Como estaba previsto, a las 17.00 las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) ingresaron a la sala Martín C. Martínez del Palacio Legislativo para comparecer ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores. Esto se dio cuatro semanas después de que la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, renunciara a raíz de la tormenta desatada en torno a la adjudicación discrecional de un apartamento en el edificio ubicado en Nueva York y Yi a una militante de Cabildo Abierto (CA).
Si bien Moreira había informado al presidente Luis Lacalle Pou y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre otras cuatro adjudicaciones hechas en base a esta modalidad, un día antes de que sesionara la comisión se informó de que en total el MVOT tenía contadas 14 solicitudes de excepción provenientes de la secretaría de la exministra.
Así lo confirmó el actual ministro, Raúl Lozano, en rueda de prensa, y explicó que “son cuatro los casos que fueron entregados, tres de ellos que son revocables”, mientras que el otro ya no es revocable y el último es el que desató “todo este dilema”, que finalmente no fue entregado. En tanto, “hay otros nueve casos -que suman en total 14- que estaban pendiente de informe técnico” de esa cantidad, “13 son a partir de julio de 2022 y uno es de 2021”.
Sobre las consecuencias legales que podría tener, Lozano recordó que se dispuso “una investigación administrativa que está en curso” y que esperarán “las recomendaciones” cuando esta finalice, y allí se verá “cuáles son los alcances” de la normativa vigente, si es necesario “modificarla” o si “hay que crear una nueva normativa”. “No queremos de alguna manera inferir o interferir en lo que la misma diga”, agregó
“Hay una relación de poder entre la administración y el adjudicatario: la administración ejerce su poder al entregar o no una vivienda”, explicó, al ser consultado sobre la posibilidad de que a algunos de los adjudicatarios se les quite la vivienda.
“Aquellos que ya están ocupados no serán removidos de ninguna manera de su vivienda, ya que de otra forma estaríamos exponiendo al Estado a que ellos se presenten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, seguramente -por lo que nos dicen los juristas- ellos ganarían y serían importantes sumas de dinero lo que tendría que pagar el Estado”, sentenció.
Para el FA es “inaceptable”
La oposición, sin embargo, no quedó satisfecha con las respuestas del MVOT. Así lo expresó el senador frenteamplista Sebastián Sabini luego de la comisión, puesto que “las autoridades siguen entendiendo que es lícito y legal la entrega de estas viviendas, lo cual es inaceptable”.
“En ninguna parte de la normativa nacional se establece que la ministra pueda adjudicar directamente una vivienda”, agregó Sabini, y matizó: “Acá no estamos hablando de que el ministerio pueda entregar una vivienda en casos de violencia de género o si a alguien se le prende fuego la casa, estamos discutiendo que si la ministra desde su correo personalmente puede entregar una vivienda a militantes políticos de su partido”.
Si bien “se reconoció que hay 14 casos desde julio de 2022”, el Frente Amplio (FA), anunció, tiene información “de que hay 47 casos por lo menos”. Para el legislador, “es muy verosímil” si se tiene en cuenta que el número dado por el ministerio es lo consignado desde mediados del año pasado; entonces “¿qué pasó los años anteriores?”, se preguntó.
Fue en este momento, más precisamente el 14 de julio de 2022, que “se sacó una circular firmada por el actual director [Jorge] Ceretta”, que intentó, a entender de la bancada del FA, “ordenar el caos que se estaba viviendo”; esta circular -que además no tiene número- “establece que desde el correo de la ministra se iban a enviar al resto de los servicios del ministerio esas adjudicaciones”, asimismo, “si uno lee los expedientes dice ‘el cupo de la ministra es para tal familia’”. Ceretta, explicitó Sabini, “claramente debería dejar su cargo así como lo dejó la exministra Moreira, que hoy tampoco vino a la comisión”.