Al igual que con el agua para consumo humano, el problema de todos los rubros o factores que exceden la ingesta parece ser el mediano y largo plazo. Sin lluvias suficientes a la vista ni soluciones en el horizonte, con poca o nula información a la población, la capacidad de maniobra de los diferentes sectores carece de coordinación y es heterogénea. Panaderías que cocinan con agua mineral, otras que regulan con agua de OSE y poniendo menos sal. Peluqueros que resuelven utilizando más productos para responder al daño en el pelo de los clientes. Gastronómicos que cocinan con agua embotellada o filtrada.
Desde la Facultad de Medicina de la Universidad de la República fueron contundentes en su último comunicado: no se puede asegurar que haya efectos negativos de esta agua en la salud por falta de evidencia. Eso no implica que no los habrá, sino que lo sabremos más adelante, porque esta crisis excepcional producirá evidencia. Desde la Sociedad de Dermatología del Uruguay llamaron a ducharse poco y no usar jabones ni perfumes para cuidar la piel ante eventuales reacciones alérgicas o irritaciones. Y desde el área de pediatría del Centro Hospitalario Pereira Rossell, el doctor Álvaro Galiana recomendó que a los niños se les siga cocinando sin sal, es decir, con agua embotellada. Si bien advirtió a este medio que no han observado incremento de consultas por motivos relacionados con el agua, entiende que a largo plazo podría ocurrir, aunque espera que antes se haya solucionado la situación.
Los efectos de la crisis por la calidad del agua van más allá de lo visible. A medida que se prolonga la situación, distintos rubros productivos también se han sumado a los reclamos. Primero se habló de los termotanques dañados y ahora los services dan cuenta de un aumento en la rotura de lavarropas.
Uno de los efectos, además de la suba de la demanda y el aumento en el plazo de atención en estos casos, es que algunos dejarán de otorgar garantía a sus arreglos. Se ha hecho insostenible, esgrimieron, ante la imposibilidad de garantizar que las resistencias de los calefones no vuelvan a dañarse por el estado del agua que se utiliza. Desde la empresa James, la mayor productora de calefones y termotanques del país, señalaron a la diaria que aún no han definido una política al respecto. Y si bien destacaron las garantías que brindan a los compradores de sus productos, dejaron entrever que están evaluando el tema y su continuidad en el tiempo.
Efectos en la producción de alimentos
En el rubro alimenticio aparece uno de los primeros rojos en el semáforo. Desde el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, el gerente Gustavo Mancebo explicó a la diaria que sus asociados han resuelto producir con agua de OSE “siguiendo los informes de las autoridades”. “Mientras siga siendo tomable, produciremos con esa agua”, señaló. El directivo panadero también admitió que tienen contactos permanentes con autoridades para interiorizarse sobre el estado del agua y de la crisis y manifestó “preocupación” por lo que pueda ocurrir en el corto plazo: “Será un problema”. Por eso, han elevado planteos a las autoridades para pedir el tipo de soluciones que se les ha brindado a hospitales y clínicas: que se les provea agua dulce con vías alternativas.
Diferentes panaderías consultadas por este medio advirtieron que en algunos productos ya utilizan agua embotellada –sobre todo aquellos dulces o sin sal–, pero que en otros aún regulan las mezclas y ponen menos sal en la producción. También es clave porque no todos los productos resultan igual –debido a procesos químicos– con agua mineralizada.
Por el lado del rubro gastronómico que nuclea a restoranes y otros comercios, también han debido cambiar recetas y composiciones. Así lo manifestó Daniel Fernández, presidente de Cambadu, a este medio. “Hay platos en los que se complica, las pizzerías tienen que usar agua embotellada para las pizzas y el fainá”, contó. Por ahora los costos los siguen absorbiendo las empresas, porque los valores de los productos ya son caros: “No podemos tomar muchas medidas, no podemos subir mucho los precios”, advirtió. En lo que sí han reclamado es en una reducción del valor del agua comercial, que es cinco veces más cara que el agua que se paga en los domicilios, pero las autoridades adujeron que no había posibilidades de hacerlo. Como sea, en ningún rubro han recibido alertas de que el uso de agua de OSE suponga un riesgo sanitario, advierten.
