Tras un camino no exento de discrepancias, la coalición llegó a un acuerdo sobre el mediodía del martes respecto del proyecto de ley de tenencia compartida, que comenzó a votarse este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados. Mientras que la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde fue la encargada de presentar el informe en mayoría por parte del oficialismo, del lado del Frente Amplio (FA) fue tarea de la legisladora Cecilia Bottino hacer lo propio con el informe en minoría.
“¿Cuál es el problema que se pretende resolver con este proyecto? ¿A quién favorece? ¿Para quién está pensado? Las instituciones nos dijeron que estamos ante un proyecto innecesario, inconveniente y que daña a niñas, niños y adolescentes”, expresó Bottino durante su alocución, y citó en primera instancia el informe de gestión anual correspondiente a 2021 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).
“Durante el año pasado se atendió un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que implica la intervención en promedio de 19 casos por día”; de ese total, señaló la diputada, “2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al Sipiav durante 2021”, lo que representó “un aumento de 43% respecto de 2020, año en el que se registraron 4.911 casos de violencia”.
El 25 de abril será presentado, a su vez, “un nuevo informe del Sipiav, que ya escuchamos al presidente del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Pablo Abadala] decir que la cifra va a aumentar fundamentalmente respecto del maltrato y abuso sexual infantil”, agregó Bottino, y se preguntó: “¿Por qué este parlamento no se dedica a abordar las respuestas que necesita para afrontar esas cifras tan escalofriantes?”.
“Ahora, después del 25 de abril, vamos a salir horrorizados a analizar las soluciones que año a año decimos que se tendrían que adoptar”, mientras que el “INAU devolvió a Rentas Generales, en 2021, 750 millones de pesos y plantea como prioridad este proyecto. ¿Esto es proteger para este gobierno?”, lanzó.
“La miembro informante en mayoría ha hablado de una ‘familia tradicional, de padres y madres, desconociendo que esa familia tradicional ya no existe más, desconociendo la existencia de familias ampliadas; se ha desconocido incluso el trabajo de las organizaciones sociales, desconociendo incluso el rol que cumple en nuestra sociedad el feminismo, incluso atacándolo”, sentenció.
El articulado
Bottino repasó algunos de los artículos del proyecto, al que señaló como “profundamente ideológico” y que contraviene “el lugar que ocupan las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, un campo en el que nuestro país ha suscrito ya los acuerdos internacionales sobre los que siempre hemos sido respetuosos y observantes de su cumplimiento”.
El artículo 4, que modificó el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) y habilita así las visitas aun cuando haya una denuncia de por medio, según el informe en minoría, pone “en contradicción las legislaciones actuales aprobadas para la protección de la niñez y adolescencia, que ratifican los principios de la Convención de la Niñez, muy especialmente la prohibición de revinculación de los niños, niñas o adolescentes con quienes están denunciados por atentar contra la integridad física, psíquica y/o sexual intrafamiliar”.
Bottino recordó que el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay señala que “dejar a una niña o niño a merced de una persona abusadora sin adoptar medidas de protección durante el tiempo que demora la condena” puede tener consecuencias “gravísimas e irreparables”.
En tanto, el artículo siguiente también modifica el CNA y coloca un plazo de entre 120 y 150 días al juez competente para dictar sentencia; sin embargo, “no se establece qué pasa si no se cumple”, lo que según el informe “parece ser más una disposición de tipo ‘para llenar el ojo’ que con una finalidad real y concreta. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo de los juzgados de Familia, el cumplimiento de los plazos previstos es materialmente imposible”.
“Se habló de la posibilidad de que las madres cometieran denuncias falsas, se ha dicho también en la prensa”, continuó Bottino, e insistió con que “la normativa vigente prevé cuatro oportunidades para verificar si la denuncia por violencia de género tiene verosimilitud”.
Según la diputada, “en algunos casos, quienes concurrieron a pedir soluciones pueden pensar que este proyecto soluciona esas demoras que puede haber en el proceso judicial” respecto de la tenencia compartida; sin embargo, no dijeron “que eran necesarias reformas legislativas”, planteó Bottino.
Mientras tanto, “quienes fueron a hablar en contra de este proyecto dijeron que esas demoras en los procesos judiciales no se solucionaban con este proyecto; al contrario, [dijeron] que este proyecto lo volvía más dificultoso, con responsabilidades que se establece a los jueces, otras que se establece a los defensores de oficio”. Las soluciones, aseguró, van por otorgar “más recursos al Poder Judicial” y “destinar mayores recursos en la creación de juzgados especializados, porque se van a ver abarrotados incluso a través de esta ley, y en el interior mucho más”.
“Los representantes que nos encontramos en este plenario tenemos que acordarnos, a la hora de levantar la mano para votar este proyecto, de la realidad que viven miles de niñas, niños y adolescentes de este país”, que serán “abandonados a su propia suerte si se aprueba este proyecto”, concluyó.