La situación de la Caja de Profesionales a partir de la segunda mitad de 2025 es una incógnita. Luego de que la Cámara de Diputados rechazase este lunes la reforma que había elaborado el Poder Ejecutivo para atender su déficit, el directorio de la institución realizó este martes una conferencia de prensa para manifestar su sorpresa, decepción y preocupación. La presidenta del organismo previsional, Virginia Romero, advirtió que el agotamiento de las reservas incluso “puede precipitarse para 2024” y reclamó una solución para antes del próximo viernes, cuando vence el plazo constitucional para modificar el régimen de la Caja de Profesionales, un año antes de las elecciones nacionales.
Esto último parece imposible. En entrevista con Desayunos informales, de Canal 12, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que, en principio, el tema se tratará en el próximo quinquenio, “cualquiera sea el gobierno que esté”, y señaló que la nueva reforma tendrá “un componente de mayor velocidad en los cambios” en comparación a “la que podríamos haber acordado si se hubiera votado ayer”.
Mientras tanto, como “un mensaje de tranquilidad”, Mieres aseguró que el gobierno realizará “un monitoreo muy estricto para asegurarnos de que las proyecciones sean correctas”. “La Caja tiene viabilidad hasta la segunda mitad de 2025”, señaló, y apuntó que, “si hubiera un desvío”, el Poder Ejecutivo va a “tomar cartas y buscar alguna solución”.
Al igual que el directorio de la Caja de Profesionales, Mieres dijo tener “una sensación de decepción” ante el fracaso de la reforma en el Parlamento y responsabilizó a “los que no votaron”, con referencia al Frente Amplio y Cabildo Abierto. Sobre este último, mencionó que planteó nueve modificaciones, de las cuales el gobierno aceptó siete. “Los dos puntos que no fueron aceptados afectaban claramente el equilibrio financiero: bajar el aumento de los aportes de los activos y bajar la contribución de los jubilados. Cuando uno sumaba ambos efectos desandábamos el camino que habíamos iniciado”, afirmó.
Por otra parte, Mieres señaló que la Caja de Profesionales “tiene reglas de juego bastante más favorables que el resto de la población”, las cuales “explican, en parte, por qué tenemos un problema de financiamiento”. Desde el gobierno han marcado que a lo largo de su trayectoria los profesionales aportan, en promedio, entre 35% y 40% de la jubilación que reciben al retirarse.
Afiliados piden “reformas estructurales”
En diálogo con la diaria, la presidenta de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, Cristina Muguerza, sostuvo que el fracaso de la reforma no cambia la perspectiva de la institución, porque “la Caja tenía que seguir autofinánciandose hasta 2025”, dado que en el proyecto de ley la primera transferencia desde Rentas Generales se ejecutaba en 2025. Asimismo, afirmó que “las medidas que se iban a tomar no eran para salvar la Caja, sino para hundirla”.
Muguerza sostuvo que el aumento de la tasa de aportación “iba a hacer que muchos dejaran de aportar”, es decir, “iba a disminuir más los ingresos”; en tanto, el nuevo impuesto para los profesionales jubilados “iba a desencadenar toda una serie de reclamos por inconstitucionalidad que creo que podían tener un resultado favorable, porque se estaban violentando derechos adquiridos”. A esto le sumó el rechazo prácticamente unánime de los gremios de profesionales: “No conozco uno que no se haya manifestado en contra del proyecto”.
Acerca del tratamiento parlamentario, Muguerza opinó que “los legisladores no tuvieron tiempo para profundizar” en la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo. De todos modos, sostuvo que, al margen del plazo constitucional, “habría que ponerse a trabajar en serio” para avanzar en “un proyecto real que tenga reformas estructurales” del organismo previsional. “Eso es lo que se necesita: reformas estructurales y no paramétricas, como se estaba planteando ahora”, resaltó. De todos modos, reconoció que, por el momento, “el panorama no es muy claro”.
Por su parte, Sergio Bedrossian, referente de un grupo de profesionales independientes, dijo a la diaria que el Poder Ejecutivo tiene “tres soluciones a mano” para mitigar el déficit de la Caja de Profesionales. La primera, una asistencia financiera directa por parte del Estado, conforme al artículo 67 de la Constitución; en segundo lugar, un redireccionamiento del IASS que pagan los profesionales jubilados desde el Banco de Previsión Social hacia la caja –“nuestros pasivos aportan hace más de 15 años muchos millones de dólares”–, y, por último, una “readecuación” del valor de los timbres profesionales.
Bedrossian sostuvo que, por las distintas variables de ajustes, actualmente “hay un descalce de un 24%” entre los timbres y las pasividades que otorga la institución, e indicó que la recaudación de los timbres supone “un 34% aproximadamente del total de sus ingresos”. Excepto la primera, estas soluciones no fueron consideradas por el Poder Ejecutivo.