A pocas horas de los 50 años del golpe de Estado, a miles de kilómetros de Uruguay, en París, se realizó el sábado un coloquio sobre la dictadura cívico-militar con la participación de abogados, sindicalistas y ex presos y refugiados políticos en Francia, entre ellos, Zelmar Michelini, Leonel Harari y Marita Ferraro. El evento, que abordó varias aristas de la dictadura, tenía grabado en el escenario un mensaje: “Impunidad ayer. Responsabilidad del Estado hoy”.
El conversatorio fue organizado por la asociación ¿Dónde Están? Francia, que antes del evento describió la dictadura uruguaya con cifras: 122 asesinatos, 197 desapariciones forzadas, 13 secuestros de niños, 10.000 presos políticos y 380.000 exiliados.
“Este es un tema de enorme sensibilidad en estos días”, dijo Pablo Chargoñia, abogado de víctimas del terrorismo de Estado y coordinador del Observatorio Luz Ibarburu. Tocó dos temas de actualidad: la publicación anónima de archivos de la dictadura y el hallazgo de los restos de una mujer detenida desaparecida en el Batallón 14.
Chargoñia opinó que la desclasificación de los archivos militares debe incorporar un “procesamiento de la información” para evitar que “la desclasificación se transforme en un coleccionismo de documentos que no se sabe qué quieren decir, o, peor aún, que contribuyan a la confusión”. La “filatelia documental”, sostuvo, “no es lo que requiere la memoria histórica”, sino “semántica” y “explicación”.
Respecto al hallazgo, el abogado pidió que tanto el Batallón 14 como el Batallón 13, “donde funcionaba el 300 Carlos”, dejen de ser unidades militares. Recordó que los integrantes de la Comisión para la Paz sostenían que “sus fuentes”, anónimas y militares, “hablaban de Arlington” como “la forma irónica en que se trataba de identificar el cementerio clandestino donde están muchos cuerpos de detenidos desaparecidos”.
“Eso es un cuartel identificado, eso es Toledo, donde acaba de encontrarse el cuerpo de esta persona. La información está ahí y el Estado tiene que agotar sus recursos para dar con el paradero de los desaparecidos sin que cada hallazgo demore, entre uno y otro, diez años”, afirmó.
Asimismo, Chargoñia recordó que, en 1974, el entonces exiliado político Zelmar Michelini denunciaba en un tribunal de Roma “la institucionalización de la tortura”, cómo “el señor Juan María Bordaberry, presidente del Partido Colorado, utilizaba la tortura como práctica política estatal”.
“Michelini tenía razón. Siempre que uno escucha el mismo modus operandi de las detenciones: nocturnas, encapuchamiento, colgadas, submarino, picana eléctrica, y luego la obligación de firmar un acta falsa bajo amenaza de que si no se firmaba iba a volver a la tortura. Esto no pasó una vez, pasó miles de veces”, expresó el abogado.
“Una coyuntura muy compleja”
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, viajó a París en representación del movimiento sindical. A su turno, afirmó que la dictadura uruguaya, al igual que el resto de “los golpes de Estado que asolaron el Cono Sur”, respondió a “una estrategia global de ajuste del capital sobre el trabajo”, cuya “orientación básica” fue “la instalación del neoliberalismo”.
“Acabo de cumplir 50 años”, compartió Olivera, “soy de una generación que vivió la transición a la democracia en su etapa de estudiante”. En ese sentido, sostuvo que existe un “desafío preocupante” con relación a “las nuevas generaciones”. Manifestó que “la aparición de un partido militar”, en referencia a Cabildo Abierto, así como “la reinstalación de la teoría de los dos demonios”, marcan “una coyuntura muy compleja”. “Todas las actividades que tengan que ver con el rescate y la construcción de la memoria histórica son importantes”, subrayó.
Al término del coloquio, en declaraciones a la prensa, la vicepresidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, Aua Baldé, dijo que el Estado uruguayo “tiene una deuda histórica” con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. “Las familias ya vivieron mucho tiempo de espera, más de cinco décadas, y tienen derecho a acceder a verdad y justicia”. Según Baldé, es algo que debería “trascender a todos los actores políticos”.