Mientras Ancap continúa con su licitación para asociarse con privados para producir portland, ingresó al Senado un proyecto del senador frenteamplista José Nunes que prevé, justamente, que si los entes estatales o los servicios descentralizados -léase empresas públicas- pretenden asociarse con privados tengan que tener sí o sí la aprobación del Senado.
De todas formas, según se desprende de su exposición de motivos, es una reafirmación del artículo 188 de la Constitución de la República, que establece la necesidad de “tres quintos de votos” en cada cámara para que se puedan “admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados”.
Asimismo, según explicó Nunes a la diaria, en el fondo de esta ley hay “una idea de desarrollo y del rol del Estado en la economía” que si bien “no está escrito en piedra”, es “una decisión que tomaron los representantes nacionales” al crear las empresas estatales.
De todas formas, “si un gobierno entiende que esa forma de desempeñar la actividad industrial ya no es apropiada”, no lo puede “desconocer por una decisión administrativa de funcionarios que son cargos de confianza”; es con estas decisiones que “condicionan no sólo su gestión, sino a futuras gestiones”.
“Estamos hablando de cambios sustantivos de enajenaciones, de pérdida de patrimonio, de situaciones que revertir luego implicaría enormes gastos, firmas de contratos que terminarían implicando por décadas al Estado uruguayo”, agregó.
Nunes trajo el tema de la licitación de Ancap, que para el legislador “está desconociendo las normas constitucionales”. Está en curso “una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, pero “seguramente se va a pronunciar dentro de un año, cuando ya va a estar concretada la asociación con privados, y es por eso que este proyecto reafirma lo dicho en la carta magna, porque “es una irresponsabilidad continuar con el proceso si no está claro”. Además, el artículo 4 del texto deroga, a su vez, el 14 de la Ley 16.753 de 1996, que habilita a Ancap a asociarse con empresas públicas o privadas con fines no comerciales.
Si bien sale “de la bancada socialista”, el proyecto tiene la firma de todos los senadores del Frente Amplio (FA), a excepción del senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, por entender “que la actual normativa es suficiente” y no era “necesario que se agregara ninguna cuestión legal a la ya existente”.
El hecho de que lo dispuesto no se respete “tiene que ver con los gobiernos, no se debe hacer un marco legal según el signo de quien gobierna, sino una norma en función de las necesidades del país”, consideró. De todas formas, en caso de que el proyecto prospere y llegue al pleno de la cámara, pondría su voto.
Este no es el único proyecto presentado sobre este tema. Cabildo Abierto (CA) tiene un articulado que prevé la aprobación por parte del Parlamento para todas las concesiones a largo plazo que haga el Estado. Así, Nunes tuvo “un intercambio muy bueno con el senador [Guido] Manini Ríos sobre este tema y dijo que le interesaba”; de todas formas, aclaró que el proyecto cabildante “es más amplio y abarcativo” y “merecería un análisis más en profundidad”.
Consultado por la diaria, el senador de CA, Guillermo Domenech, entendió que “contratos que sobrepasan un período de gobierno deberían tener la aprobación del Poder Legislativo”, y por eso este proyecto “está en la misma línea” que defiende su partido. De todas formas, no se ha discutido en la bancada.