“Es el colmo que por hacer nuestra tarea seamos castigados y observados. ¿Tanto molesta nuestro control en las empresas? Si es así, seguro algo está mal. Ya daremos con el asunto de fondo. Un día se sabrá”, sugiere, con tono enigmático, una carta que hizo circular en las últimas semanas un funcionario de la División Investigaciones y Monitoreo de Operativa Aduanera.
La nota, a la que accedió la diaria, está dirigida a las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y ha generado repercusiones en la interna del organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. También circuló entre operadores portuarios, transportistas y referentes gremiales del sector.
El contexto de su divulgación es la controversia entre algunas empresas de transporte de comercio exterior, la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay (ADAU) y una empresa privada (Block Tracker) que fue homologada en este gobierno y que ha ganado espacio en el negocio de los precintos electrónicos, una tecnología que se utiliza para contenedores y camiones enlonados.
El 23 de marzo, las empresas transportistas de comercio exterior denunciaron mediante un comunicado que la decisión de Aduanas de habilitar a Block Tracker como empresa precintadora provocó un “aumento en las horas de espera” y encareció la operativa de las empresas del sector.
Los transportistas advirtieron que Block Tracker y los despachantes acordaron el cobro de un porcentaje del valor de los precintos electrónicos. A cambio de esa “comisión” para los despachantes, estos han optado por facilitarle nuevos clientes a Block Tracker, al punto de que la firma ya controla el 50% del mercado, señalan las empresas de transporte.
Desde ADAU, en tanto, negaron que haya un favoritismo hacia Block Tracker, cuya razón social es Edelar Sociedad Anónima. En una nota que publicó El País el 24 de abril, los despachantes aseguraron que la gremial es “equidistante” de las firmas que operan en el rubro y que en su directiva “hay clientes de todas ellas”. En el mercado uruguayo hay seis empresas homologadas por Aduanas para brindar el servicio de precintos electrónicos: Easymail, Bidafox (Colsa Uruguay), Global Recovery (Lo-Jack), Selefyr SA, BodyPal, y la ya mencionada Block Tracker.
La carta del funcionario de la División Investigaciones y Monitoreo de Operativa Aduanera arroja nuevas pistas sobre cómo fue el proceso de homologación a Block Tracker y sugiere hipótesis vinculadas al interés de funcionarios del gobierno para que la empresa precintadora irrumpiera con fuerza en el sector.
Es “notorio”, dice la nota, que las actuaciones de funcionarios aduaneros que involucran a la operativa de Block Tracker despiertan “interés e inquietud” en otras jerarquías de Aduanas. “Se restringe la calidad técnica y de reserva de nuestro accionar y por esas conductas que vengo expresando es que no me brinda garantías”, continúa.
El funcionario apuntó directamente a la responsabilidad del área Control y Gestión de Riesgos de Aduanas y señaló que un gerente de dicha área le presentó en 2021 a un “supuesto estudiante de Ingeniería que trabajaba en una tesis”, con quien se juntó a almorzar en varias oportunidades.
“Luego, para sorpresa del entonces jefe de Monitoreo y para quien escribe, el estudiante no era más que quien se terminó presentando en la Dirección de Aduanas para homologar una empresa de precintos en la tarde del 26 de mayo de 2021”, agrega la misiva.
Lo que se relata en la carta habría ocurrido apenas un mes después de la derogación de una normativa de Aduanas de 2016 que limitaba el ingreso al mercado de nuevas empresas precintadoras. La decisión, según consta en la resolución RG13/2021, tomó como referencia informes de la propia División Investigaciones y Monitoreo de Operativa Aduanera, en los que se pronosticaba un incremento de las operaciones de tránsito aduanero, una señal de “luz verde” para el ingreso de nuevos jugadores al rubro.
Sin embargo, la versión de los funcionarios de esa división es otra: “En dicha resolución [la de 2021] se dicen cosas que nunca dijo este Departamento sobre el aumento de los tránsitos. Sólo referíamos a cambios en las mejores técnicas, que nunca se registraron con un nuevo homologado, que incluso intentó homologar un precinto que hasta parecía impreso en 3D”.
La carta también menciona que los funcionarios de Investigaciones y Monitoreo que tienen la responsabilidad de controlar los depósitos y recintos portuarios son “evitados” y vienen siendo reemplazados por funcionarios de otras áreas de Aduanas “que nada tienen que ver con el asunto”.
