El fiscal de Corte, Juan Gómez, anunció este lunes en una conferencia de prensa su decisión de trasladar a la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, por discrepancias con su actuación en torno al caso Astesiano. Fossati será trasladada a la fiscalía de Flagrancia de 16° turno, que estaba vacante, y en su lugar quedará la fiscal Sabrina Flores.
Gómez señaló que tomó esta decisión en función de preservar la institución de la Fiscalía ante diferentes actitudes de la fiscal, pero no por decisiones que la fiscal haya tomado en el ejercicio de sus funciones.
“El cambio de fiscal va a permitir que se siga trabajando sin tanto ruido mediático”, aseguró el fiscal de Corte, quien recordó que Fossati en reiteradas oportunidades le pidió el traslado de fiscalía y que varias veces denunció “hostigamientos y presiones” en su desempeño.
Gómez dijo que la decisión se tomó “en nombre de la mayor transparencia” y planteó que se ha puesto en duda la transparencia de la Fiscalía y la pertinencia de los tiempos en los que tomó la decisión. “No soy de tomar decisiones apresuradas, esto lo medité”, aseguró.
En ese sentido, Gómez leyó algunos de los mails que Fossati le mandó pidiéndole que sea apartada de la causa y advirtió que la decisión “no tiene ningún tipo de relación” con la denuncia realizada por el abogado del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal contra Fossati por negarse a informar por qué hechos lo estaba investigando.
“Quizás es momento de que revierta su decisión anterior y me sustituya en la tarea que llevo adelante en estas causas, no tengo reparos en que los referidos expedientes sean encomendados a otro colega, si ello fuera conveniente como mensaje”, expresó Fossati en un correo electrónico que envió a Gómez el 4 de marzo, que fue leído por el fiscal de Corte en la conferencia de prensa.
Gómez también dijo que en un mail enviado por Fossati el 17 de marzo le planteó “dos opciones de destinos posibles en caso de traslado: Delitos Económicos y Complejos u Homicidios”.
“Acá no se trata de actuar bajo presión absolutamente de nadie. Cumplimos la obligación legal y constitucional que nos ampara, con mucha independencia de toda cuestión que tenga que ver con partidismos o ideologías; nosotros no estamos para eso, estamos para garantizar a la población un servicio serio”, agregó.
Gómez aludió a las críticas sobre que “no hay conducción” en la Fiscalía y manifestó que en su opinión esa crítica no está fundada en hechos. “Basta mirar el año y seis meses que llevo y verán si hubo o no hubo conducción, cosas positivas, y en ese momento me señalarán qué es lo que fue negativo. Tengo la certeza de que hemos hecho cosas muy positivas para la vida de la institución, que es la institución de mi vida”, expresó.
Además, Gómez señaló que pesó en la decisión la denuncia de Fossati contra el fiscal Fernando Romano, dado que al tratarse de dos fiscales que deben subrogarse entre sí, la situación perjudica a la institución y podría repetirse en un futuro. “El traslado constituye un movimiento horizontal con análoga función e igual grado de jerarquía, por lo que no se lesionan derechos de carrera funcional”, señaló.
Consultado sobre las manifestaciones de Fossati, quien en las últimas horas dijo que quería continuar a cargo del caso y particularmente en la investigación vinculada al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gómez respondió que en la reunión de la mañana del lunes tuvo “una larga charla” con Fossati y señaló que la fiscal le pidió que la trasladara a una fiscalía especializada en Delitos Económicos, algo que viene reclamando desde hace varios meses.
Las reacciones del sistema político
Para Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, el traslado de Fossati “confirma la falta de respeto que tiene la gestión de Gómez”. “Me parece totalmente inapropiado que el fiscal de Corte, cuya gestión está siendo muy observada por todo el sistema y la opinión pública, se introduzca e incida en la definición de causas cambiando a la fiscal”, expresó a la diaria, y agregó: “Me parece mucho más inapropiado que lo haga a pedido de un abogado defensor”, en referencia a la denuncia que presentó Camaño. A su entender, ese es el motivo de la salida de Fossati: “El que pide que la cambien es el abogado de Leal. Por favor, no tengo ninguna duda”, afirmó.
