El Frente Amplio (FA) presentó este martes un proyecto de ley para que los próximos días 20 de mayo y 30 de noviembre se declaren “fechas patrias”, como feriados nacionales laborables, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado. El proyecto ya ingresó formalmente al Senado y será derivado a una comisión para su tratamiento; sin embargo, desde la oposición ya advierten que la coalición de gobierno no dará sus votos para aprobarlo.
Cada 20 de mayo se realiza la Marcha del Silencio. El 20 de mayo de 1976 se recuerda por los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo, William Whitelaw y la desaparición de Manuel Liberoff en Buenos Aires, señala el proyecto, al que tuvo acceso la diaria. El 30 de noviembre de 1980, en tanto, se recuerda por el plebiscito organizado por el gobierno cívico militar para refrendar un nuevo texto constitucional, que pretendía “legitimar al régimen que había cometido gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos”. Ese día 56,83% de la ciudadanía rechazó la carta magna propuesta por la dictadura.
“Por el alto nivel de convocatoria que tienen y por su gran peso simbólico, de memoria y de reafirmación de nuestros valores nacionales, es que proponemos que ambas fechas sean conmemoradas como fechas patrias formando así parte de la memoria colectiva”, sostiene el proyecto.
Se trata en concreto de un sólo artículo que propone la declaración de ambos días como feriados nacionales laborables únicamente en 2023. A partir de 2024, en tanto, las dos fechas “serán conmemoradas con jornadas recordatorias” tanto en centros de enseñanza como en instituciones relacionadas con los derechos humanos y el Parlamento.
En diálogo con la diaria, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura comentó que la oposición pretende “darle un tratamiento rápido” al proyecto dada la cercanía del 20 de mayo, pero de todos modos señaló que “ni el Partido Nacional ni Cabildo Abierto ni el Partido Colorado están de acuerdo en suscribir esto”. “Yo estoy de coordinadora y en la coordinación de bancada ya hace varias semanas que planteé el tema y la respuesta final es que no, [pero] nosotros resolvimos presentarlo igual”, afirmó.
Durante la presentación del texto en el Senado, Della Ventura manifestó que la “verdad histórica” fue cuestionada tiempo atrás por “un alto dirigente político”, que sostuvo que “no era cierto que hubiera cerca de 200 uruguayos desaparecidos”. “Ese relato ya no existe, pero ahora se pretende imponer otro relato, de nuevo falseando la historia, y lo peor es que esa pretensión no es sólo de un dirigente aislado. Ahora son varias voces de dirigentes políticos que insisten en tratar de instalar una versión falsa de la historia”.
Para la senadora del FA “duele” que legisladores del oficialismo afirmen que “las muchachas de abril no fueron víctimas”, al igual que “se cuestione a la Justicia cuando condena a culpables de horrendos crímenes” y que “se entienda que no deben pagar por esos crímenes como lo están haciendo en la cárcel de Domingo Arena”. A su criterio, se trata de una visión “muy peligrosa” del pasado reciente. Por eso mismo, auguró que la próxima Marcha del Silencio “seguramente será la mayor hasta ahora, en respuesta a esta pretensión de cambiar la historia”.
Otras propuestas de la oposición
El proyecto del FA forma parte de un conjunto de iniciativas elaboradas por la Comisión de Derechos Humanos del FA. Su presidenta, Adriana Barros, comentó a la diaria que hay 11 propuestas por “los 50 años del golpe de Estado y los 50 años de la huelga general” contra la dictadura.
Aparte de la declaración del 20 de mayo y el 30 de noviembre como fechas patrias y feriados nacionales laborables, la oposición propone realizar un reconocimiento en el Palacio Legislativo a “los legisladores y las legisladoras que estuvieron presas, exiliadas o desaparecidas”, tales como Gerardo Cuesta, Alba Roballo, Enrique Erro, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rodney Arismendi, Wilson Ferreira Aldunate, entre otros. Según Barros, “eso puede salir”.
Por otra parte, el FA presentará un proyecto para que las víctimas del terrorismo de Estado que actualmente reciben la pensión especial reparatoria (PER) no tengan que optar por acceder a la prestación o la jubilación. Asimismo, Barros dijo que también se presentará un proyecto, “que todavía no está ni el borrador pero sí está la idea”, para penalizar “el negacionismo del terrorismo de Estado”. Según un documento elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del FA, al que tuvo acceso la diaria, la propuesta condenará la “apología de hechos delictivos a cargo del Estado”, en particular, “el accionar de torturas, tratos crueles y degradantes a personas detenidas y la desaparición forzada”.
Consultada al respecto, Della Ventura dijo que, si bien en el FA todavía tienen que analizar “cómo lo vamos a tramitar”, “seguramente terminemos presentándolo pero no va a tener la aprobación” de la coalición de gobierno.