“No interesa y no se quiere que hagamos controles”, termina diciendo la nota, antes de advertir que el servicio que brinda esa división se ha vuelto “imposible de cumplir” debido a la falta de funcionarios.
El pedido de informes del Frente Amplio
La polémica por la homologación de Block Tracker y su expansión en el mercado de los precintos electrónicos ya generó reacciones a nivel político. El 22 de marzo, los senadores frenteamplistas Daniel Caggiani, Charles Carrera, Sandra Lazo y Sebastián Sabini presentaron un pedido de informes ante Aduanas para saber por qué se flexibilizó la normativa.
Hicieron la solicitud a partir de declaraciones que hizo en Montevideo Portal el gerente de Control y Gestión del Riesgo de la DNA, Diego Casella. El jerarca dijo que si bien no se chequea “100% de los contenedores que pasan por la terminal portuaria”, la revisión se hace con base en una “gestión del riesgo” que sirve para “determinar qué mercadería debe analizarse”.
Los senadores opositores consultaron cuándo comenzó a operar el Programa de Control de Contenedores y quiénes son los funcionarios que tienen acceso. También pidieron detalles de las cifras de mercadería incautada por Aduanas desde marzo de 2020 hasta febrero de 2023, y la fecha de la última incautación derivada de la utilización del escáner portuario.
Por otra parte, solicitaron detalles de los fundamentos que motivaron la resolución de abril de 2021 que permitió la homologación de nuevas empresas para la prestación de servicios de precintos electrónicos y reclamaron información sobre los procedimientos administrativos que se implementaron para llevar adelante el cambio en la modalidad. Los senadores del FA también pidieron el listado de empresas que se presentaron al llamado y cómo estuvo integrado el Comité de Homologación de Precintos Electrónicos. El pedido de informes todavía no ha sido respondido por Aduanas, según pudo saber la diaria.
La visión del sindicato
La Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) sigue con atención la controversia entre los transportistas de comercio exterior, los despachantes y Block Tracker, pero decidió “no tomar partido en el asunto, porque es un tema entre privados”, según explicó a la diaria el presidente del sindicato, Roberto Valdivieso.
En todo caso, quejas como las que surgen desde la División Investigaciones y Monitoreo de Operativa Aduanera están en línea con planteos que hace AFA. “Nosotros venimos denunciando el desmantelamiento de la Aduana desde hace años. La tercerización es otra fórmula, porque son empresas privadas que terminan teniendo más poder que los propios funcionarios”, lamentó Valdivieso.
El sindicalista mencionó algunos números para fundamentar su visión sobre el deterioro del organismo y su capacidad de control. “En la administración de Aduanas de Montevideo hay 57 funcionarios, 40 tienen causal jubilatoria y van a ingresar seis. En la Aduana de Salto se fueron 12 funcionarios en un año y medio, y va a entrar sólo uno. En el puente Río Branco no hay Aduana, en Bella Unión hay un solo funcionario. Como resumen, te diría que a la Aduana la están dejando morir por inanición”, manifestó Valdivieso.
La AFA, repasó su presidente, fue “muy crítica” con la gestión del exdirector de Aduanas frenteamplista Enrique Canon, pero el problema de la actual administración es que en estos tres años “no se hizo nada, a pesar de tener el diagnóstico”.
“Hace tiempo que venimos diciendo que Aduanas es un colador, incluso lo denunciamos cuando sucedió lo del escáner en 2007 [la caída de un equipamiento chino, un episodio que luego la Justicia calificaría como un accidente]. Si nos comparamos con los controles aduaneros en otros países, somos un desastre. Las barcazas que vienen por el río Paraná llegan a los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, y esa mercadería se transporta después en buques de altamar. Esas barcazas llegan al puerto de Montevideo y, por una cuestión de costos, no están mucho tiempo. Llegan y se van, y eso nadie lo revisa porque no hay gente para hacerlo”, relató Valdivieso.
El dirigente sindical dijo que carece de “elementos de prueba” como para afirmar que el narcotráfico y el crimen organizado puedan incidir en determinadas decisiones que se toman a nivel político. “Lo que sí decimos es que en la situación actual somos caldo de cultivo. Que Uruguay presenta bondades como país de tránsito de drogas no es una novedad: hay un informe de 2012 del Departamento de Estado [de Estados Unidos] que ya lo advertía. Y nosotros como sindicato hace años que venimos denunciando estas cosas. El tema es que tenemos el diagnóstico pero no se toman las precauciones”, concluyó.