Autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) comparecieron este lunes ante la comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado para abordar la problemática en torno al centro Carpei, que atendía a adolescentes de entre 13 y 17 años con problemas de salud mental en Maldonado, y repasar los hechos que desencadenaron la rescisión del contrato con la empresa el 30 de marzo pasado luego de diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos, como castigos excedidos y abusos sexuales.
Según la versión taquigráfica de la sesión, durante la comparecencia se generaron acusaciones cruzadas entre integrantes del oficialismo y la oposición basados cada uno en un argumento base: desde el Frente Amplio (FA) se cuestionó al presidente del INAU, el dirigente nacionalista Pablo Abdala, la presunta demora en la rescisión del contrato y el traslado de los adolescentes, mientras que el jerarca respondió que el acuerdo con el centro Carpei se selló con irregularidades en 2019, durante la administración frenteamplista.
“La resolución adoptada días pasados fue la desembocadura de un proceso largo y bastante tortuoso”, comenzó diciendo Abdala, quien apuntó que el “detonante” de la rescisión “fue el informe de Jurídica” del INAU, que recomendó ese proceder en dos oportunidades, una a raíz de las denuncias y del trabajo de técnicos de la institución y una luego de la respuesta enviada por la empresa. El jerarca dijo que “básicamente, los incumplimientos fueron, en términos generales, un error de origen o una falla inicial a la hora de la adjudicación de la licitación que se realizó en 2019”. Este problema radica en que a la vez coexistían “dos dispositivos en un mismo proyecto, es decir, la atención simultáneamente en un mismo espacio físico” tanto de forma integral como en episodios agudos y puntuales.
Abdala repasó que, según Jurídica, eso fue lo que “apartó el contrato y su ejecución de lo que en los pliegos se establecía literalmente” y, al mismo tiempo, “lo asocia a que fue lo que desencadenó” las “condiciones objetivas” para que hubiera un “proceso de debilitamiento o deterioro de las condiciones de atención”.
Natalia Argenzio, directora del INAU en representación del FA, también participó de la instancia y planteó su preocupación por “la dilación en la toma de decisiones frente a circunstancias que fueron denunciadas”. Repasó que “la primera denuncia que llegó al INAU fue a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y fue recibida el 31 de marzo” de 2020, dos meses después del inicio del trabajo conjunto. Y desde ese momento “hasta el 30 de marzo de 2023”, cuando se firmó la rescisión, se registraron “20 denuncias con expedientes en INAU, más cinco denuncias sin expediente en la institución”, y comentó que “de esas 25 denuncias solamente dos fueron al Poder Judicial”.
Pese a ello, Argenzio recordó que en noviembre de 2022 ya “estaba finalizado” el primer informe de Jurídica que recomendaba terminar el contrato. Tiempo después, la vocal del FA planteó una propuesta de trasladar en un plazo de siete días a todos los adolescentes, pero “al no recibir el apoyo del directorio para esta solicitud” de medida cautelar, “se puso por encima” la “decisión del bien jurídico, que fue el de dar los tiempos correspondientes al análisis del contrato con la empresa” y “no estuvo el foco en la vulneración de los derechos de los adolescentes”.
Por último, planteó que más allá del traslado final de los adolescentes el viernes de la semana pasada, aún tiene “preocupación” por “si el solo hecho de la rescisión del contrato contempla el resarcimiento a las víctimas de la vulneración de derechos” y solicitó “el análisis global de cada una de las denuncias”.
La senadora del FA Silvia Nane también fue crítica del proceso y cuestionó a Abdala porque “si hubo un error en la adjudicación de la licitación hace tres años, había tres años para solucionarlo”. “Es mucho tiempo de burocracia, pero mucho más tiempo de vida”, expresó.
Abdala: “La responsabilidad nos cabe a todos”.
En respuesta, Abdala reconoció que “probablemente haya habido fallas en todo esto”, pero reiteró que “la primera falla proviene de la administración anterior” porque “está claro que esta empresa” fue “contratada en condiciones irregulares” en 2019.
Luego criticó a Argenzio y dijo que “si no estuvo el foco puesto” en la vulneración de los derechos los adolescentes, “la responsabilidad nos cabe a todos”, porque “nunca hubo ningún planteamiento en el directorio con relación a una situación específica, solicitando una investigación administrativa o promoviendo un sumario”. Y más tarde dijo que “hubiera sido un gravísimo error” disponer el traslado de todos los adolescentes en un plazo de siete días cuando ella lo planteó.
En última instancia, llamó a “no creer” que después de la primera denuncia en marzo de 2020 el escenario permaneció “absolutamente incambiado” hasta ahora, porque “esto ha tenido idas y venidas, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, pero también mejoras en cuanto a la situación que estuvo permanentemente bajo control”.
Preocupación del FA por vicepresidente del INAU
La senadora del FA Silvia Nane dijo tener una “preocupación política” con respecto a Aldo Velázquez, director del INAU en representación de Cabildo Abierto, quien se abstuvo de votar sobre la rescisión del contrato con la empresa a cargo del centro Carpei. “Realmente me preocupa sobremanera que, ante las vulneraciones constatadas en todo este tiempo, haya un director del INAU que no haya votado la rescisión. A mí me preocupa porque hay vulneraciones constatadas. ¡Me preocupa mucho, muchísimo, que un director del INAU no haya tomado como válidas todas estas denuncias constatadas y los informes de Jurídica para levantar su mano y decir que esto había que rescindirlo!”, lanzó.