El Poder Ejecutivo envió el pasado viernes al Parlamento su último proyecto de Rendición de Cuentas en el que puede incrementar el gasto público. Precisamente, tanto el oficialismo como la oposición indican que el incremento previsto en el texto es menor que en anteriores ocasiones, concentrado fundamentalmente en los 20 millones de dólares adjudicados al tratamiento de la salud mental y las adicciones en diferentes organismos del Estado. Pero esto tiene dos lecturas: para la mayoría de la coalición de gobierno, es una muestra más del “manejo responsable” de los fondos públicos, mientras que para el Frente Amplio (FA) es simplemente la continuidad del “ajuste” que se inició en 2020.
El fin de semana no fue tiempo suficiente para que los diputados de la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda –los primeros que deberán abordar el proyecto– analizaran en profundidad las casi 500 páginas que abarcan tanto la exposición de motivos como el mensaje y el proyecto de ley, que contiene 442 artículos. Sin embargo, en diálogo con la diaria, algunos esbozaron un primer pantallazo.
El coordinador de la bancada frenteamplista, el socialista Gonzalo Civila, dijo que “el contexto en el que se desarrolla esta Rendición de Cuentas” es el de “un país en crecimiento económico pero con enormes retrocesos sociales” como “100.000 trabajadores más que en 2019 que ganan menos de 25.000 pesos, 80.000 personas más debajo de la línea de pobreza, 1.000 millones de dólares de transferencias del trabajo al capital en los años que van de este gobierno, 5% de caída de la masa salarial, y más de 300 millones de dólares de recorte de gasto público en áreas sensibles”.
“¿Qué debería hacer un gobierno que pensara en el conjunto de la sociedad en un contexto como este?”, preguntó y respondió: “Una fuerte inversión pública para tratar de revertir el brutal ajuste que se implementó en estos años y que no tuvo ningún resultado positivo para la enorme mayoría de la población, sino todo lo contrario”.
Sin embargo, “las expectativas que se pueden tener sobre la reversión” de esta situación, con esta Rendición de Cuentas, “son muy bajas”. Por ejemplo, en materia de educación, pese a los pedidos de mayor incremento presupuestal que se hicieron desde la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) como desde la Universidad de la República (Udelar), “no hay recursos previstos para reforzar estos incisos”, lo que lamentó, porque se trata de “una de las áreas donde el recorte presupuestal ha sido más grande”.
Conceptos parecidos vertió Gustavo Olmos, del ala seregnista, quien dijo que con este proyecto “se mantiene el recorte que ha habido durante todo este período”. Criticó que “la transformación educativa, que es una bandera que ha usado el gobierno con mucha fuerza”, no tiene en el texto “un peso para llevarla adelante” en Anep, “tampoco hay para Udelar ni Utec [Universidad Tecnológica del Uruguay]”.
“Y cuando uno mira la evolución del gasto por alumno, a pesar de que bajó la cantidad de alumnos –11.500, más o menos, la matrícula en Primaria, Secundaria y UTU [Universidad del Trabajo del Uruguay]–, el gasto por alumno también cayó en el orden de los 4.000 y pico de pesos”, dijo Olmos, para quien este dato “es la demostración matemática del recorte”.
Por tanto, para el diputado “hay una muy baja inversión para este período”, porque el rubro salud mental, que suma 20 millones de dólares, sólo incrementa en “el 0,03%” del producto bruto interno (PBI), “una inversión muy menor”. En cambio, también cuestionó la rebaja prevista del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS). “No es una medida correcta. El IASS lo paga una porción muy minoritaria de los pasivos, en el orden del 25%, y son los que tienen las más altas jubilaciones”, dijo, y apuntó que “en términos de equidad no resiste el menor análisis” porque “tenemos los problemas de pobreza concentrados en primera infancia”.
“Ahora comienza una segunda etapa”
La rebaja del IASS incluida en la Rendición de Cuentas también encuentra cuestionamientos en la coalición de gobierno. El diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada también señaló que la mayor concentración de la pobreza se da entre los niños, niñas y adolescentes, franja etaria en la que se registran “los mismos niveles de pobreza” que “en 2017, lo que significa que no ha habido avances”. Y “la contracara de esto” es que entre las personas mayores de 65 años la pobreza es cercana a 2%.
“Este razonamiento es para determinar dónde están nuestras prioridades. Nuestra prioridad no está en rebajar el IASS, está claro, nuestra prioridad está en destinar mayores recursos para la infancia y la adolescencia en condiciones de pobreza”, dijo, aunque aclaró que la rebaja “surgió de un planteo que hizo el Partido Colorado [PC] cuando se discutió la reforma de la seguridad social”, por lo cual “es un hecho absolutamente consumado”, pese a que “el foco debiera estar en otro lado”.
Para el diputado Conrado Rodríguez, del PC, uno de los promotores de la rebaja, “no está bien planteada la discusión” porque “una cosa no quita la otra”, ya que “no quiere decir que no haya políticas activas para primera infancia”, y recordó que disminuir y hasta eliminar el IASS “es un compromiso de campaña” de la coalición de gobierno, porque es “un impuesto que todo el mundo dice que es injusto”.
Por otro lado, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone dijo que la Rendición de Cuentas “viene con poca disponibilidad de dinero”, mientras que, tal como anunció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se solicitó aumentar el tope de endeudamiento para afrontar la crisis hídrica. “Viene la Rendición de Cuentas con poco gasto y por otro lado se aumenta el tope de deuda”, señaló, y consideró esto como “una incógnita que se genera” y que deberán explicar las autoridades en el Parlamento.
Para el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, esta Rendición de Cuentas tiene “varios elementos muy positivos” y uno de ellos es que el gobierno, “manteniendo la cautela, la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, no ha dejado de destinar recursos para situaciones de crisis que hemos tenido que transitar”. Y destacó que “este año el foco está puesto en un flagelo que realmente es muy acuciante”, vinculado a la salud mental y las adicciones.
Reconoció que “los reclamos y las reivindicaciones” desde otras partes “son muchas y por lo general más” que las que pueden ser solucionadas, y por eso “ahora comienza una segunda etapa, que es la etapa del Legislativo”. Esto es porque, salvo que el Poder Ejecutivo mande un mensaje complementario, los legisladores no le pueden agregar al proyecto más recursos presupuestales sino, a lo sumo, redistribuir entre los que se adjudican en esta oportunidad y reasignar aquellos que fueron otorgados en otras instancias y aún no fueron ejecutados.
Y si bien los legisladores de la coalición coincidieron en que en rendiciones de cuentas anteriores y en la Ley de Presupuesto de 2020 se le adjudicaron recursos a la educación, Rodríguez destacó el buen diálogo con las autoridades de los distintos organismos como para conversar sobre sus prioridades y buscar oportunidades de redistribución. “Implicará trabajo y una buena voluntad tanto de los organismos como del Parlamento para llegar a puntos en común”, dijo.
De todas formas, desde la coalición rebaten el discurso del FA de que este fue un período de ajuste. “Para este año y para el 2024 ya está comprometido un incremento de recursos bien importante en comparación con el gasto público del año 2019”, dijo Posada, y al respecto, Conrado Rodríguez dijo que los números “desmienten totalmente lo que ha venido diciendo el FA desde 2020”.