El ministro de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, expresó algunas inquietudes con relación al proyecto de ley del Partido Nacional (PN) que propone reglamentar el “derecho a observar días de descanso, precepto o celebración religiosa por las minorías religiosas”. En concreto, cuestionó la eventual creación de un registro de “confesiones religiosas”, que estaría a cargo del MEC y que a su entender supondría “una amenaza a la libertad”.
El proyecto, titulado “festividades de las minorías religiosas, derecho a la observancia”, fue presentado por la senadora del PN Carmen Asiaín en julio de 2020. Por el momento está a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. Aunque la Constitución de la República ya establece que “todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay”, el primer artículo del proyecto dispone que el Estado garantizará a cualquier persona “el derecho a conmemorar las festividades religiosas y días de observancia o precepto de su confesión religiosa”, al tratarse de un “derecho fundamental de libertad de conciencia y religión”.
Este derecho podrá esgrimirse tanto en el ámbito laboral como en el educativo. Así, por ejemplo, las autoridades educativas deberán “adecuar el calendario de evaluación y examinación y los horarios lectivos, cuando estos entren en conflicto con el mencionado derecho”. Asimismo, el MEC elaborará un “registro de confesiones religiosas” que documente “cada confesión religiosa”, así como “los representantes religiosos autorizados para acreditar documentalmente la pertenencia religiosa del observante”.
El propósito de la iniciativa, sostiene Asiaín en la exposición de motivos, es saldar “una deuda histórica con las minorías religiosas en nuestro país”.
En diálogo con la diaria, tras exponer su posición en la comisión, Da Silveira opinó que “hay espacio para legislar” en el tema, siempre y cuando se considere “el carácter del Estado uruguayo, fundado en una clara separación entre el Estado y las religiones, que es un principio que compartimos todos los uruguayos”; y, por otro lado, la libertad de cada individuo para “poder cumplir con los preceptos de la religión que eligió”.
“Hay un problema: los calendarios, en general, están construidos a partir de tradiciones religiosas que fueron históricamente dominantes en una sociedad, en nuestro caso, la católica. Entonces ocurre en los hechos que, aunque nadie se proponga impedir que ciertas personas practiquen su religión, el calendario está armado de tal manera que sistemáticamente favorece a algunos y desfavorece a otros”, señaló, y ejemplificó: “Un católico no tiene ningún riesgo de que le pongan un examen un 25 de diciembre, pero a un judío le puede pasar que le pongan un examen el Día del Perdón”.
Por eso, Da Silveira sostuvo que el Estado “tiene que ser sensible” y contemplar las distintas situaciones. No obstante, consultado sobre el rol del MEC, afirmó que “la idea de un registro de creyentes no nos parece adecuada”, dado que por lo general “los registros de personas basados en ese tipo de opciones son una amenaza a la libertad y es mejor que no existan”.
Para Sandra Lazo, “hay una cuestión muy difusa”
La senadora del Frente Amplio (FA) Sandra Lazo, integrante de la comisión, dijo a la diaria que coincide “bastante” con las “dificultades prácticas” que planteó Da Silveira respecto de la implementación del proyecto. A su criterio, la iniciativa “debería tener mayor especificidad” para evitar que el MEC ingrese en “una actitud arbitraria”.
“¿Cuáles son las [religiones] minoritarias en un país que está en movimiento permanente, donde tenemos una corriente migratoria que lo va modificando? Hace 50 años, pensar que en Uruguay pudiera existir un templo budista capaz que era impensable, bueno, hoy tenemos un templo budista”, apuntó.
Uno de los artículos del proyecto establece que, en el ámbito laboral, la observancia de las festividades religiosas se hará “previo acuerdo y coordinación” entre trabajador y empleador, teniendo el primero que manifestar su voluntad a través de una “declaración pública jurada”. Se advierte que esto “jamás implicará el goce de días de asueto extra”, ya que se intentará que la ausencia sea “compensada” en un acuerdo entre ambas partes.
Para Lazo, “no queda claro cómo podría afectar [el proyecto] al mundo del trabajo”. “Yo entiendo que hay una cuestión muy difusa. El ministro [Da Silveira] expresaba que siempre existe un riesgo de abusos de la norma”, comentó. En ese sentido, la comisión aguarda la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para escuchar su opinión.
Consultada sobre la postura del FA, Lazo afirmó que, “como izquierda”, existe “una parte muy formalizada” en cuanto al respeto a la laicidad, “y eso pesa”. Opinó que el proyecto está “muy vinculado a lo que uno hace en el ámbito personal”, por ende, “quizás no debería afectar ni lo laboral ni lo educativo”; no obstante, aclaró: “Estoy dispuesta a discutirlo”.