Ingresá

Fernando Pereira.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Legisladores del FA entienden que no tienen “garantías” como oposición por falta de “control” en el Ministerio del Interior

3 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Consideran que los hechos de espionaje vinculados a Bergara y Carrera, así como lo sucedido en torno al caso Penadés, tampoco dan garantías “a la sociedad uruguaya”

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

Al manifestar sus sospechas sobre la posibilidad de tener el teléfono intervenido, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, instaló este miércoles un manto de duda sobre las “garantías” que brinda el sistema para ejercer el rol de oposición política. Las declaraciones de Pereira generaron un revuelo inmediato en el oficialismo e incluso una denuncia ante la Interpol por parte de un diputado nacionalista, y el concepto de posibles faltas de “garantías” quedó sobrevolando en filas de la oposición.

“Garantías no tenemos”, dijo a la diaria el senador frenteamplista Charles Carrera. “Mario Bergara y yo somos una prueba viviente: fuimos víctimas de espionaje, de tareas de inteligencia en este gobierno”, señaló, y agregó que esto “no es un hecho privado, no es humo: hay una sentencia que formalizó a una persona que había solicitado el armado de carpetas personales con fines extorsivos para que nosotros retiráramos la denuncia del puerto” y para “que no cumplamos el rol que tenemos en el sistema democrático uruguayo actual, que es ser oposición”.

Estos delitos, a entender de Carrera, “son delitos contra la democracia”, y en este sentido consideró que se atraviesa “una degradación institucional muy fuerte”, con “un gobierno que no se hace cargo y entonces minimiza, no habla del tema”. “[Alejandro] Astesiano estaba en el piso 4 de la Torre Ejecutiva por orden del presidente, no fue por una disposición del Espíritu Santo”, ironizó Carrera, y apuntó que eso “le daba acceso a un montón de sistemas de información, de infraestructuras de seguridad pública, que deben ser utilizadas en beneficio de toda la sociedad”.

Carrera también recordó que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, “fue objeto de tareas de inteligencia”, así como “los gurises del liceo 41”, e hizo mención también al caso del exsenador Gustavo Penadés, en torno al cual se montó “una trama y un servicio de inteligencia paralelo, al servicio de fines espurios, para eximir de responsabilidad a Penadés” en las acusaciones por abuso sexual de menores.

“Pérdida de control”

La idea de la falta de garantías que atraviesa a parte de la oposición va de la mano con lo que entienden que es una “pérdida de control” por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de su cartera. Así lo entendió el senador Enrique Rubio, que marcó el caso de Carrera y Bergara como “una expresión muy clara de que, en realidad, garantías no podemos decir que tenemos”, puesto que “no se sabe quiénes y cuántos están operando sobre el sistema político y sobre la oposición”.

Para Rubio, “hay demasiados síntomas que son puntuales pero de cosas extrañas”, propias “de falta de dominio y de control de una situación delicada en relación con la situación de las personas y el acceso a sus medios de comunicación”; en este sentido, afirmó que “el problema central es que el ministro del Interior no tiene control de la situación, y eso genera un sentimiento de incertidumbre”, de no saber “cuáles son las garantías democráticas” de evitar “que se vulnere mi privacidad y otra serie de valores compartidos por toda la sociedad”.

Entonces, el problema no es sólo para la oposición sino, a entender de Rubio, “para todo el sistema político” si es que “cualquiera se mete y entra a manejar datos de El Guardián”. “¿Quién es el que tiene la responsabilidad política de eso? Es el ministro el que tiene que ocuparse de la cuestión”, sentenció, al tiempo que entendió que se trata de un “estado de situación”.

Por esta misma línea fue la senadora Liliam Kechichian al ser consultada por la diaria. La legisladora entendió que “más allá de que los frenteamplistas hemos vivido algunos episodios en el sentido del espionaje”, son “los uruguayos en general” quienes no tienen garantías y “por eso también nuestra crítica y nuestro pedido de renuncia a un ministro muy desgastado”.

Kechichian recordó que “estamos ante un ministerio que ha tenido que remover a casi 15 de los 19 jefes de Policía departamentales, que con el caso Astesiano tuvo que remover a toda su cúpula, que ahora nos hemos enterado de que se violó El Guardián”.

“Hay un tema grave con la información personal”

Por su parte, la senadora Silvia Nane consideró que “no tendría por qué no haberlas”, en referencia a las garantías para ejercer la oposición, pero planteó que “lo que dice Fernando [Pereira] le puede pasar, hoy por hoy, a cualquier ciudadano, si no sabemos ni qué pasa con las escuchas de El Guardián ni qué pasa con nuestros datos privados”.

En este gobierno, sostuvo Nane, “hay un tema grave con la información personal” porque, por ejemplo, “la base de datos de portabilidad numérica está en Brasil” y no se sabe “si la están auditando”; asimismo, apuntó que “hay muchísimos organismos públicos que no tienen todavía designado su delegado de datos personales y de tratamiento de la información, como dice el Decreto 64/020 de este mismo gobierno”. Uno de ellos es el propio Ministerio del Interior, que “hasta agosto todavía no había designado” a alguien para esta área, aseguró Nane.

“Hoy garantías puede haberlas por la gente que haga bien su trabajo; lo cierto es que en materia de auditorías y de trazabilidad evidentemente no estamos bien, porque desde el propio MI no sabemos quién le presta la clave a quién”, agregó Nane, y recordó que tampoco se sabe, “en el nuevo upgrade de El Guardián, cuáles son las funcionalidades nuevas que se incorporaron” ni tampoco “cuáles de esas están implementadas ni con qué garantías”.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura