El 3 de agosto de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una resolución, a la que accedió la diaria, en la que aprobaba la financiación de un proyecto presentado por la empresa Lanafil SA ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que tiene como objetivo “la realización de obra civil, adquisición de equipamiento, vehículo utilitario, vehículo utilitario eléctrico y vehículo de pasajeros eléctrico”, según consigna el texto.

La aprobación, que se hizo también con base en un informe previo del MEF, declara “promovida la inversión” de 7.049.465 de unidades indexadas, es decir, casi 40 millones de pesos, y exonera a la empresa “de tasas y tributos a la importación” y “en general” de “todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida”, así como la liquidación del impuesto al patrimonio de “los bienes que se incorporen con destino a la obra civil”.

Las exoneraciones previstas incluyen el otorgamiento de “un crédito por el impuesto al valor agregado (IVA)” por 27.257.731 de pesos y una exoneración del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) por 19.360.119 de pesos, aunque en la resolución todo figura en unidades indexadas.

Como en todos los proyectos aprobados por la Comap, la resolución lleva la firma de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Sin embargo, lo que marca una distinción entre esta y otras resoluciones es que el gerente general de Lanafil SA, Juan Alzugaray Viejo, es esposo de la jerarca, según consta en la declaración jurada que Arbeleche presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

¿Cuestiones éticas o legales?

Si bien el hecho de que la resolución lleve la firma de la ministra responde a un proceso que evita discrecionalidades y es casi automático -la Comap envía la recomendación de aprobación al Poder Ejecutivo y este procede acorde a lo recomendado- existe una normativa específica para estos casos.

El artículo 31 de la Ley 19.823, que estableció el Código de Ética en la función pública, prohíbe explícitamente “a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente” o a través de cualquier tipo de vínculo que “pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.

Asimismo, en el artículo siguiente se prevé qué puede suceder si, como en este caso, la situación se da luego de que el funcionario haya asumido. La persona tiene 60 días para presentar una declaración jurada al “jerarca correspondiente”, en este caso el presidente de la República, “individualizando las personas o empresas y el tipo de relacionamiento o intereses con ellas”.

Sobre el caso no hay denuncias hechas ante la Jutep, según explicaron fuentes a la diaria, pero este será presentado en el organismo y, de investigarse, podría agravarse si se comprueba que Alzugaray también es socio en la empresa y no sólo el gerente general.

Alfie como antecedente

Otra resolución del MEF, en este caso, del 11 de febrero de 2021, ya generó revuelo dentro del gobierno. En este caso, fue relacionado a una empresa vinculada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

La empresa, que figura bajo el nombre de Alfie en la base de datos de la Dirección General Impositiva, fue exonerada del pago del IRAE por 401.000 pesos de una inversión de 607.000 pesos para la instalación de un nuevo local. Consultado por la diaria en su momento, Alfie indicó que la resolución llegó cuando ya era director de la OPP y resolvió renunciar a sus beneficios “de común acuerdo con el presidente de la República”.