Bajo la consigna “Doblegar la pobreza infantil en Uruguay: en la búsqueda de acuerdos para una respuesta imprescindible”, la fundación La Plaza invitó a investigadores y políticos a exponer sus conocimientos y dialogar para “encontrar coincidencias” al respecto en un conversatorio que tuvo lugar en la mañana de este miércoles en la antesala del Senado.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, agradeció la elección del Parlamento como sede de la actividad y destacó que la pobreza infantil forma parte del “compromiso de construir futuro” que mueve al gobierno y a los legisladores en general. A su entender, en Uruguay han existido distintas políticas específicas que han permitido “tener la sensibilidad que corresponde al tema”, pero lo que arrojan las estadísticas indica que aún persiste un “núcleo duro” al que es “indispensable” llegar.
“Cuando hay niños y niñas que no pueden disfrutar un momento tan especial de su vida”, es fundamental “inmediatamente ponernos en acción”, consideró Argimón. Para eso es necesario no sólo el trabajo parlamentario, sino también el de la sociedad civil, que debe insistir en estos temas, consideró. “Ustedes nos permiten hoy recomponer lo que está en la agenda, pero se precisa que suene fuerte en la agenda política de los próximos años”, expresó la vicepresidenta.
Gustavo de Armas, asesor en planeamiento estratégico de la oficina del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, presentó el informe titulado “Abatir la pobreza en Uruguay al 2030. Compromiso ético y condición del desarrollo”. La investigación fue motivada por el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –el fin de la pobreza–, a los que nuestro país adhirió en 2015.
Una de las advertencias que hizo De Armas fue que si bien Uruguay es “el país con el Estado de bienestar más desarrollado de la región”, los últimos datos registrados indican que, en materia de pobreza infantil, el caso es “absolutamente extremo”. Según explicó, guiándose por la determinación que utiliza la Cepal, “el porcentaje de pobreza en niñas, niños y adolescentes es 33 veces más alto que en adultos mayores”.
Además de que 44% de la población pobre es menor de 18 años, la situación afecta con mayor notoriedad a las mujeres, que suelen ser las jefas de los hogares más vulnerables. De hecho, 68% de los 88.000 hogares pobres que hay en nuestro país tienen jefatura femenina. De ellas, sólo la mitad está empleada y eso “se combina con una muy alta dedicación al trabajo no remunerado”. Por lo tanto, De Armas hizo hincapié en que “la reducción de la pobreza implica también trabajar fuertemente sobre la inserción laboral de las mujeres”.
Andrea Vigorito, Ignacio Munyo, Agustín Iturralde y Adrián Fernández.
Foto: Alessandro Maradei
Desigualdades
Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), fue el primero en aportar su análisis del informe, en el marco del panel técnico. El economista manifestó que lo expuesto obliga a terminar con “el mito de que los pobres no trabajan”, pues “queda en evidencia” que realizan actividades de menos horas, de mala calidad o no remuneradas. “No hay ningún dato que respalde la mitología clasemediera”, aseguró. Asimismo, el director del CED se refirió a quienes “no son pobres por poco”. Hay 270.000 personas que por las características de sus hogares, “son más parecidas a los que están por debajo de la línea de pobreza que al resto de la sociedad”, agregó.
Por su parte, Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, consideró que “los números ya son un drama, pero el drama es bastante más grande que lo que presentan los números”. A la vez, dijo que “no es casualidad que se haya estancado la caída de la pobreza en el año 2013, cuando estaba estancada la actividad económica”, y que es “muy difícil” que tenga éxito “cualquier medida que se quiera imponer en una economía que no crece”. Para Munyo, la estrategia debería apuntar a una “redefinición de las políticas sociales” con un enfoque que les brinde herramientas a las personas que tienen hogares a cargo.
Antes de darle paso al panel político, Andrea Vigorito, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Udelar, planteó que a la hora de analizar la problemática es preciso no asumir a la pobreza “como una condición estática” y sí como una “más difusa”. En ese sentido, dijo que “reducir la pobreza no implica necesariamente actuar sobre quienes están identificados en esa categoría dicotómica” y que conviene “trabajar sobre una población objetivo más amplia”.
“Si asumimos que la pobreza no es responsabilidad individual, necesariamente tenemos que atacar también las desigualdades”, añadió Vigorito. Bajo esa mirada, también deberían tener más relevancia “las políticas de vivienda, unidas a las de segregación y espacios públicos”, pues “tienen en esto un rol fundamental”, afirmó.
“Criminal”
“Lo que hace el Uruguay con los niños hoy es criminal”, dijo la diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg, quien impulsó un proyecto de ley denominado “Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”, que la semana pasada fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. El país “está avanzando” y los parlamentarios “dando pasos para ponernos de acuerdo en que esto debe ser una prioridad para el sistema político”, opinó al respecto.
Por otro lado, Antonio Manzi, integrante del Partido Colorado y director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), destacó que el sistema de políticas enfocado en la infancia está y estuvo desde el comienzo “en evolución constante”. Además del aumento de centros CAIF y jardines de infantes que se dio en los últimos años, así como de las becas de inclusión socioeducativa y los programas de acompañamiento a mujeres con niños en situación de calle o privadas de libertad, Manzi se refirió a la implementación del Bono Crianza, creado en 2022 para mejorar el nivel de ingresos y el acceso a un consumo básico de hogares con mujeres embarazadas y niños menores de tres años.
“Para nosotros es un gran desafío”, pues “no estamos trabajando desde hace tiempo en este tema”, enunció la última en hablar dentro del panel político, la diputada del Partido Nacional Carmen Tort. La diputada resaltó la importancia del proceso atravesado a partir de la presentación del impulsado por Lustemberg y contó que siente “orgullo” de saber que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo apoya. “En este momento el sistema político está dando una gran señal: estamos dispuestos todos”, concluyó.