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Cárcel de Mujeres en Colón, Montevideo (archivo, enero de 2016).

Foto: Santiago Mazzarovich

Rendición de Cuentas: la coalición acordó incluir un aditivo para reducir la pena por microtráfico que aumentó la LUC

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A su vez, el oficialismo acordó la renovación automática de licencias radiales hasta 2030 para evitar que se renueven las frecuencias en tiempos electorales y “despolitizar el tema”

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Leído por Mathías Buela.
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Los senadores oficialistas de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que está estudiando el proyecto de Rendición de Cuentas, siguen negociando acuerdos para aprobar la iniciativa, y por estos días el oficialismo siguió incorporando aditivos. Entre ellos, hay varios relacionados a las licencias radiales, incluidos en el inciso del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Este tema inquietaba a la cartera y tuvo varias idas y vueltas.

La ley de medios (19.307), que fue promulgada a fines de 2014, en el segundo gobierno del Frente Amplio (FA), establece, en su artículo 125, que las licencias radiales duran diez años, por lo que se vencen en 2024, y antes de que la rendición entrada a Diputados el MIEM manejaba la propuesta de renovarlas automáticamente por dos años más.

La cartera había planteado esto para evitar que las renovaciones se tramiten en 2024, porque es año electoral y está prohibido por el artículo 129 de la propia ley de medios: “El Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión, durante el período comprendido por los doce meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales establecidas en el numeral 9°) del artículo 77 de la Constitución de la República”.

Pero ahora, el senador blanco Sergio Botana incluyó un aditivo (artículo 235 de la Rendición de Cuentas) sobre el tema, que extiende las licencias de radio hasta 2030. El texto dice: “Establécese que las autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión de radio y la correspondiente concesión de su uso y asignación de espectro radioeléctrico que fueron otorgadas por un plazo de diez años de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre del 2014, durarán hasta el 31 de diciembre de 2030”. También se incluyó un artículo que extiende el plazo hasta la misma fecha para las radios comunitarias.

En diálogo con la diaria, Botana señaló que acordaron esos aditivos con el MIEM para evitar, justamente, que se renueven las frecuencias en tiempos electorales y “para despolitizar el tema”. “Lo sacamos de todo el período electoral y de todo el gobierno que viene también”, subrayó.

Cambio en la pena por microtráfico: seǵun Peña, hay “acuerdo en todo el sistema político”

En tanto, en el oficialismo se llegó a un acuerdo con un aditivo que alivia la pena por microtráfico en las cárceles que, en su momento, aumentó la ley de urgente consideración (LUC), a raíz de una iniciativa presentada por el senador colorado Adrián Peña, algo en lo que también había hecho énfasis su correlgionaria -de partido y sector- Carmen Sanguinetti y también el FA.

El aditivo agrega al Decreto-ley 14.294 (norma sobre estupefacientes), de 1974, un artículo 37 bis, indicando que “cuando el delito tentado se cometiere en las inmediaciones o en el interior de las cárceles, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 36, el juez podrá aplicar las disposiciones generales previstas en el artículo 87 de la ley 9.155” (Código Penal), “atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad del hecho cometido”.

El artículo citado (87) del Código Penal establece: “El delito tentado será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado pudiendo elevarse la pena hasta la mitad, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la peligrosidad del agente”.

Peña subrayó a la diaria que esto permitirá que el juez tenga en cuenta “según la gravedad de la situación, considerar como tentativa el ingreso de droga a las cárceles”, sobre todo cuando se trata de cantidades menores de droga, y si se tipifica así, la pena se reduce a un tercio, como lo establece el Código Penal. Este cambio se introdujo para solucionar lo que establece el artículo 74 de la LUC, que restableció la pena mínima de cuatro años para las personas que ingresen drogas a determinadas instituciones, como las cárceles -además de los centros educativos o los hospitalarios-. El senador subrayó que, “conceptualmente”, con este aditivo hay “acuerdo en todo el sistema político”, pero en cuanto a la redacción, “hay que ir afinando”.

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