Luego de varias denuncias de violaciones a los derechos humanos consignadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) dispuso la rescisión del contrato del centro Carpei, que atiende a adolescentes de entre 13 y 17 años con severos problemas de salud mental. La resolución fue aprobada en el directorio el jueves con los votos a favor de Pablo Abdala, presidente del INAU, y Natalia Argenzio, directora por el Frente Amplio; en tanto, el director en representación de Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, se abstuvo.

Ubicado en la zona de El Jagüel, en el departamento de Maldonado, el centro Carpei tiene a su cargo tanto la atención integral en salud mental como la atención de episodios agudos y puntuales. El establecimiento acaparó 64% de las denuncias recabadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH, entre ellas castigos excedidos, abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de funcionarios y entre pares. A mediados de febrero, un informe del área jurídica del INAU recomendó la rescisión del contrato con la empresa.

En diálogo con la diaria, Abdala explicó: “Nosotros teníamos el informe de la jurídica, que recomendaba la rescisión; de ese informe se le dio vista a la empresa, que lo evacuó en tiempo y forma. Luego, la jurídica realizó un nuevo informe con consideraciones sobre el escrito de la empresa, y obviamente ratificó y mantuvo en todos sus términos la recomendación original”. El presidente del INAU indicó que el fin del vínculo con el establecimiento supone el traslado de 20 adolescentes que “están siendo atendidos en el centro”.

Abdala afirmó que “ya está encaminado un plan” para la “reubicación” de los menores “en otros servicios y en otros centros”. Mencionó que siete adolescentes “ya estaban en proceso de egreso”, por lo cual “probablemente” puedan retornar a sus hogares. “A partir de ahora comienzan a hacerse las coordinaciones con el propósito de que sea una transición pacífica y sobre todo libre de traumas o circunstancias que puedan afectar el bienestar de los adolescentes, que es lo que importa”.

Por su parte, Velázquez dijo a la diaria que al momento de la votación se abstuvo porque “todo el proceso que se dio” con el centro Carpei “fue muy entreverado”, aunque puntualizó que la rescisión del contrato era “el camino al que teníamos que llegar”. A su entender, las denuncias que recibió el centro “no se tomaron igual” que otras denuncias contra otros centros, “donde por ejemplo fallecieron adolescentes o donde hubo un adolescente que estuvo atado 24 horas”. De todos modos, comentó que visitó personalmente el lugar “más de una vez” y afirmó que, desde su punto de vista, “tenía un montón de debilidades”.

Abdala dijo que el sistema de controles “funcionó” y señaló que hubo “un error en el inicio” del vínculo, cuando, en 2019, se firmó el contrato y “se aceptó la convivencia de dos dispositivos [atención integral y de episodios agudos] en un mismo proyecto, cosa que los pliegos no admitían”.