Tras reunirse la Mesa Política del Frente Amplio (FA), este martes, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, anunció que de aprobarse los proyectos de tenencia compartida y de prisión domiciliaria para mayores de 65 años -o 70, como propone el Partido Nacional-, y si el FA obtiene el gobierno en 2025 derogará los “aspectos” que considera más regresivos de ambas normas.
En rueda de prensa, Pereira sostuvo que hay una agenda de retroceso en materia de derechos, y puso al proyecto denominado de corresponsabilidad en la crianza como ejemplo. “Lo que dicen Unicef, la INDDHH y Serpaj es que ponen a nuestros niños y niñas, que sufren violencia, en manos de los violentos”, indicó, al mismo tiempo que pidió que se coloquen recursos en la Justicia para que sea “más rápida” en estos casos.
“Si el FA es gobierno” hay “aspectos” de estos proyectos que derogará, confirmó Pereira ante la consulta de la prensa. “Si tiene mayoría parlamentaria, no tengan ninguna duda”, ratificó; “podremos equivocarnos”, pero “no nos equivocamos en que nuestro voto no estará para poner a niños y niñas en riesgo”, aseguró.
Por otro lado, Pereira se refirió al proyecto de reforma de la seguridad social, del que dijo que “nadie sabe el contenido” porque “se discute entre los partidos del gobierno y van cambiando la fecha de acuerdo a los desacuerdos”. En ese sentido, se quejó de que no se le informe al FA y que no se le contesten “a los 42 diputados las 30 preguntas para saber de qué se tratan las 91 modificaciones previo al acuerdo con Cabildo Abierto, ni se ha contestado formalmente cuánto significa económicamente” el cambio que ha acordado Presidencia con el partido liderado por Guido Manini Ríos.
Según Pereira, el gobierno “no respeta” al FA, que “fue el más votado en las elecciones de 2019”, e insistió en que si ganan en 2024 van a convocar a un diálogo social a empresarios, partidos, jubilados y trabajadores para desarrollar una reforma “integral” de la seguridad social.
Para Pereira, en el marco del tratamiento de estos proyectos “hay una moneda de cambio” entre los socios de la coalición para que se aprueben rápidamente sus proyectos. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que quede consagrado en una ley que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar tengan prisión domiciliaria a los 65 o 70 años. En cambio, dijo que la prisión domiciliaria debe ser “una cuestión de salud, como propone Serpaj”.