Desde las 10.00 de este lunes y durante al menos cuatro horas la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados escuchará las opiniones de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), la Asociación de Bancos Privados y el directorio de la Caja Bancaria sobre el proyecto de ley para reformar el subsistema previsional del sector bancario, cuyo déficit se estima en 900 millones de dólares durante más de una década.
“Vamos a defender el proyecto de ley”, afirmó en diálogo con la diaria Elbio Monegal, presidente del Consejo Central de AEBU. Recordó que el texto fue consensuado entre las tres partes –sindicato, bancos y Poder Ejecutivo– y comentó que ninguna de las partes propondrán modificaciones. “Si a algún legislador se le ocurre presentar una mejora, bienvenida sea, pero nosotros defendemos el proyecto así como está”, subrayó Monegal, y añadió que esperan que “el trámite parlamentario sea lo más rápido posible”. Por disposición constitucional, el proyecto debe aprobarse antes del 27 de octubre, un año antes de las elecciones nacionales.
La reforma establece un adelanto del aumento de la edad jubilatoria para los activos y un impuesto máximo de 4% para los pasivos. Los bancos privados elevarán los aportes de la prestación complementaria patronal, mientras que el Estado colaborará con una “garantía soberana” para que la Caja Bancaria pueda endeudarse por hasta 400 millones de dólares. No habrá transferencias desde Rentas Generales.
En declaraciones a Canal 5, Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados, sostuvo que se trata de “una solución de consenso”. No obstante, afirmó que “la mayor parte del ajuste recae sobre todos los bancos” y mencionó que, en caso de aprobarse el proyecto, los bancos pasarán a “tener una tasa de aporte patronal de 54%”, cuando en el resto del sector privado el promedio es de 7,5%.
El jueves, durante su comparecencia ante la comisión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, aseguró que “en un mediano plazo” la reforma permitirá consolidar “un fondo que no tiene dificultades dentro de, pongámosle, 20 años”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
Otro panorama
No hay el mismo consenso en torno al proyecto de ley para reformar la Caja de Profesionales Universitarios. Aunque apuntó que “naturalmente tienen similitudes”, Alfie sostuvo que el tratamiento de ambas iniciativas “no puede ser exactamente el mismo” porque “parten de bases totalmente distintas”. En el corto plazo, sostuvo, la situación de la Caja de Profesionales es “un poco menos acuciante”, pero advirtió que, “si no hacemos nada”, en el largo plazo “el deterioro será enorme”.
“Vamos a pasar de asistencias del orden de poco más de 100 millones de dólares anuales a asistencias de 200, 300 millones; y después, en la década del 40, del orden de 500 millones anuales”, lo cual “prácticamente anula las posibilidades de otra asignación de recursos si se dedican a este colectivo”, señaló el director de la OPP.
El proyecto, que es rechazado por la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, dispone un aumento de la tasa de aportación de 16,5% a 19% –que podría llegar a 22,5%–; crea un nuevo impuesto de entre 2% y 10% para las pasividades superiores a los 33.960 pesos y autoriza “transferencias” por parte del Estado por hasta 2.000 millones de pesos a partir de 2025. Si bien el texto fue aprobado por mayoría en el directorio de la caja, sus autoridades han solicitado, entre otras cosas, que este apoyo económico se otorgue de inmediato.
Al respecto, el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano dijo que “la estrategia del Estado es dejar morir a la Caja, que agote sus recursos, para luego, supeditado a que todas estas medidas no funcionen, poner la plata recién en 2025”, según consta en la versión taquigráfica de la última sesión. A su entender, el Poder Ejecutivo “está pateando el problema de la Caja para el gobierno siguiente”, y dijo que el mensaje que se da es “lavémonos las manos mirando indolentes cómo la Caja termina de naufragar”.
Asimismo, Sodano definió el nuevo gravamen a los jubilados como “una doble imposición diabólica”, en referencia al IASS, que ya se les cobra a los profesionales retirados.
En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo coincidió con Sodano en que el Poder Ejecutivo “patea la pelota para adelante” al disponer las transferencias desde 2025, cuando “el presidente de la República ya no va a ser el presidente [Luis] Lacalle Pou”.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian señaló que “puede haber alguna solución distinta” a la que propone el proyecto, pero destacó que “otra vez el Poder Ejecutivo, sobre un año electoral, viene a plantear una solución a un sistema de seguridad social”. “Todos los grandes predictores y los grandes ‘Nostradamus’ que había en otros gobiernos sabían la situación en la que estaba y no lo hicieron”, manifestó.