La cancillería aún no inició una investigación administrativa con relación al manejo del expediente que contenía una serie de mensajes del celular de la exvicecanciller Carolina Ache en los que se daba cuenta del perfil criminal del narcotraficante Sebastián Marset, según informó el semanario Búsqueda este jueves y confirmó la diaria. Ese expediente llegó a manos del asesor de Presidencia, Roberto Lafluf, quien lo destruyó, a la vez que le pidió a la exjerarca y al exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel que eliminaran los mensajes en cuestión, según denunció ella a la Fiscalía.
Según consignó el semanario, en una respuesta de la cancillería a una solicitud de acceso a la información pública se indica que no se ha iniciado ninguna investigación “hasta la fecha”, ya que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno. La respuesta, que está firmada por el canciller Omar Paganini, también omite la información de un expediente que la cancillería envió a la Justicia y el medio solicitó, al amparo del segundo inciso del artículo 259 del Código del Proceso Penal, que establece una serie de reservas ante “actividades de investigación preliminar” por parte de un Ministerio Público.
Ante la consulta de la diaria, fuentes de la cancillería aclararon que no se ha descartado que pueda haber una investigación en el futuro y que la situación actual “es algo que puede cambiar”.
Carrera: “La administración pública, cuando constata una irregularidad, tiene la obligación de iniciar una investigación propia”
La información fue objeto de críticas del senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, quien en una publicación en su perfil de X que abrió de manera irónica con el término “Gobierno transparente”, acusó a la cancillería de no cumplir “con las obligaciones institucionales”. Para el legislador, la respuesta de la cancillería “resulta sorprendente”, ya que “es obligación de la Administración investigar cualquier irregularidad” y, en su opinión, no debería haber impedimento alguno para llevar a cabo dos investigaciones paralelas, dado que “la vía administrativa es independiente de la vía judicial”.
En esta línea, Carrera opinó que el gobierno no quiere “que se sepa la trama”. “Quieren ocultar que se supiera que todos tenían conocimiento que Marset era un ‘narco peligroso y pesado’”, consideró, si bien aventuró que “tarde o temprano toda la verdad saldrá a la luz”.
En diálogo con la diaria, Carrera recordó que “cuando se le preguntaba al ministro de Relaciones Exteriores si se había iniciado una investigación administrativa [...] se evadía la pregunta”. También remarcó el tenor “grave” de los hechos a investigar, puesto que como parte del caso “se estaban desarrollando una serie de acciones de gobernantes de este Ejecutivo para omitir información a la Justicia”, que implicó la destrucción de un documento público.
Es así que, a pesar de haberse obtenido una respuesta, el senador frenteamplista opinó que la justificación proporcionada por el documento acerca de por qué no se ha procedido con una investigación al día de hoy es insatisfactoria. “La administración pública, cuando constata una irregularidad, tiene la obligación de iniciar una investigación propia”, opinó Carrera, y además recordó que la investigación administrativa es independiente de aquella penal, y valoró que incluso podría “ayudar” a esta última a “llegar a la verdad material de los hechos”.
Carrera adelantó que el tema probablemente formará parte de la comparecencia de Paganini ante la Comisión Permanente del Parlamento, a pesar de que el llamado a sala se debe a las contrataciones de Salto Grande. “Algunas interrogantes sobre este tema se le van a tener que hacer, porque es un tema de actualidad muy importante”, apuntó.