Problemas en la construcción y en la industria
Entre las polémicas de la semana hubo cruces fuertes entre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y otras gremiales del rubro de la construcción debido al deterioro del hormigón armado que supondría el uso de agua salada. Distintos constructores y arquitectos consultados confirmaron a la diaria que el deterioro y la corrosión del hierro, elemento clave en la elaboración de la estructura del hormigón armado, es real, pero que en estos niveles de sodio y cloruros aún no hay riesgos visibles ni se producirán fracturas o grietas en construcciones. El problema, admitieron, es que temen una suba de los valores que empiece a deteriorar los productos. Como las hormigoneras producen con pozos propios en sus industrias, el problema se daría en aquellos trabajos en los que se mezcla el hormigón en la propia obra, que es cuando se mezcla el material con agua de OSE.
Las industrias también se quejan y expresan su malestar. Hace poco más de un mes, la Cámara de Industrias del Uruguay había advertido por problemas en el sector. Con una encuesta en más de 150 industrias habían advertido que al menos seis de cada diez tenían problemas productivos vinculados al agua. De ese informe se desprendía que 70% del rubro industrial carecía de medidas u opciones alternativas. Un mes más tarde, la situación ha empeorado. Las empresas han trabajado en alternativas, al tiempo que siguen en contacto permanente con autoridades de OSE y del gobierno.
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache, explicó a este medio: “Primero resolvemos y, en segunda medida, esperamos resoluciones del Estado”. El empresario se refirió así a las medidas paliativas que tanto empresas como la cámara han implementado: desde compra de agua embotellada para consumo y producción, absorbiendo “por ahora” los costos, hasta vinculación de empresas que tienen pozos de agua propios –y sobrante de ese recurso– con otras que carecen de esa alternativa.
Pache descartó que soliciten exoneración o ayudas económicas: “No se arregla con plata. Lo que tiene que llegar es agua”. Los sectores más afectados son aquellos que producen líquidos o con mayor porción de agua como insumo: industrias de refrescos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y, como se mencionó, productores de alimentos que usan agua como ingrediente clave (pizzerías, heladerías, elaboración de galletitas, gelatinas, panificados, entre otros). Si bien algunas cuentan con pozos de agua propios, no todas poseen y se toparon con otro límite: “Yo mismo estoy consultando para un pozo –señaló Pache– y me dan fecha para fines de noviembre. Necesitamos acelerar esos plazos”.
El factor tiempo
Las obras que están en marcha han marcado un poco los rumbos. Los señalamientos meteorológicos, aún sin precisión ni garantía, no prevén un cambio sustancioso al menos hasta setiembre. Las medidas y obras anunciadas o iniciadas hasta el momento son: traer una planta desalinizadora (anunciada), exonerar de impuestos al agua embotellada (iniciada hace dos semanas), entregar agua a sectores vulnerables (iniciada la última semana), construir una cañería de 14 kilómetros que traerá agua desde el río San José (iniciada hace dos semanas) y perforar algunos pozos de agua dulce en la zona metropolitana (iniciada esta semana). También se anunció la intención de avanzar en el proyecto Arazatí-Neptuno con el inicio del proceso de licitación y, eventualmente, retomar la idea de Casupá, aunque por ahora no se ha avanzado en esto.
El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, el ingeniero Federico Kreimerman, dijo a la diaria que “las medidas son tardías” y, además, “no solucionan el problema de fondo”.
“La obra en el río San José va a paliar bastante la situación, pero es tardía y aún hay que ver cuánto demora: creo que será entre uno y dos meses. Ya en febrero, cuando se le decía a la gente que no usara el agua mal, se podría haber planificado bien esta obra. Hoy se hace a las apuradas, sin controles ambientales ni licitación, entonces se va a terminar pagando más. Es necesaria, pero se podría haber previsto y hecho bien”, opinó. Sobre la desalinizadora, dijo que sólo serviría para un hospital o escuela, por su capacidad, al igual que la perforación de pozos en Montevideo.
Consultado sobre soluciones posibles, Kreimerman expone los argumentos de los especialistas que promueven la necesidad de contar con dos vías de acceso y provisión a agua dulce para la zona metropolitana como forma de estar cubiertos ante excepciones o crisis. El ingeniero sostiene que hay un desfinanciamiento de OSE que hace impensable esta alternativa, que supondría hacer la represa de Casupá y, al mismo tiempo, otra planta potabilizadora alimentada desde esa represa, para evitar discutir sobre la salinidad del agua, que es lo que ocurre –entre otros factores– con el proyecto Neptuno.
Son obras caras –de más de 100 millones de dólares– que demorarían al menos tres años. De todos modos, aunque no podría financiarlas OSE por su cuenta, el Estado gastará 37 millones de dólares en la obra de San José y 23 millones de dólares mensuales entre asistencias y exoneraciones.