El país atraviesa su peor sequía en casi ocho décadas. Según un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), en consonancia con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las pérdidas directas en la fase agropecuaria ascienden a los 1.809 millones de dólares, “siendo en términos históricos las mayores pérdidas registradas de las últimas tres décadas”, expresó el MEF en su Rendición de Cuentas. No obstante, esa cifra puede ascender a 2.000 millones de dólares.
Para el gobierno esta sequía se trata de un “evento continuo” desde 2020 a la fecha, puesto que la emergencia agropecuaria continuará hasta setiembre de este año. Con las últimas lluvias que se han dado en distintos puntos del país, que también ayudaron a mejorar la situación de la reserva de Paso Severino -desde donde se administra el agua para la mitad de la población-, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) analiza los pasos a tomar.
Desde 2020 se decretaron cuatro emergencias agropecuarias que, en principio, abarcaron 5,7 millones de hectáreas en el primer año, 14 millones en 2021, 12 millones en 2022 y en 2023 a todo el país.
El pasado martes la delegación del MGAP asistió a la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja para dar cuenta de lo que dejó el año pasado y los desafíos para lo que queda de la administración, puesto que es la última Rendición de Cuentas del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.
En ese marco, el titular de la cartera, Fernando Mattos, expresó que cuando se llegue a setiembre tendrán “que ver” si extender la medida “porque estamos todavía mirando los pronósticos”, y agregó que “las lluvias que se esperaban para esta semana ya se fueron diluyendo, con el mismo patrón con el que venimos viéndolo hace prácticamente un año: se corren los pronósticos, se reducen las expectativas de agua y todavía no está prevista la finalización de este proceso”.
Por otra parte, dio cuenta de que el año pasado se alcanzó un desempeño “muy importante” a nivel de las exportaciones de bienes agropecuarios y agroindustriales. Tanto es así que se registró un “récord de exportación de bienes”, con más de 17.000 millones de dólares, “de los cuales unas tres cuartas partes son de origen agroindustrial”. Para el ministro, esto significó que, a pesar de las “dificultades descritas, los récords de exportaciones se pudieron alcanzar, en parte, porque la afectación climática fue parcial en el país”.
De políticas
Según consta en la versión taquigráfica, Mattos relató ante los legisladores que “hay una cantidad de políticas y medidas que tomamos a efectos de enfrentar esta situación y de que los productores pudieran mantenerse de pie en sus unidades productivas, que ha sido el gran objetivo que hemos dibujado a efectos de apoyar a los productores familiares, a los pequeños productores, que son aquellos que tienen menos recursos y menos margen de maniobra frente a una circunstancia de dificultad”.
El secretario de Estado indicó que la sequía genera una caída de la producción y, por ende, también del ingreso. “En estas circunstancias de alto valor de los insumos se requieren costos adicionales”, indicó.
Según los datos brindados por el MGAP, unos 12.500 productores agropecuarios se postularon al menos a un apoyo; mientras que 25% de los productores familiares se acogieron a los préstamos del fondo agropecuario de emergencias.
Asimismo, se otorgaron 4.721 préstamos por 27 millones de dólares -el último registro es de principios de junio-. Además, hubo 573 garantías a través del Sistema Nacional de Garantías por otros 27 millones de dólares, garantizando créditos de capital de trabajo por 40 millones de dólares. En tanto, hay más de 3.600 productores beneficiados con descuentos en las tarifas de UTE y 964 productores granjeros beneficiados a través del pago del aporte patronal mínimo.
El “costo estimado” de las medidas de las políticas implementadas, “sin considerar costos financieros”, son unos 37 millones de dólares, según el informe de la Opypa junto al MGAP y el MEF. Este dinero se divide en préstamos con tasas subsidiadas y plazos extensos (unos 11.5 millones de dólares), construcción y limpieza de tajamares, aguadas y pozos (1.7 millones), en tarifas eléctricas, en compra de bombas de agua solares, paneles y baterías (11 millones), en entrega de raciones y fardos, exoneraciones tributarias a la importación de alimentos (7,8 millones de dólares) y en subsidios a la seguridad social y al arrendamiento de la tierra (otros 5 millones de dólares).
Luis María Carresse, director de Descentralización del MGAP, señaló a la diaria que “cuantificar pérdidas es complicado”, si bien pueden estimar en kilos de carne o en toneladas de producción con respecto a años anteriores en un año “normal” -tal como son las estimaciones del informe-. “Tal vez hoy se acerque más a 2.000 millones de dólares [las pérdidas] si contabilizamos algún otro factor como la tardía o nula siembra forestal en algunas zonas o pasturas que se han perdido”, añadió.
Carresse sostuvo que el faltante de crecimiento de ciertas especies “no se van a compensar con dinero”: “Tampoco la falta de terneros, o la leche que ya no se ordeñó, o la pastura perenne que se perdió”. Según el jerarca, los 37 millones de dólares para las políticas “han sido un paliativo”.
“A tamaña crisis y déficit hídrico, el mayor en 80 años, no se lo tapa con dinero. Es un desastre natural de dimensiones gigantes. Con pérdida de tapiz natural, de especies nativas, de ecosistemas, entre otras cosas. Sí debemos tener en cuenta que es récord de asistencia con microcrédito rural, con 10.000 postulaciones, y se ha llegado a los 19 departamentos con las asistencias”, concluyó.