El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió las exoneraciones tributarias realizadas a la empresa Lanafil SA, cuyo gerente general, Juan Alzugaray, es esposo de la titular de la cartera, Azucena Arbeleche. En respuesta a un pedido de informes realizado por senadores del Frente Amplio (FA), que preguntaron si la ministra había informado al presidente, Luis Lacalle Pou, “sobre la existencia del conflicto entre el interés público y su interés personal, solicitando además que se la excusase del acto” de firmar la resolución, el MEF respondió que “en el caso no se produjo un conflicto entre el interés público y el privado por cuanto el beneficio que se otorgó es una consecuencia directa de la aplicación de la ley de inversiones y promociones industriales”.
“En consecuencia”, señala el MEF en el escrito consignado por El País y al que accedió la diaria, “tratándose de un acto debido impuesto por la ley, correspondía el otorgamiento del beneficio salvo que por razones de política económica hubiera existido mérito para negarlo”.
En último término, los senadores del FA solicitaron que “se remita testimonio del expediente administrativo donde se declaró promovida la inversión de Lanafil SA”, a lo que el MEF respondió que “las actuaciones del referido expediente involucran datos sensibles de la empresa que refieren a su patrimonio, datos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pueden ser útiles para un competidor, además de los datos personales que requieren el previo consentimiento informado”. Y, como “debe preservarse la confianza que depositan los inversores en la herramienta promocional”, la cartera optó por remitir un “certificado notarial que da cuenta de las actuaciones cumplidas en el expediente”.
El caso se remonta al 3 de agosto de 2022, cuando el MEF emitió una resolución en la que aprobaba la financiación de un proyecto de Lanafil SA ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para “la realización de obra civil, adquisición de equipamiento, vehículo utilitario, vehículo utilitario eléctrico y vehículo de pasajeros eléctrico”.
El monto de la inversión era cercano a los 40 millones de pesos y se resolvió exonerar a la empresa “de tasas y tributos a la importación” y, “en general”, de “todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida”, así como la liquidación del impuesto al patrimonio de “los bienes que se incorporen con destino a la obra civil”.
Las exoneraciones previstas incluyeron el otorgamiento de “un crédito por el impuesto al valor agregado (IVA)” por cerca de 27 millones de pesos y una exoneración del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) por algo más de 19 millones de pesos.