Para frenar el avance del proyecto Neptuno, actores políticos, sindicales y ambientales presentaron seis recursos administrativos ante el directorio de OSE y una demanda de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Con los votos del oficialismo, la mayoría de ellos fueron rechazados por el directorio antes y después de la semana de Turismo, informó El Observador y confirmó la diaria. La empresa estatal cuestionó “la ausencia de legitimación de los accionantes” y advirtió sobre perjuicios a “inaplazables razones de servicio”, aunque, al mismo tiempo, prorrogó por un mes la fecha límite para recibir ofertas de empresas interesadas.
Anunciado como “la inversión en agua potable más grande en 150 años”, el proyecto Neptuno propone la construcción de una planta potabilizadora en el departamento de San José. La planta captaría agua del Río de la Plata y su producción equivaldría a 33% de la capacidad de la planta de Aguas Corrientes. El proyecto fue elaborado por un consorcio privado, integrado por las empresas Saceem, Beres, Ciemsa y Fast. Además de la construcción, la empresa privada que gane la licitación deberá encargarse del mantenimiento de las instalaciones.
En noviembre de 2022, el directorio de OSE validó los estudios de factibilidad del proyecto y dispuso la convocatoria a una licitación pública internacional. De inmediato, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) presentaron -cada una por su parte- recursos administrativos en contra de la resolución. FFOSE cuestionó el supuesto incumplimiento del artículo 47 de la Constitución de la República, que establece que “los usuarios y la sociedad civil” participarán en la “planificación, gestión y control de recursos hídricos” y que el servicio público de saneamiento será prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
El 12 de abril, con los votos del oficialismo, el directorio declaró “improcedente la vía recursiva interpuesta” y dictaminó “el archivo de estos obrados”. Según la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, un informe de la gerencia jurídico-notarial de OSE declaró improcedente el recurso dada “la ausencia de legitimación de las acciones para recurrir, no advirtiéndose que sean titulares de una situación jurídica subjetiva presuntamente lesionada por el acto encausado”. El mismo argumento, que es de carácter formal porque no responde al fondo del asunto, fue utilizado para rechazar el recurso de la IM.
El director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, votó en contra y calificó la resolución como “equivocada” e “inconveniente”. “La administración no puede negarse a recibir, tramitar y resolver un recurso administrativo invocando la inexistencia de legitimación calificada, en tanto el artículo 317 de la Constitución, que ampara el derecho a interponer los mismos, no exige una legitimación especial”, manifestó.
Asimismo, Ortuño afirmó que el proyecto Neptuno supone “la privatización parcial de la gestión del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana”. Y expresó que, “al no haberse realizado las instancias de consulta” en las etapas previas del proyecto, “se contravienen disposiciones expresamente establecidas en el artículo 47 de la Constitución”, lo cual “fundamenta la pertinencia y conveniencia de que los aspectos cuestionados sean estudiados en profundidad” para “brindar todas las garantías a los ciudadanos y ciudadanas en aspectos que hacen al cumplimiento de las normas”.
Los otros recursos
En febrero de 2023 el directorio de OSE aprobó el pliego licitatorio para la construcción de la planta en Arazatí. Tanto FFOSE como la asociación civil Redes-Amigos de la Tierra interpusieron recursos administrativos -con efectos suspensivos sobre el proceso de contratación- contra esta resolución, también apelando al artículo 47 de la Constitución. Pero, en base a un “detallado informe” de la gerencia general de OSE, el directorio resolvió el 29 de marzo que la suspensión de la licitación “afecta inaplazables necesidades de servicio y causa graves perjuicios”, por lo tanto, dictaminó “levantar el efecto suspensivo” de los recursos presentados.
En diálogo con la diaria, María Selva Ortiz, integrante de Redes-Amigos de la Tierra, dijo que el recurso que presentaron “sigue corriendo” porque “a nosotros no nos notificaron” del rechazo, y apuntó que recién el viernes la asociación presentó “la fundamentación del recurso”. “No pueden rechazar algo que todavía está en el plano de inicio”, afirmó. Mencionó además que “en los próximos días” presentarán un recurso de amparo ante la Justicia en contra del proyecto.
Al directorio de OSE todavía le resta pronunciarse sobre dos recursos administrativos presentados por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y la agrupación Tucu Tucu. Asimismo, el TCA aún no ha fallado sobre la demanda de anulación que presentó Ortuño contra la resolución del directorio que aprobó el proyecto.
A pesar de que los recursos fueron rechazados por afectar “inaplazables necesidades de servicio”, el viernes la gerencia general de OSE comunicó “a los interesados en participar del presente proceso licitatorio” que el cierre del llamado se prorrogó del 4 de mayo hasta el 6 de junio.