La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con los votos del Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente, el proyecto que elaboró la oposición para dar respuesta a los adeudos de los extrabajadores de Casa de Galicia, que ahora deberá volver al Senado puesto que recibió modificaciones en la cámara baja. Entre otros puntos, la iniciativa dispone transferencias por hasta 105.000 unidades indexadas por trabajador, lo que, según informó el propio FA, cubriría los créditos laborales de 1.000 de los 2.100 trabajadores a los que se les adeuda.
La diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, una de las principales promotoras de la iniciativa, explicó durante la discusión que de los demás trabajadores “algunos cobrarán menos y otros más, porque acá hay una renuncia general, obviamente, a lo que les correspondía de acuerdo a las décadas de trabajo en la institución”, e hizo énfasis en que “hay una renuncia de parte de todos los trabajadores médicos y no médicos a sus créditos al aceptar este tope que establece la Ley 19.690 [creación del fondo de garantía de créditos laborales en el Banco de Previsión Social, BPS]”.
Etcheverry fundamentó la necesidad de esta ley en que la norma que el Parlamento aprobó en febrero de 2022 “inmediatamente empezó a redistribuir a los socios y a trasladar las cápitas a cada uno de los prestadores, pero el proceso de reasignación de los trabajadores no médicos y médicos empezó en mayo y hasta hoy [los prestadores] no han cumplido”.
En ese sentido, la legisladora del Movimiento de Participación Popular dijo sentir “un poco de satisfacción de poder culminar el tratamiento de este proyecto de ley”, porque “no es la solución pero es una herramienta potente que establece márgenes mucho más claros para que los trabajadores médicos y no médicos puedan hacer valer derechos adquiridos y, además, firmes expectativas generadas por el propio gobierno”. Asimismo, hizo hincapié en que “no compromete más recursos que lo que corresponde”.
Por parte del oficialismo, uno de los principales argumentos para votar en contra de esa iniciativa fue el riesgo de que sea declarada inconstitucional a futuro, debido a que cambia “reglas del juego muy importantes” que tienen que ver “con las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], del BPS”, sostuvo el diputado blanco Pedro Jisdonian. En esa línea, el legislador se preguntó: “Cuando eso pase, ¿quién se va a hacer cargo de haber jugado con las ilusiones de los trabajadores [a los] que hoy estamos acá tratando de buscarles una salida?”. Asimismo, Jisdonian criticó que hay “un montón de involucrados que ni siquiera se tuvo la deferencia de convocarlos al Parlamento” durante el trámite en la cámara baja.
Sobre el tema de la inconstitucionalidad, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo no tener “la intención de engañar a nadie” y que “si es inconstitucional lo sabremos en el futuro y buscaremos algún tipo de solución”. “Este problema preocupaba a CA y queríamos votarlo, porque si bien Casa de Galicia era una empresa privada, se manejaba con dineros públicos que asignaba el Estado, y si el Estado no hizo en su momento el contralor que tenía que hacer, el Estado hoy se tiene que hacer cargo”, reflexionó, y aseguró que por medio de esta iniciativa “el Estado se está haciendo cargo”.