El directorio de la Caja de Profesionales resolvió el pasado jueves –por mayoría– aumentar la tasa de aportación de los afiliados activos de 16,5% a 18,5% a partir del 1° de enero de 2024, informó El País. En principio, el incremento de 2%, que todavía no ha sido comunicado formalmente a los trabajadores profesionales, se aplicará durante un año, aunque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más.
La medida llega casi un mes después de que el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para “salvar” a la caja, cuyas reservas se prevé que se agotarán en el transcurso de 2025, fracasase en el Parlamento por los votos en contra del Frente Amplio y Cabildo Abierto.
El directorio de la caja basó su decisión en la ley de la reforma jubilatoria (20.130), que establece que, ante “resultados operativos deficitarios”, las cajas paraestatales “deberán” implementar “las medidas precautorias inmediatas necesarias con la finalidad de detener y revertir la descapitalización observada”. La normativa faculta a las autoridades del organismo previsional a disponer “un aumento de hasta dos puntos porcentuales de las alícuotas de aportación, así como proponer al Poder Ejecutivo las iniciativas legislativas que se entiendan del caso”; también establece que el incremento será “prorrogable por un año adicional por el Poder Ejecutivo”.
Desde el directorio de la caja señalaron a la diaria que el aumento de la tasa de aportación “era la única medida que podía tomar el directorio” tras el rechazo a la reforma del gobierno en el Parlamento. Mencionaron además que en los próximos días trabajarán en otras medidas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En entrevista con Primera mañana de la radio El Espectador, la presidenta de la caja, Virginia Romero, sostuvo que la Ley 20.130 le impone al directorio la obligación de “hacer este procedimiento de aumentar estos dos puntos porcentuales”, dado que el instituto acumula “casi diez años de resultados operativos negativos”.
La reforma que había propuesto el Poder Ejecutivo establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación de 16% a 19,5% –que podía llegar hasta 22,5%–, un nuevo impuesto de entre 2% y 10% para los profesionales jubilados y transferencias desde Rentas Generales hacia la caja por hasta 2.000 millones de pesos.
Romero señaló que estos otros cambios exceden al directorio y advirtió que “solamente pagando los activos es imposible que la caja sobreviva”. “No somos optimistas de que esto llegue fácilmente a 2025 y le dé el tiempo al próximo gobierno de plantear una nueva ley”, agregó.
Según el Poder Ejecutivo, los profesionales aportan a lo largo de su trayectoria apenas entre 35% y 40% de la jubilación que perciben al retirarse. Según números de la caja, la jubilación promedio es de 80.000 pesos, pero como la mayoría de los cotizantes están “estacionados” en la segunda categoría –de 8.000 pesos– se requieren “diez aportantes para pagar una jubilación”.
Distintas reacciones entre afiliados
Ante esto, el grupo Profesionales Independientes convocó a una movilización para el próximo jueves a las 14.00 frente a la sede de la caja, cuando está previsto que sesione nuevamente el directorio. “Le vamos a pedir la renuncia al directorio”, adelantó a la diaria Sergio Bedrossian, uno de sus referentes. A su entender, “el sistema democrático está siendo absolutamente vulnerado”, ya que, si bien las autoridades de la caja tienen un amparo legal por medio de la ley de la reforma jubilatoria, esto supone una “burla” por el “recorrido que tuvo la ley exprés en el Parlamento”.
“El directorio se mandó esta para coronar su trayectoria nefasta”, afirmó Bedrossian, y aseguró que “el gran objetivo es la afapización de la caja”. Señaló que la renovación del directorio, al que calificó de “entreguista”, será recién en 2025 y “eso es mucho tiempo”. En las últimas elecciones de la caja, que no son obligatorias, votó aproximadamente sólo 10% de los habilitados.
Diferente es la posición de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales. Su presidenta, Cristina Muguerza, dijo a la diaria que, si bien “no es bueno hacer un aumento de los aportes de los activos por las consecuencias que puede tener”, al mismo tiempo entienden que “el directorio estaba obligado a tomar la resolución que tomó”. “Era una posibilidad que había desde el momento en que la [Ley] 20.130 ya está vigente”, señaló.
No obstante, Muguerza valoró otras iniciativas “positivas” que el directorio de la caja está trabajando junto al Poder Ejecutivo, como, por ejemplo, “medidas judiciales que refieren a la ejecución de deudores” del instituto o el ajuste de los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios, el mismo que se aplica para las pasividades, y no por el Índice de Precios al Consumo, como ocurre actualmente.
La Asociación de Afiliados no participará en la movilización del próximo jueves. “No estamos pidiendo la renuncia del directorio; entendemos que eso no aporta ninguna solución”, expresó Muguerza.