El eco de la sesión de este miércoles de la Asamblea General, en la que no se levantó el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley de Casa de Galicia, todavía resuena en el Parlamento, ya que el Frente Amplio (FA) no da por cerrado el tema, dado que interpretan que técnicamente el veto no se levantó pero tampoco se confirmó.
El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo a la diaria que están haciendo consultas jurídicas con constitucionalistas, pero parten de la base de que “no hubo una culminación de la Asamblea General y la proclamación del resultado de la votación no se condice con los artículos 138 y 139 de la Constitución”, algo con lo que el senador blanco Jorge Gandini coincidió. “Vamos a evaluar con la bancada de diputados y con los trabajadores, médicos y no médicos, de Casa de Galicia, para ver qué se hace, porque no queremos impulsar una nueva Asamblea General sin tener los votos correspondientes, ya que tampoco queremos generar falsas expectativas”, subrayó.
Caggiani dijo que “está claro” que en la sesión del miércoles no hubo tres quintos ni para rechazar el veto ni para mantenerlo. Agregó que la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien presidió la sesión, proclamó que no solamente se habían alcanzado los tres quintos para rechazar el veto, “lo cual no es así”, sino que además “dio por válidas las observaciones y las propuestas del Poder Ejecutivo”, y eso “es un disparate desde el punto de vista constitucional”. “Yo no sé a quién consultó [Bianchi], sería bueno que lo diga públicamente, porque en realidad no hay nadie, por lo menos de los que hemos consultado, que sostenga esa tesitura hasta el día de hoy”, indicó Caggiani.
Por último, el senador opositor insistió con que la sesión de la Asamblea General del miércoles “no terminó”, sino que “está suspendida”, porque Bianchi “la levantó sin ningún tipo de fundamento”. “El desarrollo de la Asamblea y el resultado no fueron culminados”, finalizó.
Botana: “Voy a ir hasta donde legalmente se pueda ir”
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana, que votó para levantar el veto, dijo a la diaria que piensa que Gandini “tiene razón” y también quiere asesorarse “debidamente” para ver “cómo se puede proceder”, porque él no tiene “buen dominio de la herramienta” constitucional. “Voy a ir hasta donde legalmente se pueda ir. Soy el primero que empezó a defender este tema y voy a ser el último en retirarme”, acotó.
Además, Botana subrayó que ya había advertido que “el riesgo que se asume” al vetar parte de la ley es que haya “siete veces” mayor gasto, por los posibles juicios que puedan hacer los exfuncionarios de Casa de Galicia, que ya anunciaron que los llevarán adelante.
En tanto, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, partido que también votó para levantar el veto, dijo a la diaria que “el asunto está liquidado” y que, además, no le pueden “generar expectativas a la gente”. Señaló que se puede sostener otra posición, pero “no tiene ninguna viabilidad política”. De todos modos, dijo que “si alguien toma la iniciativa” de volver a convocar a la Asamblea General, “seguramente” acompañarán.
Bianchi: “Tengo seis antecedentes de vetos” y “siempre se actuó de la misma manera”
Por su parte, consultada por la diaria sobre la posibilidad de que se cite de vuelta a la Asamblea General, la senadora Bianchi subrayó que “el veto quedó confirmado y ya está en el Poder Ejecutivo”, ya que se “hizo totalmente como corresponde”, por lo tanto, “que ni se molesten: no hay que citar a ninguna otra Asamblea”, apuntó. La senadora aseguró que la “opinión de todos los constitucionalistas” coincide con la interpretación de que el miércoles la Asamblea General confirmó el veto.
“Yo tengo seis antecedentes de vetos en distintos gobiernos y siempre se actuó de la misma manera. Los que tienen que tener los tres quintos son los que impugnan el veto. No los tuvieron; en consecuencia, quedó confirmado el veto”, insistió. Bianchi agregó que también es un “disparate” pensar que deben pasar 30 días para que se confirme el veto, porque el artículo 139 de la Constitución se refiere a “cuando no se reúne la Asamblea o no se toma resolución”.
Además, Bianchi aseguró que es un “disparate jurídico” augurar que al Estado le costará más que el proyecto sea vetado por los juicios que podrían llevar adelante los extrabajadores de la mutualista. Subrayó que Casa de Galicia era una empresa privada que quebró y “el Estado no despidió” a los trabajadores, por lo tanto, “la empresa es responsable”. “El 23 de diciembre [de 2021] el juez clausuró la empresa, entonces, los créditos los debe Casa de Galicia, que es lo que queda después del concordato. Los trabajadores no pueden iniciarle un juicio al Estado porque no es una empresa pública”, remarcó.
Por último, Bianchi señaló que hubo tres sentencias favorables a los trabajadores en primera instancia, en juicios contra Casa de Galicia, y “obvio que ganaron, pero no hay de dónde cobrar”, que es “lo que pasa siempre en las empresas que quiebran”. Para Bianchi, los extrabajadores de Casa de Galicia le pueden iniciar un juicio al Estado por este tema, “pero es imposible que lo ganen”. “Pongamos que algún juez cometa un error, que sería garrafal, pero un tribunal de apelaciones lo revocaría, porque el Estado no responde por créditos laborales de empresas privadas”, finalizó Bianchi.