Gandini señaló que la fiscal tenía “la tarea de representar al pueblo” y que eventualmente podía “acusar o no”, pero que, en cualquier caso, “después siempre hay un juez”. Lamentó que Fossati no haya podido “trabajar tranquila” y remarcó que la resolución de Gómez reviste una “enorme imprudencia”.
En tanto, el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía opinó que el apartamiento de Fossati luego de la denuncia de Camaño “no es apropiado en absoluto porque no es la defensa de los fiscales que tiene que hacer la jerarquía”. A su entender, aunque Fossati había solicitado previamente su traslado a otra fiscalía, la situación cambió porque fue “cuestionada” en el caso de Leal, “y trasladarla es de alguna forma hacer lugar al cuestionamiento que le estaban haciendo”. Zubía dijo a la diaria que la resolución de Gómez “ratifica la necesidad imperiosa de llenar el cargo de fiscal de Corte, sea por la vía del triunvirato o sea por la vía unipersonal”.
Consultado al respecto, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, expresó a la diaria que la decisión de Gómez “es la prueba más cabal de que el sistema político tiene necesidad de tomar medidas que le aseguren a la población una justicia penal imparcial, apolítica, eficiente y seria”. Sostuvo que al observar la interna de la Fiscalía, con “fiscales que se andan peleando a los gritos”, “la población tiene la imagen de que es un caos, y eso hay que resolverlo”.
Domenech dijo que la Fiscalía “no tiene rumbo”, “anda a los tumbos” y carece de una “dirección sólida”. “La reforma del procedimiento penal ha significado una involución en la historia de la Justicia en Uruguay”, agregó.
En tanto, desde la oposición el senador frenteamplista José Carlos Mahía dijo a la diaria que “lo sano” en un caso “tan delicado” es “apoyar la decisión institucional” de la Fiscalía, que además “luce muy meditada, más aún cuando queda mucho por investigar y por esclarecer en el caso Astesiano”. Respecto de la asociación entre el traslado de Fossati y la denuncia de Camaño, opinó que “caer en ese tipo de comentarios es estar en la chiquita”. Desde el sistema político, sostuvo, “hay que aportar calma y respaldo institucional”.
En sintonía, el senador frenteamplista Charles Carrera afirmó en una rueda de prensa que “no corresponde que estemos opinando acerca de resoluciones administrativas del sistema de justicia”. “Lo que sí esperamos es que se avance en la investigación, porque la investigación tiene muchas puntas abiertas y la sociedad uruguaya todavía tiene muchas interrogantes”.
La trayectoria de la nueva fiscal
Flores estuvo al frente de la Fiscalía de Cerro Largo de 1er Turno y luego pasó a estar a cargo de la Fiscalía de Maldonado de 2º turno. Después fue trasladada a Montevideo, donde fue titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género. En abril de 2022 había pasado a ser la titular de la Fiscalía de Flagrancia de 10º turno.
Fue una de las fiscales que actuaron en el caso de Marcelo Balcedo cuando era fiscal en Maldonado y estuvo al frente tanto de su detención como de los allanamientos de su casa en el Cerro del Burro.
Balcedo denunció a la fiscal por “daños y perjuicios” en el allanamiento y le reclamó 90.000 dólares. Desde la Fiscalía se consideró que se intentaba “amedrentar” a la fiscal, por lo que se le dio respaldo. En aquel entonces, la Asociación de Magistrados Fiscales manifestó su total rechazo ante “estas maniobras procesales que procuran intimidar y atemorizar a los fiscales que actúan en las persecuciones criminales”.
En una entrevista con la Fiscalía, Flores definió el rol de un fiscal como quien se encarga de reunir las pruebas para presentarlas ante un juez para que se defina su inocencia o culpabilidad en el caso. Indicó que “un fiscal representa a toda la sociedad y a la víctima”. En particular sobre la “benignidad” de los acuerdos abreviados, señaló que “cada caso tiene muchas variables, cada caso es especial y hay que atender las circunstancias de los hechos, de las pruebas que se reunieron, de las víctimas y de los testigos”.