición de votar los recursos en la última rendición de cuentas de este año. Con los actuales recursos materiales no está en condiciones de hacer efectivo el control de esta ley”, remarcó. Varela espera que la ley “sea lo más ajustada posible al objetivo que se busca, y no simplemente un acto de voluntad”.
Deme un lugar
Cabildo Abierto (CA) mantiene su posición de no avanzar en este proyecto hasta que cambien las autoridades de la CE, donde según la votación que tuvo en 2019, le correspondería tener un ministro. Hoy ese titular lo tiene el Partido Colorado (PC). Álvaro Perrone, diputado por CA, dijo a la diaria que “nada indica que se vaya a dar” el cambio, y que eso es “una falta que el sistema político está teniendo porque a CA le corresponde un lugar”.
“El PC tiene que dejar un lugar, pero no están las voluntades políticas para hacerlo. Son temas que venimos llevando en todos los ámbitos de negociación pero la realidad es que no se ha respetado”, dijo, y agregó que para todo “siempre hay voluntad política y se buscan acuerdos, pero justo en este tema no lo hay”.
Por su parte, el colorado Rodríguez dijo que eso no depende del PC y que los cuestionamientos de CA reflejan que “no habría confianza en la institución CE”. “Nosotros confiamos más allá de quienes la integren eventualmente. Atar una cosa con la otra, no me parece”, concluyó.