Estado de excepción en Ecuador: jerarca del MI dice que “por suerte” Uruguay está “muy lejos” de lo que ocurre en ese país

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La violencia desatada por bandas armadas en Ecuador que provocó que las Fuerzas Armadas actuaran, por orden del presidente Daniel Noboa, causó reacciones en el sistema político uruguayo, desde donde surgió un llamado a generar una política integral ante el avance del crimen organizado en la región y en el país. El coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior (MI), Diego Sanjurjo, señaló a la diaria que el caso ecuatoriano es “paradigmático” y que tampoco “es un caso aislado”, dado que es “parecido” a lo que pasó en México 20 años atrás.

Sanjurjo planteó que el sistema político y empresarial de Ecuador tiene niveles de corrupción “bastante altos”, además de carencias estructurales de todo tipo “cualitativamente mayores a las nuestras”. “El acuerdo de paz de 2016 en Colombia hace que las rutas del tráfico en Ecuador sean más atractivas y lleva a que grupos colombianos, cárteles mexicanos y mafias europeas se involucren en Ecuador. Todo eso terminó haciendo que en 2019 la situación en las cárceles se empezara a descontrolar con la formación de bandas enfrentadas, lo que luego se trasladó a los barrios. A raíz de esto empezaron a declarar estados de excepción y pusieron a los militares en las calles como apoyo a la Policía. Desde entonces los homicidios se quintuplicaron”, relató.

Sanjurjo reparó en que una cosa es cuando se pone a los militares “a combatir el delito sin un Estado de derecho que limite la actuación”: “Es lo que sucede en dictaduras, [o como] en El Salvador con [Nayib] Bukele, y probablemente es lo que sucede ahora que declararon la guerra interna” en Ecuador, consideró. “En ese caso, hablamos de una política muy distinta y mucho más eficaz, pero con riesgos altísimos para la justicia y la democracia”, advirtió el jerarca.

Para Sanjurjo, el Ejército es “clave para una nación”, pero afirmó que no tiene formación, herramientas ni capacidades operativas para prevenir o reprimir el delito. “Para eso está la Policía”, que en el caso uruguayo también cuenta con una fuerza como la Guardia Republicana, que es militarizada, pero “entrenada y capacitada para la tarea”. Por ende, rechazó las propuestas para que actúen las Fuerzas Armadas en Uruguay ante la oleada de violencia y el aumento del crimen organizado. El día en que Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, el senador cabildante Guido Manini Ríos comparó la situación que atraviesa Ecuador con la previa de la última dictadura que atravesó nuestro país: “Al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por arriba al Estado de derecho”, escribió.

Sanjurjo aseguró que “radicalmente estamos muy lejos” de lo que pasa en Ecuador, porque “no hay bandas que puedan enfrentar a la Policía, ni por asomo”. “El problema es que tardamos semanas o incluso meses en encontrar las pruebas para procesar a esas personas que delinquen. Cuando llegamos al territorio no vuela una mosca, entramos a cualquier barrio. No hay nadie que nos enfrente”, sostuvo.

Necesidad de diálogo

El miércoles, Sanjurjo publicó un video en su cuenta de X en el que aludió a la forma en que se incrementó la violencia en Ecuador, especialmente los homicidios, y recibió una respuesta del senador frenteamplista Alejandro Sánchez, quien habló de la necesidad de “construir una política integral de seguridad ciudadana” “y que la seguridad deje de ser un tema electoral”.

Por su parte, el senador frenteamplista y precandidato a la presidencia Mario Bergara consideró que la situación en Ecuador “nos interpela”. En ese marco, dijo que hay que “evitar” que la seguridad pública sea “un botín electoral, como lo fue en campañas anteriores”.

Sanjurjo respondió que concuerda “plenamente” en la “necesidad” de un acuerdo político en materia de seguridad pública. Según comentó a la diaria, más allá de lo que pasó en la mesa interpartidaria, dijo que quieren “contar con el apoyo del FA” y que todavía se está “a tiempo”. “No es lógico que lo rechacen y ahora lo propongan de nuevo. En breve estaremos implementando las propuestas que nos hicieron ellos y sería un absurdo que también las criticaran. Por eso les digo a los senadores Bergara y Sánchez que, si realmente quieren una política de consenso, estamos abiertos al diálogo y a que se sumen al acuerdo que construimos entre todos hace pocos meses”, expresó.

