En el primer aniversario del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), promulgada en julio de 2020, la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional (PN) organizó este lunes un evento en la ciudad de Las Piedras, Canelones, para resaltar los “efectos positivos” de la normativa, al que asistieron distintas autoridades del PN, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue el primero en tomar el micrófono. Luego de agradecer a la juventud del PN, el jerarca definió la LUC como “un gran instrumento político y jurídico” que consagró “derechos y libertades” y que también derribó “muchos mitos”. “Se habló de que era un programa oculto, poco transparente, que se estaba haciendo a espaldas del sistema político... Sucedió todo lo contrario”, manifestó. Mencionó además que la idea del proyecto de ley surgió en 2017 del actual presidente, Luis Lacalle Pou.
A dos años y medio de su entrada en vigencia, Ferrés dijo que la LUC “es la hoja de ruta del país” porque, entre otras cosas, “sentó las bases para una transformación educativa, sentó las bases para controlar el ejercicio de los gastos [mediante el instrumento de la regla fiscal] y sentó las bases en materia de seguridad pública”. Aseguró que “todo ha servido para mejorar” y, acerca de los cuestionamientos de la oposición, afirmó que “nada sucedió”.
A su turno, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, retomó el capítulo de seguridad de la LUC, compuesto por decenas de artículos. Manifestó que durante la campaña por el referéndum la coalición de gobierno tuvo que “enfrentar la campaña de mentiras más grande” que vio en su vida. Acto seguido, leyó desde su celular “algunos pequeños comentarios de ese momento”. “El licenciado [Gustavo] Leal, que casi fue ministro del Interior, decía que estas disposiciones iban a consagrar la lógica del Far West”, mientras que el senador frenteamplista Charles Carrera decía que “la LUC era la ley del gatillo fácil”.
Según González, con el tiempo transcurrido se puede decir que “no pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar”. “Hoy, un año después, estoy esperando la conferencia de prensa pidiéndoles perdón a los policías”, porque, a su entender, esos comentarios de dirigentes del Frente Amplio (FA) fueron “contra la Policía”.
El director de Convivencia sostuvo que antes de la LUC “la cosa no era changa” en materia de seguridad, pero la normativa “cambió la realidad”. El jerarca contrastó las cifras de delitos con las del último gobierno del FA y aseguró que la disminución se debe a “herramientas que la Policía necesitaba”, aunque algunos delitos registraron aumentos, como los homicidios, que crecieron 25,2% en 2022 en comparación con 2021. “Cambió la forma en la que nos podemos relacionar con la Policía, [la LUC] obligó a todos los policías a salir de la comisaría y dar la cara”, continuó González.
También participó en el evento Gonzalo Baroni, director nacional de Educación. Al igual que González, empezó afirmando que durante la campaña por el referéndum la coalición de gobierno compitió no sólo contra el FA, sino también contra “buena parte de la dirigencia sindical”. Las autoridades del gobierno, sostuvo, “explicamos una y otra vez que no se iba a privatizar la educación y que no íbamos a quitarle fondos a la educación”.
Según Baroni, la LUC implementó cambios en la gobernanza de la educación “para tener una responsabilidad más clara con los votantes”, dado que, anteriormente, “teníamos buena parte de la educación con una dirigencia que no representaba lo que la gente había votado”. “Simplificamos la gobernanza y eso se permitió gracias a la LUC”, subrayó. También mencionó que “por primera vez en la historia de Uruguay” habrá docentes con título universitario, lo cual motivó aplausos de los presentes.
Vivienda y adopciones
En el encuentro también hubo un espacio para el capítulo de la LUC sobre adopciones, que fue uno de los contenidos cuestionados previo al referéndum. La directora del programa de adopciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Valeria Carballo, aseguró que la ley “ha permitido garantizar el derecho de todos nuestros niños a vivir en familia”. Asimismo, dijo que durante la campaña por el referéndum desde la oposición “hablaron de compraventa de niños” y “nada más lejos de eso”, con base en que por el momento no se ha detectado ninguna “situación irregular”.
Por último, Juan Pablo Delgado, presidente del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, cuestionó los “famosos” y “terroríficos” anuncios sobre “desalojos exprés” que ocurrirían a raíz de la flexibilización del régimen de alquiler que estableció la LUC. Afirmó que en alrededor de 5.500 desalojos en 2021, sólo 103 casos fueron por artículos de la LUC, y ninguno de ellos fue un desalojo exprés. La normativa, ratificada en las urnas exactamente un año atrás, “es una buena herramienta para alquilar una vivienda digna con formalidad”.