El diputado Daniel Peña es el único representante del Partido de la Gente en el Poder Legislativo. En agosto de 2020, en pandemia y a pocos meses de la asunción de la coalición, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 18.212, que regula las tasas de interés y usura y las operaciones de crédito. Hoy, tras casi tres años de discusión, asegura que “la ley está pronta” y que, si hubiese voluntad política, “se vota y empezamos a solucionar el problema” del sobreendeudamiento.
Al día siguiente de que Cabildo Abierto (CA) presentase la reforma constitucional que pretende plebiscitar en 2024, Peña opinó que se trata de una táctica de “gatopardismo”, es decir, “cambiar algo para que nada cambie”. Las propuestas cabildantes, afirmó, “nada tienen que ver con la lucha contra la usura”. Pero también cuestionó a sus otros socios en el gobierno, que han dejado que su proyecto “vaya muriendo en brazos del olvido”.
En diálogo con la diaria, el legislador sostuvo que el único proyecto que hay en el Parlamento para regular la usura “es el mío”. “Todo este fuego de artificio que genera CA es sobre la reestructura de la persona física, que no tiene absolutamente nada que ver con la ley de usura, sino en intentar reestructurarles la deuda a los que están endeudados, pero manteniendo los mismos términos que [establece] la ley de usura”, expresó.
El objetivo principal de su proyecto es “atar los intereses [del préstamo] a la inflación”, así como “limitar los intereses por mora”. “No puede ser que con una inflación de un dígito, o a lo sumo del 10%, los intereses por mora superen el 200%. Se trata de aplicar justicia y sentido común en defensa de los trabajadores”, afirmó.
Sobre la reforma constitucional de CA, que de forma transitoria establece como “interés máximo por todo concepto” una tasa efectiva anual de 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas, y también permite la cancelación de la deuda si se paga el monto inicial más una tasa efectiva anual de 4% por concepto de intereses, Peña afirmó que “la usura no se calcula por topes”. “Hay una ley que dice cómo se hace y cómo se calcula a través de la tasa media bancaria”. A su entender, la iniciativa cabildante “es algo completamente demagógico” y sin sentido en el sistema jurídico uruguayo, “por eso nadie lo apoya”.
Señaló que lo que propone CA “ya se hizo en 2008” cuando a los empleados públicos “se les dio un crédito a tasa cero para que limpiaran el sueldo y salieran de las deudas”; sin embargo, “eso lo hicieron los primeros seis meses, [porque] a los diez meses estaban endeudados de la misma forma”. “Lo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego de la usura para adelante. Si mantenés las reglas de juego, en un tiempo vas a tener a la gente endeudada de la misma forma”, aseveró.
Para Peña, CA está intentando “politizar el tema” para que “termine siendo algo de un solo partido” y se logre “lo que yo creo que en el fondo se quiere lograr, que es que no se solucione el problema”. “Hay dos formas de trancar proyectos que están prontos para salir. Una es la que hace el Partido Nacional, que mira para el costado y deja que el tiempo pase a ver si no sale. La otra es generar una discusión sobre algo que es completamente inviable”.
El diputado del oficialismo dijo estar “en conversaciones” para “crear nuevas mayorías fuera de la coalición” que permitan la aprobación de su proyecto. “Me tiene molesto todo este tema. Llevo tres años laburando en esto, logré alinear al Banco Central, y cuando está pronto para salir, sale este invento”, lamentó.
Dora Szafir: la gente “no puede seguir esperando”
Abogada, exjueza y especializada en relaciones de consumo, Dora Szafir asesoró a CA en la elaboración del primer proyecto cabildante sobre endeudamiento. También asesoró a Peña, pero, a diferencia de este, entiende que la reforma constitucional de CA sí ayudará a “evitar la usura y llegar a una deuda justa”.
La iniciativa de CA establece que el Parlamento deberá aprobar por una mayoría especial de dos tercios de los votos una ley que determine “el interés máximo permitido por todo concepto”, incluido “tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”. Asimismo, mientras “no entre en vigencia” la nueva ley, el interés máximo por todo concepto será de una tasa efectiva anual de 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas.
Al respecto, Szafir, que no participó en la redacción de la reforma constitucional, advirtió que si “en un momento de gran inflación la ley te fija un interés muy alto o muy bajo, después para modificarlo precisás otra ley con dos tercios [de los votos] del Parlamento”. “No sé si eso puede tener un funcionamiento lo suficientemente ágil de acuerdo a las necesidades”, apuntó a la diaria.
En caso de aprobarse, la reforma constitucional entraría en vigencia a partir de 2025. “A mí lo que me preocupa es qué pasa mientras tanto. No me animo a decir ni que está bien ni que está mal, [pero] creo que en este momento es necesario una ley para sacar a esta gente endeudada, que no puede seguir esperando”, manifestó Szafir.