Andrés Ojeda, precandidato colorado y uno de los que participaron en la mesa interpartidaria en nombre del Partido Colorado (PC), dijo a la diaria que el fenómeno de aumento de homicidios en virtud del narcotráfico tiene que ser atendido de forma “ágil y preventiva”. En ese marco, dijo que “es muy interesante” ver cómo Ecuador “cuanto más militariza la situación, más le aumentan los homicidios”. “Mi mayor preocupación, que es lo que yo veo a nivel del sistema político uruguayo, es que la indignación promueve el talenteo. El político se indigna, entonces reacciona cual doña que mira la tele”, expresó.

Ojeda aludió al diálogo nacional en seguridad que piden desde la oposición. En ese sentido, dijo que “ya lo tuvimos” y que Gustavo Leal, representante del FA en la mesa interpartidaria, “no solamente vino con un panfleto que no decía nada, sino que aparte bombeó todas las propuestas que hubo sobre la mesa”.

Por su parte, el representante en la mesa interpartidaria por Cabildo Abierto, Jorge Gómez, expresó a la diaria que “hace rato” insisten con medidas preventivas por el avance del crimen organizado tanto regional como internacionalmente. “Las políticas integrales de prevención no apuntan a una metodología proactivo-preventiva, en realidad son reactivas. Es decir, cuando crece el problema ahí tomamos medidas. No se tiene una política a largo plazo preventiva”, expresó.

Uno de los puntos principales del programa en seguridad de CA será el combate al crimen organizado, adelantó. Para eso, según Gómez, se prevé atender las fronteras, el transporte y las vías de salida del puerto y el aeropuerto. “Por ahora Uruguay no es un territorio hostil para el narcotráfico y el crimen organizado. Si se deja avanzar y no se toman medidas preventivas, es un escenario posible, no inmediato”, vaticinó.

Gómez dijo que algunas medidas se pueden tomar ahora como, por ejemplo, el fortalecimiento de la Dirección de Migración, para “que no sea un trámite administrativo solamente, sino que sea una policía ejecutiva que realmente controle los ingresos ciudadanos de otros países, así como las medidas preventivas de control en carreteras”.

Falsas equivalencias

Las características de un país como Ecuador no son comparables con las de Uruguay. El sociólogo Gabriel Tenenbaum señaló a la diaria que llaman “un poco la atención” las “falsas equivalencias” y “razonamientos lineales” que se hacen entre Ecuador y Uruguay. El académico explicó que desde el punto de vista geoeconómico de las drogas “es muy distinto a la situación uruguaya”: “Eso no es un punto menor porque, por ejemplo, el desarrollo de mercados ilícitos como el de las drogas está muy vinculado por el clima a la salida marítima que tiene un área geográfica. En ese sentido, es muy distinta la situación de la ecología de Ecuador a la de la ecología uruguaya”, observó.

Asimismo, mencionó como incomparables los sistemas financieros; si bien Uruguay tiene parte de su sistema financiero dolarizado, en el caso de Ecuador es total. “Eso es un elemento sustantivo porque colabora con el lavado de dinero”, indicó. A eso le sumó el nivel de corrupción de funcionarios públicos registrado en los últimos años en suelo ecuatoriano: “Uruguay no lo tiene, ni que hablar de las fuerzas de seguridad pública. Suceden casos en Uruguay, pero la dimensión es totalmente distinta”, dijo. Tenenbaum recordó también que Ecuador es un productor de hoja de coca –materia prima para elaborar la cocaína–, aunque en bastante menor medida que sus vecinos andinos, como Bolivia, Perú o Colombia.

Por último, para Tenenbaum, una política integral de combate al crimen organizado se debería coordinar por fuera del MI, a diferencia de lo que fue la mesa interpartidaria de fines de 2022. “El crimen organizado es una de las principales amenazas a la democracia que tenemos en estos tiempos. En muchos países de América Latina está planteado así, y en Uruguay capaz que por el momento no, pero ¿por qué no? Ya tenemos algunos ejemplos al respecto”, concluyó.

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