“La situación es muy grave y urgente”, dijo a la diaria Carlos Tellechea al hablar sobre el “inminente” cierre del Centro Martínez Visca (CMV). El integrante de la Asociación Civil de Familiares y Usuarios del CMV participó en la mañana del lunes en una reunión con algunos de sus compañeros y representantes de la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, en la que presentaron una denuncia al respecto ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
“Todo lo que se ha trabajado durante años, el esfuerzo de cientos, y miles de horas de rehabilitación de distintos técnicos penden de un hilo”, aseguró Tellechea. El CMV, que atiende a 275 personas con trastornos de salud mental mediante cuatro programas enfocados en la inserción sociocomunitaria, cuenta con recursos para sostenerse hasta agosto de 2023 debido a los problemas financieros que enfrenta la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, de la que depende. El Estado fue notificado en mayo por la comisión interna del Patronato en un comunicado a la población y en la Comisión de Salud Pública del Senado.
Según Tellechea, el centro brinda un “servicio de calidad”, cuya “atención especializada” no tiene precedentes en el país y que representa un apoyo fundamental no sólo para los usuarios sino también para sus familiares. Si se cerrara, “alrededor de 300 familias” atravesarían una situación “muy fuerte” y “estresante” porque no cuentan con otro espacio gratuito de características similares y las herramientas que allí se brindan son imprescindibles para la evolución de los procesos de los usuarios. El avance que han logrado en estos años “se puede llegar a perder, porque [las personas que acuden al CMV] tienen que estar en un trabajo de rehabilitación permanente, además de [recibir] la medicación”. Tellechea contó que muchas de ellas lograron salir de sus hogares y abandonar situaciones de encierro gracias al trabajo en el centro, algo que podría volver a suceder una vez que no tengan a dónde ir.
Además, destacó la labor de una cooperativa de trabajo que funciona hace diez años dentro del centro y aporta a quienes la componen una fuente de ingresos y “autonomía”. “Eso motiva que hoy estemos aquí, en el instituto, porque nosotros entendemos que además de que se queden sin trabajo y se dejen de brindar los servicios que se están brindando, en todo esto hay una violación flagrante de derechos humanos”, añadió. Aun así, aclaró que sus reclamos no van en contra de la comisión honoraria del Patronato ni del gobierno, sino que sólo buscan “que el centro no se desmantele o se cierre”.
Todos los medios
En la denuncia, presentada por el abogado Óscar López Goldaracena, se solicita “la inmediata intervención de la INDDHH por la violación de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental por parte de las autoridades estatales”. El documento argumenta que “el Patronato del Psicópata no está recibiendo recursos significativos y suficientes para cumplir con sus cometidos” y que la subvención por Rentas Generales, dispuesta legalmente como su “fuente originaria y principal de financiamiento”, no es lo que sostiene a la comisión en la actualidad. Durante el último tiempo el Patronato se ha mantenido gracias a un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado por prestaciones de servicios y de gestión.
“El mayor problema de la situación actual es que en las rendiciones de cuentas de los años anteriores no se asignaron partidas económicas específicas”, plantea el texto, y advierte que “el Estado está faltando a la obligación jurídica de adoptar medidas económicas y técnicas”. Según explicó López Goldaracena a la diaria, “lo fundamental en el derecho a la salud” frente a una vulneración es que se aporten recursos “por todos los medios apropiados”. En ese sentido, “la primera medida debería ser que se asignen recursos inmediatos para mantener el CMV con la misma calidad de servicio y que se aseguren las prestaciones a los usuarios”.
Por otro lado, lo ideal sería “construir una institucionalidad adecuada para que se establezca un sistema de rehabilitación con carácter nacional”, porque “el CMV es un centro estatal modelo que por las normas debería serlo y no lo es”, agregó López Goldaracena. De acuerdo con lo expuesto por los denunciantes, el peso de lo que sucede trasciende al CMV, pues “engloba la necesidad de instrumentar una institucionalidad adecuada y eficiente para avanzar hacia un sistema nacional de rehabilitación” que “posibilite la plena vigencia del derecho a la salud de las personas que sufren trastornos mentales”.
En la misma línea, Nelly Guarneri, también integrante de la Asociación Civil de Familiares y Usuarios del CMV, destacó que lo importante es “estar dentro de otra estructura para que realmente haya un modelo para todo el país, que nos beneficie a todos”. Para lograrlo apuestan al diálogo tanto con parlamentarios como con la sociedad en general, porque tener un familiar con un trastorno mental es algo que “le puede pasar a cualquiera”. Además, Guarneri opinó que hay que lograr que “los problemas se encaminen lo más tempranamente posible y no cuando el tema es mayor”, y subrayó que “con desamparo, con falta de cuidados, con experiencias traumáticas el pronóstico es malo para cualquiera”. “Para una persona y para toda su familia. Todo su entorno sufre esos problemas”, concluyó.